En un discurso de marcado tono institucional, Sémper también ha salido en defensa de la independencia de la Guardia Civil frente a las presiones del Ejecutivo y ha cuestionado con severidad la «frivolidad» en la administración de las ayudas públicas y la vivienda de protección oficial.
El choque por la ‘ley de nietos’: sospechas sobre el censo y la externalización en Cuba
El principal frente de confrontación abierto por el Partido Popular se sitúa en la política de nacionalizaciones. Borja Sémper ha calificado de «razonable» la preocupación de su grupo parlamentario ante el volumen de peticiones amparadas en la legislación de descendientes. Según los datos esgrimidos por el portavoz, Cuba se ha consolidado como el segundo país con mayor número de expedientes, registrando en torno a 350.000 solicitudes de nacionalización. El PP considera este volumen desproporcionado si se contrasta históricamente con los apenas 5.000 exiliados computados en su momento.
La desconfianza de los populares no solo radica en la aritmética del proceso, sino en su ejecución operativa. Sémper ha denunciado formalmente que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha externalizado la tramitación de estas solicitudes en una empresa que es propiedad directa de la dictadura cubana. Ante lo que consideran una alarmante falta de control soberano, el principal partido de la oposición ha solicitado la comparecencia urgente del ministro del ramo en el Congreso de los Diputados para exigir garantías de limpieza en el procedimiento.
«La responsabilidad política ha saltado por los aires»: el desgaste de las instituciones
En clave nacional, Sémper ha diagnosticado una quiebra en los estándares de rendición de cuentas del actual gabinete ministerial, afirmando que los mecanismos tradicionales de asunción de culpa han sido anulados por el bloque gubernamental. Para ilustrar este escenario, el portavoz ha evocado episodios de la historia reciente del país: «Lo vimos en el terrible accidente de Adamuz, con 46 muertos y nadie asumió ninguna responsabilidad política; lo vimos en el gran apagón».
Bajo la óptica del PP, nos encontramos ante una dinámica donde los ministros incurren en la mentira de manera sistemática sin que ello penalice sus cargos públicos, describiendo la situación actual como el «penúltimo episodio» de una deriva institucional. En este sentido, Sémper ha loado explícitamente el blindaje técnico y la profesionalidad de los agentes de la Guardia Civil, asegurando que el instituto armado posee la solidez necesaria para resistir las presiones políticas actuales y las que seguirán recibiendo en el corto plazo. «El Estado de derecho triunfará, a pesar de que Sánchez pretenda lo contrario», apostilló.
Reciprocidad y arraigo: el debate sobre el futuro de los servicios públicos
El último eje de la intervención del dirigente popular ha abordado la sostenibilidad del Estado del bienestar en un contexto social cada vez más tensionado y la falta de «rigor» de la gestión pública cuando se priorizan determinadas banderas ideológicas en detrimento de la eficiencia. Sémper ha reclamado a la clase política medidas serias para garantizar los servicios esenciales a futuro frente a lo que tilda de «frivolidad del sanchismo».
Como alternativa de gestión, el Partido Popular ha defendido el arraigo y la reciprocidad con el territorio como criterios preferenciales para el acceso a las prestaciones sociales y la adjudicación de recursos habitacionales públicos. Para respaldar esta tesis, Sémper ha puesto como ejemplo el modelo de San Sebastián, municipio donde se exige un mínimo de tres años de residencia acreditada en la localidad para poder optar a una Vivienda de Protección Oficial (VPO). «Quien demuestra un vínculo de reciprocidad con el territorio, por ejemplo, que ha pagado impuestos o ha cotizado, parece razonable que tenga alguna prioridad con respecto a otros que no lo han hecho», concluyó el portavoz.
