El primer ministro británico, Keir Starmer, ha presentado este martes un plan de inversión en defensa que añade 15.000 millones de libras adicionales (unos 20.000 millones de dólares) hasta 2029, lo que elevará el gasto anual a 79.000 millones de libras. La cifra supone un incremento del 40% respecto al presupuesto actual y busca modernizar unas fuerzas armadas mermadas por años de ajustes. Sin embargo, el plan se queda a medio camino de los 28.000 millones que reclamaban los jefes militares, y llega con nueve meses de retraso tras la dimisión del anterior ministro de Defensa, John Healey, en protesta por la falta de ambición.
Un plan retrasado y bajo la sombra del déficit de financiación
El Plan de Inversión en Defensa de Starmer llega después de un largo forcejeo con el Tesoro británico. El documento oficial revela que casi un tercio de la financiación adicional —4.700 millones de libras— queda sin asignar y deberá decidirse en el presupuesto de 2026, ya con el esperado sucesor de Starmer, Andy Burnham, al frente del Gobierno. Una incógnita que, en palabras de analistas militares, convierte la hoja de ruta en un ‘cheque en blanco’ que cualquier nueva administración puede modificar.
La dimisión de Healey en junio evidenció el malestar en los cuarteles. El antiguo titular de Defensa acusó a Starmer de no garantizar la seguridad del país. Ahora, con 15.000 millones extra, el plan apenas cubre la mitad del déficit operativo identificado por el Estado Mayor. El comandante retirado de la Royal Navy Tom Sharpe lo resumió sin rodeos: ‘Esto es un recorte con otro nombre, no un plan de inversión; son parches’.
Para cuadrar las cuentas, el Gobierno trasvasará fondos desde proyectos de carreteras y energía, que quedarán aparcados. ‘Algunos proyectos de capital, importantes pero no urgentes, no seguirán adelante’, explicó Starmer. La patronal de la industria de defensa, BAE Systems, celebró la claridad a largo plazo, aunque el mercado sigue pendiente de la letra pequeña fiscal.
La presión transatlántica y el horizonte del 3,5% del PIB
El anuncio tiene una dimensión estrictamente OTAN. En la cumbre de La Haya del año pasado, los aliados acordaron destinar el 5% del PIB a defensa para 2035, desglosado en un 3,5% para capacidades militares puras y un 1,5% para seguridad nacional ampliada. El plan de Starmer llevaría al Reino Unido al 4,2% bajo ese paraguas, por encima del 3% que Londres aspiraba a alcanzar en la próxima legislatura. El secretario general de la Alianza, Mark Rutte, calificó el movimiento de ‘buen paso hacia el 3,5%’, pero la letra pequeña deja dudas.
El contexto europeo no perdona las medias tintas. Mientras Alemania se ha comprometido a un 3,7% del PIB en defensa para 2030 y Francia avanza hacia el 2,5%, el Reino Unido sigue por detrás de las ambiciones germanas. Eso, unido a que dos tercios de los 15.000 millones extra procederán de recortes en otras partidas y a que el restante está sujeto a revisión presupuestaria, alimenta el escepticismo. La Casa Blanca, que exige a los europeos asumir su propia seguridad, mantendrá la presión.
Starmer defenderá el plan en la reunión de la OTAN en Ankara los próximos 7 y 8 de julio. Allí tratará de vender que el Reino Unido está en la senda correcta, aunque buena parte de la financiación dependa de su sucesor. ‘Es una plataforma sobre la que sé que construirá mi relevo’, afirmó, asumiendo que su legado es, en realidad, un punto de partida frágil.
La historia de los planes de defensa británicos es la de las buenas intenciones con cheques en blanco que el Tesoro nunca termina de firmar.
Equilibrio de Poder
El plan de Starmer produce un doble efecto en el tablero estratégico. Por un lado, supone un balón de oxígeno para la OTAN, que ve cómo uno de sus grandes contribuyentes militares empieza a mover ficha tras años de estancamiento. Por otro, la brecha de 13.000 millones de libras con las demandas del estamento militar evidencia que la modernización se hará a costa de renunciar a algunas capacidades. El documento apuesta fuerte por drones y armas autónomas (5.000 millones solo en ese capítulo) y por una marina híbrida, pero reduce la inversión en adiestramiento, logística y mantenimiento de infraestructuras, lo que los analistas consideran una hipoteca a futuro.
Para España, el movimiento británico es un recordatorio incómodo. La meta del 5% aprobada en La Haya obliga a todos los aliados, y Madrid, con un gasto militar que ronda el 1,4% del PIB, está muy lejos. Las presiones de Washington y de Bruselas se multiplicarán, y el ejemplo de Londres —que sacrifica proyectos de transporte para financiar misiles— anticipa debates internos sobre dónde recortar. Además, la incertidumbre presupuestaria británica tras la salida de Starmer en apenas veinte días abre la puerta a que su sucesor, Andy Burnham, rebaje las exigencias o reasigne los fondos no consolidados. En un momento en que la amenaza rusa se cree capaz de atacar a un país de la OTAN antes de 2030, esa fragilidad es un riesgo sistémico para el flanco este y, por extensión, para la seguridad europea de la que España forma parte.
El precedente histórico no tranquiliza. La Revisión de la Defensa de 2010 dejó a las fuerzas armadas británicas sin portaaviones operativos durante años y redujo drásticamente la huella expedicionaria. Ahora, el intento de recomposición vuelve a quedarse corto y a depender de voluntades políticas futuras. Como entonces, la coalición occidental se enfrenta a un dilema: ¿estar dispuesta a pagar la disuasión o confiar en que la siguiente revisión será más generosa? El tiempo, y la capacidad de los aliados para cumplir con sus promesas, lo dirá.
