Ourense registró durante los cuatro primeros meses de 2026 una duración media de las bajas laborales de 77,68 días. Son casi diez días más que en el mismo período de 2025, mientras la cifra diaria de nuevos procesos se mantiene estable, en torno al centenar. La provincia gallega encabeza con claridad las incapacidades temporales más prolongadas de la comunidad.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Los médicos de Ourense han salido al paso de las acusaciones de fraude generalizado en las bajas laborales y defienden que las altas deben basarse solo en criterios clínicos.
- ¿Quién está detrás? Sandra Vílchez, vicesecretaria del Colegio Oficial de Médicos de Ourense, en nombre de los facultativos de Atención Primaria.
- ¿Qué impacto tiene? La polémica reabre el debate sobre los incentivos económicos vinculados a la duración de las incapacidades temporales y la relación médico-paciente en el sistema público gallego.
Ourense roza los 78 días de baja laboral en el primer cuatrimestre
Los datos del Sergas (el Servizo Galego de Saúde) correspondientes a los meses de enero a abril de 2026 sitúan a la provincia ourensana muy por encima de la media gallega. En 2025, la duración media había sido de 67,9 días, lo que supone un incremento cercano al 15% en apenas un año. Los médicos atribuyen el aumento a una mezcla de patologías de larga duración y demoras en el acceso a pruebas diagnósticas, especialistas o rehabilitación.
Según fuentes del Colegio de Médicos, las patologías musculoesqueléticas —lumbalgias, hernias, lesiones articulares— concentran una parte sustancial de las bajas, pero la salud mental —depresión, ansiedad y estrés— está ganando peso con rapidez. “Vemos cada vez más casos en los que el sufrimiento emocional incapacita tanto como una lesión física”, explica Vílchez.
El criterio clínico frente a los incentivos administrativos
La polémica sobre el posible fraude en las incapacidades temporales ha reavivado el debate sobre los sistemas de incentivos ligados a la duración de las bajas. Sandra Vílchez, médica de familia en Verín, es tajante: “Hay casos puntuales, como en cualquier prestación pública, pero la inmensa mayoría de las bajas responde a problemas de salud reales. Presentarlo como un abuso masivo simplifica una realidad mucho más compleja y genera desconfianza hacia pacientes y médicos”.
La facultativa recuerda que una misma dolencia puede exigir un tratamiento distinto según la persona. Un albañil con una lumbalgia probablemente necesite parar; un empleado de oficina quizá pueda seguir trabajando con adaptaciones. “Con la misma patología podemos tomar decisiones diferentes, porque las circunstancias de cada paciente son distintas. Valoramos la capacidad funcional, el riesgo, las exigencias del puesto y la posibilidad de adaptarlo temporalmente”, detalla.
“La confianza entre médico y paciente es la base de cualquier sistema de incapacidad temporal. Sin ella, no podemos hacer bien nuestro trabajo.”
La complejidad se dispara en los trastornos de salud mental, donde no hay una prueba que mida la limitación de forma inmediata. “Necesitamos tiempo para escuchar al paciente, valorar su situación y hacer un seguimiento correcto”, señala la vicesecretaria del Colegio ourensano. Además, apunta que las demoras para pruebas complementarias, interconsultas con especialistas o tratamientos de rehabilitación pueden alargar procesos que, de otra manera, se resolverían antes.
El Laboratorio Gallego
Galicia, con el PPdeG al frente de la Xunta desde 2009 y mayoría absoluta desde 2012, ha convertido la gestión sanitaria en uno de los ejes de su discurso político. El control de las bajas laborales ha sido una bandera recurrente de la administración autonómica, que en los últimos años ha introducido incentivos económicos para los médicos que reduzcan la duración de las incapacidades temporales. La medida, defendida por la Consellería de Sanidade, ha generado tensiones con los profesionales sanitarios, que ven en ella un intento de burocratizar la relación clínica.
Alberto Núñez Feijóo, durante su etapa como presidente de la Xunta, impulsó políticas de eficiencia en el gasto sanitario que luego han encontrado eco en el programa nacional del PP. De hecho, el actual líder del PP ha citado en varias ocasiones el modelo gallego de gestión de la incapacidad temporal como ejemplo para el conjunto de España. “Galicia demuestra que con responsabilidad se pueden controlar los costes sin recortar derechos”, ha afirmado en foros económicos. Este traslado de políticas autonómicas al plano estatal convierte a la comunidad en un laboratorio político de primer orden.
La controversia ourensana se produce, además, en un momento en que el Gobierno central y las comunidades autónomas negocian la reforma del sistema de incapacidad temporal. La posición de los médicos gallegos —que piden blindar el criterio clínico frente a las métricas administrativas— podría influir en el diseño final de la norma. Mientras tanto, en Galicia, el BNG y el PSdeG han criticado puntualmente la política de incentivos de la Xunta, pero el debate sobre el fraude en las bajas sigue dominado por la retórica del PPdeG. La próxima reunión del Consello de Goberno, prevista para después del verano, podría abordar la renovación de los contratos de productividad variable para los facultativos, en un contexto de creciente malestar entre el colectivo.
Ficha del Caso
- El caso: Los médicos de Ourense rechazan el discurso del fraude masivo en las bajas laborales y exigen que las altas se decidan únicamente con criterios clínicos, en un momento de tensión entre la profesión y la Xunta.
- Datos importantes: Duración media de las bajas en Ourense: 77,68 días (primer cuatrimestre de 2026). Incremento de casi 10 días respecto a 2025. Nuevas bajas diarias: ~100. Patologías musculoesqueléticas y mentales como causas principales.
- Resumen: La polémica refleja un choque entre la política sanitaria de la Xunta, que prima la reducción de plazos, y la defensa del juicio clínico por parte de los facultativos. La conexión con el discurso nacional del PP sitúa a Galicia como laboratorio de medidas de control del gasto social.
