La Comisión Europea ha vuelto a reprochar a España la escasa ejecución de las reformas comprometidas en el ámbito de la seguridad y la justicia. El séptimo informe sobre el Estado de Derecho, firmado en Bruselas el pasado 17 de julio de 2026, dibuja un país que legisla mucho pero implementa poco, con la corrupción, la independencia judicial y la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana entre los capítulos más críticos.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué dice el informe? La Comisión Europea señala a España por aprobar planes de reforma sin apenas avances tangibles en justicia, lucha anticorrupción y medios de comunicación.
- ¿Por qué importa? Un 53% de los españoles se siente personalmente afectado por la corrupción, y la reforma de la ‘ley mordaza’ sigue empantanada en el Congreso.
- ¿Qué recomienda Bruselas? Terminar la reforma del Consejo General del Poder Judicial, reforzar la fiscalía, acortar los macrojuicios por corrupción y aprobar la ley de lobbies.
Corrupción, justicia y el ‘legisla mucho, ejecuta poco’ de Bruselas
El diagnóstico de la Comisión Europea es tan directo como incómodo. El Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional deja a España con un 55 sobre 100 y una caída de seis puntos desde 2021. Pero los datos que golpean son los del Eurobarómetro de 2026: un 92% de los encuestados cree que la corrupción está extendida, y un 53% se siente afectado en su día a día, casi el doble que la media europea (30%). Entre las empresas, el 85% la considera generalizada y el 62% un lastre para los negocios.
La respuesta institucional existe. El Plan Estatal contra la Corrupción se aprobó el 26 de agosto de 2025 y prometió una Autoridad Independiente de Integridad Pública. Sin embargo, Bruselas advierte de que los planes se acumulan mientras la ejecución práctica no mejora. La propia AIPI arrancó con presupuesto provisional, 14 de 23 plazas cubiertas y ya acumula más de 400 denuncias en pocos meses.
En el plano judicial, el informe recoge «algún avance» en la investigación de la corrupción de altos cargos. En 2025 se juzgaron 76 casos de corrupción, con 52 condenas o condenas parciales. La Fiscalía Europea mantenía cuatro causas abiertas en España a cierre de año. La futura Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé una instrucción más breve y plazos bajo control judicial, pero la reforma de la acción popular —pieza clave en grandes causas— sigue en trámite y generará debate en las Cortes.
Ley de Seguridad Ciudadana, medios y otras asignaturas pendientes
El capítulo sobre el pluralismo mediático resulta especialmente incómodo. El Monitor de Pluralismo Mediático mantiene la independencia de los medios públicos en riesgo «medio-alto», y los Consejos de Informativos de TVE y RNE denunciaron en enero de 2026 un deterioro de los estándares profesionales y un supuesto sesgo político. Bruselas aplaude la reforma de la publicidad institucional y el anteproyecto de Ley de Información Clasificada, pero subraya las 53 alertas de seguridad para periodistas registradas en la plataforma del Consejo de Europa.
La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana —conocida como «ley mordaza»— continúa empantanada en el Congreso. La Comisión insta a completarla, junto con la ley de lobbies y el endurecimiento de los conflictos de intereses de los altos cargos. Mientras, la Ley de Amnistía, vigente desde junio de 2024 y avalada por el Tribunal Constitucional, sigue pendiendo de cuatro cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea; el mismo día que se firmaba el informe, Luxemburgo dictó sentencia sobre dos de ellas.
El informe de Bruselas refleja que España aprueba planes a espuertas pero los cumple a cuentagotas, con consecuencias directas sobre la confianza ciudadana en la justicia y la policía.
El contexto institucional
Más allá de la crítica legislativa, el informe tiene una lectura directa para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La parálisis de la Ley de Seguridad Ciudadana y la lenta digitalización judicial lastran la capacidad operativa de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Sin embargo, los datos del Ministerio del Interior confirman que la labor de las unidades especializadas sigue siendo sólida. En 2025, las investigaciones de la UDEF —la unidad de delincuencia económica de la Policía Nacional— y de la UCO —la unidad central operativa de la Guardia Civil— contribuyeron a que los tribunales juzgaran 76 casos de corrupción y dictaran 52 condenas, un reflejo de la profesionalidad con la que trabajan a pesar del déficit normativo.
El propio informe de la Comisión Europea reconoce «avances» en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, pero condicionados a que se complete el marco regulatorio. La modernización del Consejo General del Poder Judicial y el refuerzo del Ministerio Fiscal son determinantes para que las investigaciones policiales puedan tramitarse con la agilidad que exigen los estándares europeos. España tiene una de las ratios de jueces por habitante más bajas de la Unión Europea, con 431 vacantes a cierre de 2025, y la duración de los procedimientos en el Tribunal Supremo alcanza ya los 750 días. Cerrar esa brecha es clave para que el trabajo de la Policía Nacional y la Guardia Civil desemboque en resoluciones firmes y no en dilaciones que desgastan la confianza pública.
Mientras tanto, el Ministerio del Interior mantiene el foco en la operatividad. La Autoridad de Protección de Denunciantes (AIPI), activa desde septiembre de 2025, ha recibido más de 400 denuncias de irregularidades, muchas de las cuales son analizadas por las unidades de investigación policial. El camino está marcado; falta que el legislador acelere el paso para que las herramientas estén a la altura del compromiso diario de los agentes.
