EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Comisión Europea ha publicado el informe sobre el Estado de Derecho 2026, que alerta de que el Gobierno de Sánchez no ha mejorado la independencia de la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), el organismo que exculpó al presidente en el caso Begoña Gómez.
- ¿Quién está detrás? Alberto Núñez Feijóo ha usado el Senado para denunciar la inacción del Ejecutivo y exigir explicaciones, con el respaldo unánime del Grupo Parlamentario Popular.
- ¿Qué impacto tiene? El PP refuerza la ofensiva institucional contra el Gobierno en pleno verano y ata el flanco de la corrupción antes del próximo periodo de sesiones.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha subido este lunes a la tribuna del Senado el dictamen más reciente de Bruselas. El informe sobre el Estado de Derecho 2026, hecho público por la Comisión Europea el pasado viernes, dedica un capítulo entero a España y carga las tintas contra la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI): el organismo que archivó en tiempo récord la denuncia del PP sobre la participación de Pedro Sánchez en el rescate de Air Europa, mientras su esposa, Begoña Gómez, mantenía vínculos con la aerolínea.
El texto europeo no se anda con rodeos. Reconoce que «la aplicación práctica de las normas existentes no ha mejorado» y que «las sanciones siguen siendo escasas». Además, insta al Ejecutivo a «velar por la independencia y la efectiva competencia sancionadora del organismo supervisor competente». Es la tercera vez consecutiva que la UE señala este punto débil del sistema institucional español desde 2023, sin que el Gobierno haya movido ficha.
Feijóo ha desgranado los párrafos del informe ante el Pleno y ha preguntado al Ejecutivo cuántas advertencias más necesita para actuar. ‘Bruselas ya no pide, exige’, ha repetido en los pasillos de la Cámara Alta. La estrategia de Génova es clara: utilizar cada informe, cada recomendación y cada tirón de orejas de las instituciones europeas como un ariete parlamentario. Y el Senado, donde los populares atesoran 120 escaños, se ha convertido en la principal plataforma de esa ofensiva.
Una Oficina que exculpó a Sánchez con nueve líneas
La OCI resolvió en septiembre de 2025 —después de un recurso del PP ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid— que el presidente no debía haberse abstenido en el Consejo de Ministros que aprobó el rescate de Air Europa. Lo hizo basándose en un escrito de apenas nueve líneas remitido por la propia Moncloa, tal y como desveló la prensa. Solo se recabó la versión del investigado, sin contraste alguno.
Ahora, el informe europeo de 2026 añade más pólvora al argumentario popular. Señala que, en diez años, la OCI apenas denegó el 3,3 % de las solicitudes de autorización tras el cese de altos cargos y que «las sanciones siguen siendo escasas». La Comisión también advierte de que la anunciada Agencia Independiente de Integridad Pública —que debía sustituir a la OCI y reforzar la protección al informante— «no se ha creado». La fundación Hay Derecho, en la que se apoya Bruselas, habla de una «yincana de anuncios que no se materializan».
El Senado como ariete institucional
El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una moción —que se debatirá en la próxima sesión plenaria— para instar al Gobierno a reforzar de inmediato la independencia de la OCI y a crear, sin más dilaciones, la Agencia de Integridad Pública. El portavoz popular en la Cámara Alta, Javier Arenas, ha subrayado que «ningún país serio puede permitirse que el organismo que vigila los conflictos de intereses del presidente sea una sucursal de Moncloa».
La ofensiva llega en un momento delicado para el Ejecutivo, que arrastra el desgaste de los casos de presunta corrupción que salpican a su entorno y a sus socios parlamentarios. Feijóo quiere que cada nuevo informe de Bruselas se convierta en un voto de censura implícito al Gobierno y en una exhibición de la alternativa del PP: comunidades autónomas gobernadas por los populares que, como Madrid o Andalucía, ya han creado oficinas de conflicto de intereses con funciones reales de control y capacidad sancionadora.
La UE no se cansa de repetirlo: la Oficina que blindó a Sánchez sigue sin ser independiente.
El Eje del Poder Popular
El movimiento de Feijóo trasciende el Senado. Con este gesto, Génova logra cohesionar a sus barones territoriales en torno a un discurso de exigencia institucional y transparencia, y al mismo tiempo pone al Gobierno contra las cuerdas justo cuando arranca el verano y el debate público pierde fuelle. No es casualidad que el presidente popular haya elegido la Cámara Alta, donde la mayoría absoluta del PP convierte cada iniciativa en un altavoz mediático, para lanzar este órdago. Ni que lo haya hecho apenas 72 horas después de que Bruselas publicase el informe.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya ha anunciado que llevará el contenido del informe europeo a la Asamblea regional. Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia preparan resoluciones similares. Los once gobiernos autonómicos del PP exhiben así una unidad de mensaje que contrasta con las divisiones internas que afligen a los socios del Ejecutivo. El eje territorial refuerza la ofensiva y obliga a Moncloa a defenderse en múltiples frentes a la vez.
La lectura estratégica es transparente: el PP quiere que el debate sobre la corrupción deje de ser una rémora y se convierta en una palanca. Si el Gobierno no actúa, la oposición seguirá recordando cada palabra del informe europeo. Si actúa a regañadientes, confirmará que solo se mueve bajo presión. En cualquiera de los escenarios, Feijóo se coloca en una posición de fortaleza institucional de cara al próximo periodo de sesiones, que arrancará en septiembre con los presupuestos generales y la negociación de la financiación autonómica como telones de fondo.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: El PP es el único partido que exige transparencia y rendición de cuentas frente a un Gobierno señalado reiteradamente por Bruselas.
- Protagonista: Alberto Núñez Feijóo (presidente nacional del PP).
- Próximo hito: Debate y votación de la moción popular en el Pleno del Senado, previsiblemente la última semana de julio.
