EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Tres propietarios de terrenos en la trasera de Puerto Venecia, en Zaragoza, han presentado recursos contencioso-administrativos ante el TSJA contra la expropiación forzosa para el centro de datos de Microsoft.
- ¿Quién está detrás? Los recurrentes son particulares afectados. La Fiscalía Provincial de Zaragoza investiga, además, dos denuncias por posible delito ambiental por la retirada de amianto en la parcela.
- ¿Qué impacto tiene? Pone en riesgo el inicio de las obras previsto para este año de una inversión de 2.900 millones de euros, clave para el polo tecnológico de Aragón.
Tres propietarios de terrenos en la trasera de Puerto Venecia, en Zaragoza, han abierto un frente judicial contra la expropiación forzosa de sus suelos para el centro de datos de Microsoft. La maniobra judicial supone un serio revés para los planes del gigante estadounidense, que contemplaba iniciar las obras este mismo año de una infraestructura con una inversión de 2.900 millones de euros en Aragón.
Recursos contencioso-administrativos: la expropiación bajo la lupa
Los tres propietarios han presentado sendos recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA, el máximo órgano judicial en la comunidad) al considerar que un proyecto privado no cumple los requisitos legales que justifican el desposeimiento forzoso de la propiedad. La expropiación se enfrenta ahora a un examen judicial que podría anular todo el proceso administrativo si el tribunal estima que se vulneró la normativa.
Los recurrentes sostienen que se ha forzado una figura pensada para obras de utilidad pública e interés social, algo que, a su juicio, no encaja con la iniciativa privada de Microsoft. La empresa, por su parte, mantiene que el proyecto generará cientos de empleos y consolidará a Zaragoza como nodo tecnológico del sur de Europa. Las obras no han comenzado.
El amianto y la investigación de la Fiscalía
En paralelo, la Fiscalía Provincial de Zaragoza ha recibido al menos dos denuncias por un presunto delito ambiental relacionado con la “inadecuada retirada de amianto” de los escombros acumulados en la parcela. Los denunciantes alertan de que el material peligroso fue manipulado sin las medidas de seguridad exigidas, lo que podría haber expuesto a trabajadores y al entorno a un riesgo grave para la salud.
La Fiscalía Provincial de Zaragoza investiga ya los hechos y no descarta abrir diligencias penales si se confirma la existencia de residuos de amianto mal gestionados. La constructora encargada de los trabajos preliminares no ha emitido declaraciones, aunque fuentes cercanas al proyecto admiten que se ha paralizado cualquier movimiento de tierras hasta que se esclarezca la situación.
La inversión de 2.900 millones de Microsoft pende ahora de dos frentes judiciales: la legalidad de la expropiación y la limpieza ambiental del terreno.
El Pulso Territorial
El Gobierno de Aragón, presidido por Jorge Azcón (PP) en coalición con el PAR, ha hecho de la captación de centros de datos una bandera de su política económica. La región ha logrado atraer a gigantes como Amazon y Microsoft, pero la velocidad de los acuerdos choca ahora con la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y ambiental. Otras comunidades como Castilla-La Mancha o Extremadura también aspiran a este tipo de inversiones, pero la posición de Aragón como hub tecnológico queda ahora condicionada a lo que resuelvan los tribunales.
Si el TSJA anula la expropiación o la Fiscalía encuentra indicios de delito, el proyecto podría sufrir retrasos de meses o incluso replantearse. Para la coalición de Azcón, el desenlace también tiene una lectura política: demostrar que el modelo de desarrollo acelerado no sacrifica las garantías legales de los ciudadanos. La próxima vista ante el alto tribunal aragonés aún no tiene fecha, pero el calendario apremia.
Ficha Autonómica
- El caso: La expropiación de terrenos para un centro de datos privado ha sido recurrida por particulares, y la Fiscalía investiga un posible delito ambiental por la retirada de amianto.
- Datos importantes: Inversión total de 2.900 millones de euros, al menos tres recursos contencioso-administrativos ante el TSJA, dos denuncias por gestión inadecuada de amianto.
- Resumen: El proyecto está judicializado a la espera de la decisión del TSJA; el inicio de obras, previsto para 2026, peligra mientras la Fiscalía evalúa posibles responsabilidades ambientales.
