La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha respondido esta semana con contundencia a las críticas vertidas por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, contra la conocida como Ley de Nietos. Lo ha hecho recuperando el capítulo más oscuro de la historia electoral gallega: la manipulación del sufragio de la emigración durante los gobiernos de Manuel Fraga.
El choque por el voto emigrante
Pontón fue preguntada en rueda de prensa por las dudas que tanto Feijóo como Rueda han sembrado sobre un posible fin electoral de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, que permite la nacionalización de descendientes de exiliados españoles. La líder nacionalista no dudó en responder con un refrán que en Galicia resuena con décadas de historia: “cree el ladrón que todos son de su condición”.
Acto seguido, recordó ante los periodistas las prácticas que durante años se atribuyeron al PPdeG bajo el liderazgo de Fraga. “Con Fraga votaban los muertos, se compraban sacos de votos e incluso hay testimonios de cómo el PP compraba con 50 dólares el voto de emigrantes”, denunció. Pontón subrayó que el expresidente gallego “consiguió su mayoría absoluta gracias a un escaño que cambió el voto de la emigración” y que a lo largo de los años “hubo múltiples denuncias de cómo se manipulaba”. Las palabras de la líder del Bloque Nacionalista Galego no son solo una acusación genérica: apuntan directamente a la llamada ingeniería electoral que Feijóo aprendió de Fraga.
El PP, por boca de sus máximos dirigentes, ha querido trasladar la idea de que facilitar el voto a los nuevos nacionalizados –en su mayoría, descendientes de exiliados de la Guerra Civil y el franquismo– es “preparar un pucherazo”. Pontón replicó que “resulta muy incoherente que, por un lado, digan que la emigración es importante y que ahora estén haciendo este tipo de discursos”.
La defensa del BNG y la coherencia de la Ley de Nietos
La portavoz nacionalista defendió que el sufragio de los gallegos en el exterior debe contar con “todas las garantías democráticas” y reclamó al legislador que ponga “todos los medios para que las prácticas que se vieron con el PP en Galicia no se repitan nunca más”. El BNG tiene una posición muy clara: “quien tiene que votar son los emigrantes y lo que no se puede es utilizar la capacidad que tienen de votar para intentar poner en marcha prácticas absolutamente antidemocráticas”.
El historial del PP en Galicia con el voto emigrante no es un rumor: dictó mayorías absolutas y marcó la carrera de sucesivos barones populares.
“Nada que nos sorprenda: incoherencia y Partido Popular van de la mano”, zanjó Pontón, visiblemente molesta con lo que considera un doble rasero. La nacionalista gallega recordó que el PPdeG, bajo Fraga y después con Feijóo, supo sacar rédito electoral de un censo exterior que se renovaba con laxitud y que en no pocas ocasiones fue denunciado ante la Justicia. El actual líder nacional del PP, según subrayó, “sabe mucho de manipulación del voto de la emigración”.
El Laboratorio Gallego
El cruce de acusaciones no puede entenderse sin la memoria de un archivo casi legendario en la política gallega: el escaño que en 1993 otorgó a Fraga la mayoría absoluta en Ourense por un puñado de votos venidos de América. Aquella victoria, repetida con matices en 1997, convirtió el sufragio exterior en una auténtica arma electoral para los populares gallegos y en un trauma para el nacionalismo y la izquierda. Eso explica que ahora, cuando la Ley de Nietos abre la puerta a cientos de miles de nuevos electores de ascendencia española –muchos de ellos con una memoria histórica que no casa bien con el PP–, la dirección nacional del partido de Feijóo haya activado todas las alarmas.
Galicia vuelve a funcionar como laboratorio político. Feijóo, que se forjó como gestor en la Xunta y conoce al detalle el peso del voto emigrante, está replicando a escala nacional el guion que ensayó en Santiago: sembrar dudas sobre la limpieza del censo exterior mientras las formaciones progresistas denuncian las viejas prácticas clientelares. El BNG, con Pontón al frente, ha decidido plantar batalla en ese terreno, consciente de que la ampliación del censo puede ser decisiva en futuras citas electorales gallegas –las próximas autonómicas están previstas para 2028– y también en las generales. La paradoja es mayúscula: un partido que se benefició durante décadas de los votos ultramarinos acusa ahora a quienes quieren regular el sistema de querer manipularlo.
La posición de Pontón, que exige “todas las garantías democráticas”, conecta con la demanda histórica del nacionalismo gallego de reformar el voto rogado y de blindar el sufragio exterior ante el pucherazo. La lectura nacional es clara: el debate sobre la Ley de Memoria Democrática ha abierto una brecha en la que el PP ve un riesgo electoral y el BNG, una oportunidad para defender una de sus banderas históricas: la relación con la diáspora.
Ficha del Caso
- El caso: La líder del BNG acusa al PPdeG de haber manipulado durante años el voto emigrante y defiende la Ley de Nietos frente a las críticas de Feijóo y Rueda. El choque resucita el fantasma del fraude postal en la época de Fraga.
- Datos importantes: La disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática permite la nacionalización de descendientes de exiliados. En Galicia, la emigración ha sido determinante: en 1993, un escaño por Ourense decidió la mayoría absoluta de Fraga. Pontón citó testimonios de compra de votos por 50 dólares.
- Resumen: La polémica evidencia la doble vara del PP, que se benefició del voto exterior y ahora cuestiona su ampliación. El BNG exige un sistema de sufragio blindado mientras el debate trasciende lo local y apunta al laboratorio político que supone Galicia para la estrategia nacional de Feijóo.
