Seis meses después de la captura de Nicolás Maduro en una operación estadounidense sin precedentes, Venezuela sigue lejos de la estabilidad. Para las empresas españolas con intereses en el país —con Repsol a la cabeza— ese terremoto político y el posterior desastre sísmico dibujan un tablero de oportunidades y riesgos que merece atención.
De la captura al ‘Rodrigato’: quién manda hoy en Caracas
El 3 de enero de 2026, las fuerzas estadounidenses detuvieron a Maduro en suelo venezolano bajo la acusación de narcoterrorismo. Aquel golpe inauguró una transición atípica: el chavismo sin Maduro se reorganizó en torno a los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, mientras Washington ejercía un tutelaje directo sobre las grandes decisiones.
La salida de pesos pesados como el exministro de Defensa Padrino López —ahora en Agricultura en una clara pérdida de poder— y el cese de Alex Saab mostraron que la vieja guardia madurista perdía terreno. En su lugar, el llamado ‘Rodrigato’ consolidó un equipo afín, aunque sin abrirse a la disidencia real.
Los intereses españoles en juego: petróleo, Repsol y la reforma legal
La mano de Donald Trump en la nueva Venezuela tiene una traducción concreta para las empresas españolas. Apenas unos meses después de la captura, el Parlamento venezolano reformó la histórica ley de hidrocarburos para atraer inversión privada, hoy como condición para el alivio de sanciones estadounidenses. Repsol ya ha reanudado sus operaciones, aprovechando un contexto en el que el país con las mayores reservas de crudo del mundo vuelve a ser atractivo para las multinacionales.
Esa ventana de oportunidad energética, sin embargo, convive con una realidad incómoda. Aunque se percibe un descenso de la represión y cierta apertura mediática, los cambios económicos no se han traducido aún en una mejora de las condiciones de vida de la población. La inflación sigue siendo altísima y más de la mitad de los venezolanos viven en pobreza multidimensional, segun la Universidad Católica Andrés Bello.
La influencia estadounidense no se limita al petróleo. La Ley de Amnistía que excarceló a cientos de presos políticos y la propia reestructuración del gabinete responden, en buena medida, a las exigencias de la Administración Trump. La flexibilización de sanciones ha sido clave, pero la dependencia de la venia estadounidense convierte cada giro político en un factor de incertidumbre para la planificación a largo plazo. “Venezuela se ha convertido en lo que algunos llaman un protectorado extractivista”, resume la profesora Dhayana Fernández-Matos, una declaración que capta la tensión entre soberanía aparente y dependencia real.
Venezuela, seis meses después, funciona como un protectorado extractivista en el que las grandes decisiones llevan la firma de Washington.
El doble terremoto que retrata la fragilidad del Estado
Como si la captura de Maduro no bastara, dos seísmos consecutivos azotaron el país en las últimas semanas. El balance oficial —al menos 2.595 fallecidos— desnudó la incapacidad de respuesta de un Estado desmantelado. La vicepresidenta Delcy Rodríguez defendió la actuación de las fuerzas armadas, pero las imágenes de escombros y la organización espontánea de la sociedad civil evidenciaron una desconfianza casi absoluta hacia las instituciones.
Para las empresas con presencia en Venezuela, este panorama añade un factor de riesgo difícil de subestimar. La reactivación operativa que persigue Repsol —y que también mira con atención el resto del tejido empresarial español presente en el país— puede verse lastrada por una infraestructura frágil y una crisis humanitaria que ralentiza cualquier plan de estabilización.
La oposición silenciada y el horizonte electoral congelado
Mientras la emergencia acapara la atención, el regreso de la líder opositora María Corina Machado sigue bloqueado. Pese a que la Administración Trump reconoce la victoria electoral de Edmundo González en 2025, el pragmatismo de Washington ha preferido a una figura menos confrontacional: Dinorah Figuera se reunió con Jorge Rodríguez en Caracas con el visto bueno estadounidense, abriendo una vía de negociación que deja a Machado en un segundo plano.
El calendario electoral es un polvorín. Delcy Rodríguez asumió el poder el 3 de enero; el artículo 234 de la Constitución venezolana fija 90 días, prorrogables otros 90, para convocar elecciones, plazo que venció el pasado 2 de julio sin anuncios. Las protestas de este viernes denuncian la usurpación y el interinato se eterniza. España observa de cerca un desenlace que condicionará sus inversiones y su diplomacia en la región.
📌 Ficha del Caso
- Ficha sobre el caso: Seis meses tras la captura de Nicolás Maduro, Venezuela vive una transición tutelada por Estados Unidos que reconfigura el poder interno y las reglas económicas.
- Datos importantes: Repsol ha reanudado operaciones gracias a la reforma de la ley de hidrocarburos impulsada por Washington; los terremotos han dejado 2.595 muertos y evidencian la debilidad estatal.
- Resumen: Para España, el nuevo escenario ofrece oportunidades energéticas pero en un entorno de alta fragilidad institucional y humanitaria que hay que vigilar de cerca.
