El Tribunal Supremo ha anulado este martes la autorización del parque eólico de Moeche, en A Coruña, por carecer su estudio de impacto ambiental de un análisis adecuado de los efectos sinérgicos y acumulativos con los numerosos proyectos eólicos cercanos. La resolución, que afecta a una instalación promovida por Enel Green Power con 50,4 MW de potencia, estima el recurso de la asociación ecologista Petón do Lobo y anula la luz verde concedida por la Xunta en agosto de 2024.
Una sentencia que exige análisis acumulativo
La sala de lo contencioso-administrativo del alto tribunal concluye que la lectura del estudio ambiental elaborado por la empresa no permite inferir que se hubieran identificado, descrito y cuantificado los impactos que el proyecto podría tener al sumarse a los de otras instalaciones próximas. La ley de evaluación ambiental exige que se examinen los efectos acumulativos y sinérgicos con todos los parques e infraestructuras que rodean a la futura planta, y no solo un inventario de afecciones individuales.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Tribunal Supremo anula la autorización del parque eólico Moeche (A Coruña) por defectos en el estudio de impacto ambiental.
- ¿Quién está detrás? La empresa Enel Green Power promovía el proyecto; la asociación Petón do Lobo recurrió la resolución de la Xunta de agosto de 2024.
- ¿Qué impacto tiene? El fallo frena la construcción de 50,4 MW y refuerza la doctrina Bustelo, que obliga a evaluar los efectos acumulativos de todos los aerogeneradores de un entorno.
Los magistrados subrayan que la normativa ambiental obliga a considerar «la posible interacción con los parques e infraestructuras cercanas» y a descartar de manera expresa aquellos impactos que no resulten significativos. En este caso, la Xunta otorgó la autorización sin que el expediente recogiera una auténtica radiografía de la saturación eólica en la comarca de Moeche, San Sadurniño y As Somozas, donde se ubican las instalaciones.
El Supremo exige que cada parque evalúe no solo su impacto aislado, sino el conjunto de todos los proyectos que lo rodean: cerca de doscientos parques autorizados en Galicia esperan su turno.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Moncloa.com, insiste en que «deben analizarse todos los aspectos y todos sus posibles efectos sinérgicos y acumulativos del proyecto en sí y en relación con los parques e infraestructuras cercanas». La doctrina conocida como doctrina Bustelo —por un fallo anterior del propio Supremo— ya había establecido ese criterio, pero el caso de Moeche es el primero que paraliza un gran parque gallego por este motivo tras el traslado forzoso del juez Luís Villares, que había impulsado esta línea jurisprudencial.
Reacciones cruzadas y el pulso eólico en Galicia
La Asociación Petón do Lobo ha celebrado una decisión judicial que, a su juicio, «pone coto a la burbuja eólica que vive el monte gallego». La plataforma vecinal sostiene que las afecciones acumuladas sobre el paisaje, la avifauna y las aldeas no pueden seguir ignorándose proyecto a proyecto. Por su parte, Enel Green Power ha declinado valorar la sentencia mientras la estudia con sus servicios jurídicos y la Xunta, a través de la Consellería de Economía e Industria, ha admitido que la resolución obliga a revisar los expedientes pendientes que adolezcan de un análisis similar.
El fallo llega en un momento de fuerte tensión entre la administración autonómica, la patronal eólica y las plataformas ciudadanas. La Xunta defiende que el desarrollo de las renovables es clave para el futuro industrial de Galicia, mientras que colectivos como Petón do Lobo o la asociación de montes vecinales reclaman una moratoria hasta que se realice una evaluación estratégica de todo el territorio. Las organizaciones ecologistas han recordado que el Consello de Goberno aprobó el pasado mes de junio una instrucción que pretendía acelerar la tramitación de los proyectos energéticos, justo la dinámica que el Supremo viene a frenar ahora.
El Laboratorio Gallego
Galicia se ha convertido en el mayor campo de ensayo de la eólica terrestre en España. Con más de 3.500 megavatios instalados y cientos de parques en servicio o en tramitación, el territorio ha vivido en la última década un intenso debate entre el impulso industrial, las exigencias ambientales y la cohesión rural. La sentencia del Supremo sobre Moeche no es un episodio aislado: es el reflejo de una doctrina judicial que la planificación territorial gallega ha ido sorteando con autorizaciones fragmentadas.
El PPdeG, que gobierna la Xunta con mayoría absoluta, ha defendido la simplificación administrativa como modelo para acelerar la transición energética, y esa misma idea ha sido recogida por el PP nacional en sus propuestas de reforma de la ley del sector eléctrico. Sin embargo, la resolución judicial demuestra que la ausencia de una evaluación conjunta de los impactos acumulados puede acabar por paralizar en los tribunales lo que se quiso agilizar en los despachos. Los grupos de la oposición, encabezados por el BNG y el PSdeG, han reclamado un plan de ordenación eólica que defina de antemano las zonas aptas y las vetadas, en lugar de tramitar cada proyecto por separado.
La proyección a corto plazo es inmediata: el Consello de Goberno del próximo mes de septiembre deberá decidir si mantiene la instrucción que primaba la celeridad en las autorizaciones o si la adapta a las exigencias de la doctrina Bustelo. Cualquier movimiento en Santiago de Compostela será leído en clave de política nacional, porque el debate sobre la energía eólica —entre el desarrollo renovable y la protección del territorio— es uno de los pocos que enfrenta con dureza a los gobiernos autonómicos con la legislación ambiental europea.
Ficha del Caso
- El caso: El parque eólico Moeche, impulsado por Enel Green Power en A Coruña, fue autorizado por la Xunta en 2024 pero el Supremo lo anula por falta de análisis de efectos acumulativos con otros aerogeneradores cercanos.
- Datos importantes: 50,4 MW de potencia; la sentencia aplica la doctrina Bustelo; afecta a tres municipios (Moeche, San Sadurniño, As Somozas); la asociación Petón do Lobo recurrió.
- Resumen: La decisión judicial frena la construcción y obliga a revisar los expedientes eólicos pendientes en Galicia, evidenciando que el modelo de autorizaciones individuales choca con la exigencia legal de evaluar la saturación del territorio.
