EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El TSJCV ha desestimado los recursos de la Generalitat contra la cesión de competencias a ayuntamientos para obras en colegios, en el marco del Plan Edificant.
- ¿Quién está detrás? La Sección Cuarta del TSJCV, el Consell de Mazón y los ayuntamientos de Burjassot, Mislata, Senyera o Casinos, entre otros.
- ¿Qué impacto tiene? La sentencia avala la gestión municipal, obliga a la Generalitat a pagar costas y refuerza los límites del recurso de lesividad.
El TSJCV ha rechazado los recursos del Consell de Mazón contra la delegación de obras escolares a ayuntamientos, en nueve sentencias que avalan la gestión municipal.
Un varapalo para la Generalitat: las nueve sentencias del TSJCV
La Generalitat, gobernada por PP y Vox, había intentado anular mediante un recurso de lesividad las cesiones de competencias que el anterior Consell en funciones (del Botànic) había aprobado en julio de 2023. Aquella delegación permitía a los ayuntamientos ejecutar obras de mantenimiento y reforma en colegios públicos con cargo a los presupuestos autonómicos, dentro del Plan Edificant. El Gobierno de Carlos Mazón consideró que un ejecutivo en funciones no podía adoptar ese tipo de actos, alegando que comprometían cerca de 52 millones de euros y afectaban a legislaturas futuras.
La Abogacía de la Generalitat sostenía que la delegación no era un «despacho ordinario de asuntos» y que el interes general no había sido motivado adecuadamente. Sin embargo, el tribunal ha rechazado esos argumentos. La Sección Cuarta de lo Contencioso-Administrativo ha dictaminado que las cesiones sí podían ser acordadas por un Consell en funciones, al tratarse precisamente de un despacho ordinario.
Los magistrados recuerdan que, desde 2017, la Generalitat ha acordado 835 delegaciones en el marco del Edificant, “de las cuales solo 15 se produjeron durante aquel interregno en el que el Govern de la Generalitat permaneció en funciones”, según el informe de diciembre de 2024 elaborado por la entonces jefa del Servicio de Coordinación de Infraestructuras y Gestión del Programa Edificant.
Además, la Sala subraya que “la delegación producida no entraña la incorporación de nuevas directrices de ordenación política”, sino que su alcance es “puramente singular y se agota en la ejecución del acto”. Por tanto, añaden los jueces, no desborda los límites del despacho ordinario de los recursos públicos.
Las nueve sentencias confirman que la cesión de competencias a los ayuntamientos fue un acto administrativo ordinario, y no una decisión política extraordinaria.
El coste político y económico de la decisión judicial
La resolución no solo desestima los recursos de la Generalitat, sino que la condena al pago de las costas procesales. Además, la Sección Cuarta tiene previsto resolver otros cinco recursos similares, lo que amplía el impacto económico y administrativo para el Consell. Las sentencias, que afectan a ayuntamientos de las provincias de Valencia y Castellón, pueden ser recurridas en casación, pero el criterio judicial queda ya fijado para todas ellas.
Para los consistorios, el fallo supone un respaldo a su capacidad de gestión de las obras escolares. Ayuntamientos como Burjassot, Mislata o Senyera podrán continuar con las reformas previstas sin la incertidumbre que generó la impugnación del Gobierno autonómico. La portavoz de Compromís ha celebrado la decisión judicial y ha declarado que constata “que el PP eliminó obras de Edificant de forma ilegal”, en referencia a la voluntad del ejecutivo de Mazón de revertir aquellas delegaciones.
El Escenario Valenciano
El varapalo judicial tensa aún más la relación entre el Consell y los ayuntamientos gobernados por formaciones de la oposición, y refuerza la posición de Compromís y el PSPV, que ya habían criticado la estrategia de lesividad como un intento de deshacer políticas del anterior Botànic. La coalición PP-Vox, que ya ha visto cómo otros intentos de anular acuerdos del periodo en funciones han sido desestimados, suma un nuevo revés judicial que cuestiona su estrategia legal. La lectura es clara: el tribunal valenciano ha puesto coto al uso indiscriminado de la declaración de lesividad para bloquear actos administrativos ordinarios.
En clave nacional, el caso Edificant se suma a la jurisprudencia que delimita los límites del despacho ordinario de asuntos de los gobiernos en funciones, una cuestión que ha generado conflictos similares en otras comunidades autónomas. Las sentencias del TSJCV recogen doctrina del Tribunal Supremo y fijan un precedente que podría tener eco en otros litigios donde se cuestione la validez de decisiones adoptadas por ejecutivos salientes.
La próxima cita relevante será la resolución de los otros cinco recursos pendientes, previsiblemente en la misma línea. Mientras, el Plan Edificant se beneficia de un horizonte jurídico más estable, y los ayuntamientos implicados recuperan la certidumbre para ejecutar las obras que sus colegios necesitan.
Ficha del Caso
- El caso: La Sección Cuarta del TSJCV desestima nueve recursos de la Generalitat que buscaban anular las cesiones de competencias a ayuntamientos para obras en colegios del Plan Edificant, aprobadas por el anterior Consell en funciones.
- Datos importantes: 835 delegaciones totales desde 2017, solo 15 durante el interregno; compromiso de 52 millones de euros; condena en costas a la Generalitat; cinco recursos similares pendientes.
- Resumen: El TSJCV avala la gestión municipal de las obras escolares y considera que las cesiones eran un acto administrativo ordinario, lo que limita el recurso de lesividad y refuerza la autonomía local.
