El Puerto de Valencia ha vuelto a licitar el servicio de gestión de su canal de denuncias internas, pero esta vez con estrictas limitaciones para evitar la multimillonaria sanción que le espera. La Autoridad Portuaria de Valencia (APV), que gestiona el recinto portuario, se enfrenta a una multa de hasta un millón de euros por haber externalizado funciones de investigación reservadas al responsable interno del sistema. El nuevo contrato, con un precio base de licitación de 15.800 euros y dos años de duración, se reduce a suministrar la plataforma técnica y la recepción inicial de comunicaciones, sin asumir la instrucción de expedientes.
El pliego de condiciones publicado en la Plataforma de Contratación del Estado deja claro que «en ningún caso la herramienta contratada podrá suponer sustitución, asunción o interferencia en las funciones legalmente atribuidas al Responsable del Sistema Interno de Información». De hecho, el servicio se configura como un SaaS —software como servicio— para que el canal sea externo pero, a la vez, independiente de los procesos internos de la autoridad portuaria. La investigación sigue siendo competencia exclusiva de la APV, algo que el anterior contrato no respetó.
Un millón de euros en juego: el golpe de la AIPI y el giro del contrato
El origen del problema se remonta a un expediente sancionador abierto por la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), un organismo estatal de carácter independiente. La AIPI detectó que el contrato adjudicado a la empresa Asesores Forenses y Financieros, S.L. (GPartners) para gestionar el canal interno de denuncias incluía servicios de apoyo jurídico, consultoría y emisión de informes en procesos de investigación. Es decir, la mercantil externa no solo alojaba la plataforma, sino que colaboraba en la instrucción de las denuncias, una función que la Ley 2/2023 de Protección del Informante reserva al responsable del sistema dentro de la entidad. La AIPI considera que se vulneró la independencia del sistema.
Aquellas cláusulas llevaron a la AIPI a considerar que se vulneraba la independencia del sistema y, tras una denuncia, abrió el expediente que podría acabar con la multa máxima de un millón de euros. Ahora, la licitación actual corrige ese error: el nuevo objeto del contrato se limita a «el suministro de la herramienta que permita la gestión externa del Canal Interno de Información, su gestión técnica y mantenimiento». Se ha pasado de externalizar la investigación a externalizar solo la infraestructura, un cambio de concepto que puede salvar a la APV de una sanción económica y reputacional.
La UGT exige transparencia y denuncia concentración de poder
La Sección Sindical de UGT en la APV ha registrado una solicitud formal para revisar toda la documentación que regula el canal interno de denuncias. El sindicato quiere comprobar que se cumplen las garantías de independencia y autonomía que establece la ley, tras analizar los documentos públicos de 2024 y los pliegos de contratación de 2023 y 2026. La petición, fechada el 7 de julio, revela las dudas de la plantilla sobre quién controla realmente el sistema.
El análisis de UGT apunta a que el Responsable del Sistema Interno de Información de la APV es el secretario general de la entidad, quien, a su vez, preside la Comisión Antifraude encargada de instruir los expedientes. Esa doble función compromete la independencia del canal, según el sindicato. La resolución de delegación de competencias de marzo de 2024, publicada en el BOE, atribuye a la Presidencia de la APV la aprobación de las funciones y la composición de dicha comisión, lo que añade, a juicio de UGT, un control jerárquico sobre el órgano que debería investigar con plena autonomía.
La independencia del buzón de denuncias no se garantiza solo con una plataforma externa: exige que quien investiga no dependa de quien es investigado, y ese es el núcleo de las dudas de UGT.
El Escenario Valenciano
El puerto de Valencia es uno de los principales motores económicos de la región y un símbolo de su proyección mediterránea. Sin embargo, los episodios de opacidad no son nuevos: desde los retrasos en la ampliación norte hasta las controversias por la gestión de la DANA, la ciudadanía valenciana ha visto cómo varias instituciones autonómicas y locales quedaban bajo la lupa. La sanción de la AIPI contra la APV es, en este contexto, una advertencia para cualquier entidad pública: la externalización de funciones sensibles no puede vaciar las garantías legales. A nivel nacional, la Autoridad Independiente de Protección del Informante ha mostrado músculo al iniciar un expediente que afecta a una autoridad portuaria bajo el paraguas de Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Transportes. Se trata de un aviso para el conjunto del sistema: los canales de denuncias no pueden ser un maquillaje. La proyección inmediata es clara: en los próximos dos años, la APV deberá demostrar que su nuevo sistema funciona con independencia real; de lo contrario, la multa millonaria pasará de amenaza a realidad. Además, la presión sindical augura nuevas peticiones de transparencia en otras sociedades públicas valencianas.
Ficha del Caso
- El caso: El Puerto de Valencia ha tenido que reformular su canal de denuncias tras un expediente sancionador de la AIPI por externalizar indebidamente funciones de investigación. UGT pide transparencia.
- Datos importantes: Multa posible hasta un millón de euros; nuevo contrato de 15.800 € para plataforma sin investigación; Ley 2/2023; expediente AIPI; responsable del sistema es el secretario general de la APV; UGT solicitó documentación el 7 de julio de 2026.
- Resumen: La APV ajusta el contrato para cumplir estrictamente la ley y evitar la sanción, pero las dudas de UGT sobre la concentración de poder ponen de manifiesto la tensión entre eficiencia e independencia en la gestión del canal ético.
