La Xunta de Galicia ha resuelto más de 1.800 concesiones y autorizaciones en la costa en los primeros doce meses desde que asumió la gestión directa del litoral, una cifra que el presidente Alfonso Rueda presentó este miércoles como prueba de la agilidad administrativa de su gobierno. El balance, sin embargo, ha desatado las críticas de los colectivos ecologistas, que acusan al Ejecutivo autonómico de haber volcado todas sus prioridades en el turismo y en los chiringuitos, sin adoptar una sola medida para proteger los entornos naturales o afrontar el cambio climático.
Según los datos ofrecidos por Rueda desde el parador de Muxía, la Xunta ha autorizado más de 900 servicios de temporada, en su mayoría chiringuitos, y ha ampliado el periodo de funcionamiento de estos negocios desde Semana Santa hasta el 31 de octubre de forma ininterrumpida. Además, el Gobierno gallego ha destinado un millón de euros a un programa para que “sean más bonitos”, en palabras del propio presidente. En paralelo, la Xunta ha impulsado el Camiño do Litoral, una red de sendas que recorre 1.300 kilómetros de costa, desde Ribadeo hasta A Guarda, y que en realidad se apoya en caminos que ya existían en el 90 % de los casos.
La celeridad administrativa ha permitido también la eliminación del pago de tasas para actividades temporales en dominio público marítimo-terrestre, como competiciones deportivas o festivales. Para Rueda, este modelo demuestra que “vivimos en la costa y podemos vivir de la costa”, una frase que pronunció en el acto del primer aniversario y que resume la filosofía del PPdeG en la materia.
Las críticas ecologistas: falta de protección y turismo masivo
Las organizaciones ecologistas, sin embargo, dibujan un balance muy distinto. Manoel Santos, portavoz de Greenpeace en Galicia, afirma que la Xunta “ha estado muy concentrado en el aspecto socioeconómico y muy poco en el cuidado ambiental y en la resiliencia, en un contexto de cambio climático en el que la costa es la primera barrera de protección”. Santos recuerda que la costa gallega ya era un espacio muy desprotegido y que el Gobierno autonómico no ha movido un dedo para frenar el avance del mar, que ya amenaza viviendas construidas sobre acantilados erosionados.
Desde la asociación Adega, su secretario técnico, Fins Eirexas, considera que la Xunta actúa con el orden de prioridades equivocado. “Lo primero en la gestión del litoral es protegerlo, mantenerlo en buen estado y recuperar las zonas degradadas. Después de eso es cuando viene el análisis de si puede haber aprovechamientos turísticos o chiringuitos”, explica. Además, critica que se fomente el turismo masivo sin un estudio previo de capacidad de carga y advierte de que las rías gallegas están cerca del colapso ecosistémico.
Las más de 1.800 concesiones resueltas en un año evidencian la apuesta del PPdeG por la explotación turística del litoral, mientras que las voces ecologistas denuncian que ni una sola medida se ha tomado para frenar el avance del mar o proteger los ecosistemas de las rías.
La polémica no es nueva. La gestión del litoral fue una competencia muy peleada. Galicia asumió los poderes el 1 de julio de 2025, después de un largo conflicto con el Gobierno central y un recurso ante el Tribunal Constitucional que dio la razón a la comunidad. En el acto del traspaso, Rueda ya adelantó que su foco estaría en las empresas de la cadena mar-industria y en la vida económica. De hecho, la propia ley gallega del litoral, impulsada por el PPdeG en 2022, nació como reacción a la ley estatal de cambio climático que amenazaba la permanencia de la celulosa Ence en la ría de Pontevedra.
El Laboratorio Gallego
El primer año de gestión directa del litoral no es solo un éxito administrativo para el PPdeG; es también la plasmación de un modelo político que conecta con la estrategia nacional del Partido Popular. La reivindicación de las competencias, que durante años lideró Alberto Núñez Feijóo desde la Xunta, se convirtió en un símbolo de la resistencia autonómica frente a las políticas medioambientales del Gobierno de Pedro Sánchez. Ahora, con Alfonso Rueda al frente, el ejecutivo gallego ha consolidado un enfoque que prima la actividad económica y la simplificación burocrática sobre las cautelas ambientales, un esquema que podría servir de plantilla para un futuro gobierno del PP en España.
En el contexto gallego, el PPdeG mantiene su mayoría absoluta en el Parlamento de Galicia, lo que le ha permitido desplegar esta política sin apenas cortapisas legislativas. Mientras, el BNG y el PSdeG han denunciado el abandono de la protección ambiental, pero carecen de fuerza para frenar las iniciativas de la Xunta. El debate, sin embargo, trasciende el ámbito autonómico: la apuesta por los chiringuitos y la senda litoral como motores turísticos recuerda a las tensiones entre desarrollo y conservación que viven otras comunidades costeras, y anticipa los dilemas que cualquier gobierno central deberá abordar ante la crisis climática. La proyección más inmediata es el verano de 2026, en el que se pondrá a prueba la capacidad de carga de un litoral que los ecologistas ya consideran sobreexplotado.
Ficha del Caso
- El caso: La Xunta de Galicia ha completado el primer año de gestión directa del litoral, un hito administrativo que ha resuelto más de 1.800 concesiones y ha impulsado el turismo con la ampliación de chiringuitos y la creación del Camiño do Litoral.
- Datos importantes: Más de 900 servicios de temporada autorizados, periodo de funcionamiento de Semana Santa al 31 de octubre, 1 millón de euros para embellecer chiringuitos, y la red de sendas de 1.300 kilómetros. La competencia se traspasó el 1 de julio de 2025.
- Resumen: La apuesta de la Xunta por un modelo turístico de la costa ha recibido el respaldo del sector empresarial, pero los ecologistas alertan de que se ha desatendido la protección ambiental y la adaptación al cambio climático, en un contexto de creciente presión sobre las rías y los espacios naturales.
