Galicia arrastra desde hace décadas un problema estructural que condiciona desde la economía rural hasta la magnitud de sus incendios: la extrema fragmentación de la propiedad forestal. La conselleira de Medio Rural ha reconocido en el Parlamento que más de 670 000 hectáreas de monte gallego pertenecen a titulares con parcelas inferiores a una hectárea, un minifundismo que aboca al abandono y multiplica el riesgo de fuego. Sin embargo, una fórmula jurídica regulada por la Xunta está ganando tracción entre los propietarios: las agrupaciones forestales de gestión conxunta (AFXC) permiten coordinar fincas colindantes sin que nadie pierda la titularidad ni la capacidad de decidir sobre su tierra. Las agrupaciones forestales son la herramienta más prometedora para convertir el minifundismo gallego en una oportunidad económica y ambiental.
Según ha explicado a La Razón Pilar Orol, administradora de la empresa lucense Tenzas Enxeñería, el modelo se apoya en dos figuras: las AFXC básicas, donde los dueños mantienen tanto la propiedad como la gestión directa pero coordinan desbroces, plantaciones o aprovechamientos, y las AFXC territoriales, en las que se cede la administración a una entidad gestora durante un plazo acordado. El propietario sigue siendo dueño, pero deja de cargar en solitario con todas las decisiones y trámites. «Muchas veces el principal reto no es técnico, sino organizativo», subraya Orol, cuyo equipo trabaja desde Lugo con propietarios y comunidades de montes.
Qué es una AFXC y por qué interesa a quien vive lejos del monte
Las AFXC nacieron en la Lei de montes de Galicia de 2012 y fueron reforzadas por la Lei de recuperación da terra agraria de 2021, ambas aprobadas bajo mayorías del PPdeG. La clave está en que la parcela sigue en manos del titular, pero las actuaciones silvícolas —desde una tala hasta la solicitud de ayudas europeas— se planean sobre una superficie continua que gana escala y reduce costes. Según datos del IGE (Instituto Galego de Estatística), apenas el 15 % de las fincas forestales gallegas alcanzan las 10 hectáreas, el umbral mínimo para que una explotación maderera sea viable sin apoyos externos. La agrupación permite saltar esa barrera sin necesidad de comprar ni expropiar.
Para el propietario absentista —aquel que vive en A Coruña, Madrid o Barcelona— la AFXC resuelve la paradoja del abandono. Puede conservar el patrimonio familiar sin desplazarse cada mes ni lidiar con trámites administrativos. El acompañamiento técnico, explica Orol, «aporta información y seguridad: analizamos cada monte, mostramos las alternativas y facilitamos el diálogo entre vecinos, porque muchas veces el principal escollo es organizativo». Ese acompañamiento es, de hecho, el servicio central que ofrecen empresas como Tenzas Enxeñería.
La agrupación forestal no borra la propiedad, la hace viable: es la diferencia entre un monte que arde cada dos veranos y uno que produce renta y frena el fuego.
Los modelos no son idénticos. En la AFXC básica el propietario mantiene el control directo: decide qué plantar, cuándo cortar, a quién vender. La coordinación se limita a pactar fechas para trabajos comunes —una roza simultánea, por ejemplo— y negociar precios conjuntos con empresas de servicios forestales. En la AFXC territorial, en cambio, la gestión se cede temporalmente a una entidad que puede ser pública, privada o mixta, lo que permite planificar ciclos completos de plantación y cosecha sobre superficies de cientos de hectáreas. Ambos formatos comparten un objetivo: transformar el mosaico de microparcelas en una unidad de gestión profesional.
Prevención de incendios: el beneficio que interesa al resto de España
La conexión entre abandono forestal e incendios es una constante en la política gallega, pero también en la mediterránea. El Parlamento de Galicia debatió en marzo de 2026 un plan de prevención que vincula directamente las AFXC con la reducción del combustible vegetal. «Un monte gestionado arde menos», ha repetido la conselleira de Medio Rural en sede parlamentaria. Los datos de la última campaña avalan esa tesis: según el informe provisional de la Xunta presentado en mayo, las superficies incluidas en agrupaciones forestales registraron un 60 % menos de superficie quemada por hectárea que los montes sin plan de gestión conjunta.
Ese dato tiene una lectura nacional. Regiones como Castilla y León, Extremadura o Andalucía comparten el problema del minifundismo forestal y podrían encontrar en el modelo gallego una referencia. No se trata, advierten los técnicos, de copiar la norma, sino de adaptar la filosofía: incentivar la cooperación voluntaria entre propietarios mediante beneficios fiscales y acceso prioritario a ayudas europeas. Galicia lo hace ya a través del Plan Estratéxico do Monte Galego 2021-2040, que reserva partidas específicas para las AFXC.
El laboratorio político gallego
Las AFXC son, antes que una política forestal, una política de ordenación del territorio con un fuerte componente de consenso social. El PPdeG, que gobierna con mayoría absoluta desde 2009, ha situado esta figura en el centro de su discurso sobre el rural, pero tanto el BNG como el PSdeG la han respaldado en los debates parlamentarios, aunque con matices: el BNG reclama más papel para las comunidades de montes y el PSdeG exige que la Xunta refuerce el acompañamiento público, no solo el privado. El actual presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha visitado en los últimos meses varias AFXC territoriales en Ourense y Lugo para escenificar el apoyo del gobierno autonómico.
La dimensión nacional de este modelo es menos explícita que en otras políticas —no hay un «plan Feijóo» para las agrupaciones forestales—, pero resulta evidente para cualquier analista territorial. El minifundismo forestal no es exclusivo de Galicia: según el Catastro, casi el 40 % de las parcelas rústicas españolas tienen menos de una hectárea. La experiencia gallega demuestra que se puede atajar ese problema sin recurrir a expropiaciones ni fusiones forzosas, un mensaje que encaja tanto con la sensibilidad conservadora del PP como con la apuesta del PSOE por la cooperación. De hecho, los fondos Next Generation han abierto una ventana para financiar proyectos de gestión conjunta en toda España, y comunidades como Asturias ya han enviado técnicos a Galicia para estudiar el funcionamiento de las AFXC territoriales.
La próxima cita relevante en el calendario es la convocatoria de ayudas de la Xunta para 2027, que previsiblemente se publicará en el DOG a finales de este año. Si la tendencia se consolida —en el último trienio se han constituido más de 30 nuevas agrupaciones—, el monte gallego podría convertirse en un laboratorio silencioso pero eficaz para la España vaciada. El reto, como advierte Pilar Orol, no es la técnica, sino la organización: «Generar confianza entre propietarios lleva tiempo, pero cuando se logra, el monte deja de ser un problema y empieza a ser una solución».
Ficha del Caso
- El caso: Las agrupaciones forestales de gestión conxunta (AFXC) permiten a propietarios de pequeñas parcelas coordinar su gestión sin perder la propiedad, mejorando la rentabilidad y la prevención de incendios.
- Datos importantes: Más de 670 000 hectáreas gallegas están en parcelas de menos de 1 ha. Las AFXC redujeron un 60 % la superficie quemada por hectárea en 2026. Galicia cuenta con dos modelos: básico y territorial.
- Resumen: La fórmula, pionera en España, combate el abandono forestal y conecta con las necesidades de prevención de incendios de todo el país, atrayendo el interés de otras comunidades autónomas.
