El curso judicial valenciano arranca con los recursos de Eduardo Zaplana y Alfonso Rus pendientes en el Supremo. Mónica Oltra sigue sin fecha de juicio.
El Supremo y dos condenas que pueden acabar en prisión
La posible entrada en prisión del expresident de la Generalitat (el gobierno autonómico valenciano) y exministro del PP concentra la atención inicial. Eduardo Zaplana fue condenado a diez años y cinco meses por cohecho, blanqueo de capitales, falsedad y prevaricación en la privatización de las ITV y las adjudicaciones del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana. La sentencia incluye multas superiores a 25 millones de euros.
Esa libertad no está consolidada. La Audiencia Provincial de Valencia se la concedió en noviembre de 2024 al no apreciar riesgo de fuga, y el Supremo estudia su recurso desde marzo de 2025. El fallo del alto tribunal puede confirmar la condena u ordenar la entrada en prisión.
Un escalón por debajo, Alfonso Rus acumula una condena de cinco años de cárcel desde noviembre de 2023. Fue en la pieza de los trabajadores zombis del caso Imelsa. La sentencia fijó responsabilidades civiles solidarias de 356.554 euros a la empresa Ciegsa y 57.325 a Divalterra, sucesora de Imelsa.
Oltra, Francis Puig y Azud: la otra agenda judicial
La tercera protagonista, Mónica Oltra, sí tiene juicio oral abierto, pero aún no hay fecha. La Audiencia Provincial de Valencia abocó a la exvicepresidenta del Consell y candidata de Compromís a la alcaldía de Valencia a sentarse en el banquillo por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor cometidos por su exmarido. Lo hizo en contra del criterio del juez instructor y de la Fiscalía.
Las acusaciones particular y populares que ejercen Vox y la asociación Gobierna-te recurrieron dos veces el archivo y lograron que la causa llegara a juicio. Junto a Oltra figuran otros doce acusados, varios de sus colaboradores en la Conselleria de Igualdad. Los delitos suman prevaricación, malversación, contra la integridad moral, omisión del deber de perseguir delitos, encubrimiento y abandono de menores.
La corrupción valenciana no se juzga a una sola velocidad: unos recursos buscan evitar la cárcel, mientras otras causas esperan todavía un señalamiento.
La agenda judicial valenciana no termina en los recursos del PP. La causa contra Francis Puig, hermano del expresident Ximo Puig, y el empresario Joan Enric Adell Bover está en el paso previo a la apertura de juicio oral por el supuesto fraude en las ayudas a la promoción del valenciano. La Sección Tercera de la Audiencia de Valencia rechazó en abril los recursos de ambos, y la Fiscalía y la Abogacía de la Generalitat piden entre tres y cuatro años de prisión por estafa y falsedad.
El caso Azud, una macrocausa que abarca a antiguos cargos del PP y del PSPV-PSOE, entró en su recta final con 38 procesados. La jueza de Instrucción 13 de Valencia cerró diez años de investigación con el procesamiento de, entre otros, el exvicealcalde Alfonso Grau, el exdiputado Jorge Bellver, el abogado José Corbín, el ex subdelegado del Gobierno Rafael Rubio y la exalcaldesa de Xixona Rosa María Verdú.
Hay más frentes judiciales de calado político en este inicio de curso. La concejala de Vox en el Ayuntamiento de Valencia Cecilia Herrero tiene abierta una causa por un presunto delito de odio; la Fiscalía reclama tres años de prisión por mensajes contra personas migrantes, LGTBI y con discapacidad. Anticorrupción también mira contratos del concejal Juanma Badenas y mantiene diligencias sobre la alcaldesa María José Catalá y la presidenta del Puerto, Mar Chao.
En Castellón, el expresidente de la Diputación Carlos Fabra y otros nueve acusados, entre ellos el presidente del Villarreal y del grupo Pamesa, Fernando Roig, esperan un nuevo juicio por el origen y la posible ocultación del patrimonio del exdirigente del PP.
El Escenario Valenciano
El Consell que preside Juanfran Pérez Llorca (PP-Vox) inicia el curso político sin que la agenda judicial haya tocado al actual equipo de gobierno. Sin embargo, el calendario de los juzgados se cruza de lleno con los partidos que se reparten el tablero valenciano: PP, PSPV, Compromís y Vox tienen causas abiertas o exdirigentes procesados.
A escala nacional, la causa de Zaplana mantiene viva una de las herencias más incómodas para el PP, que convive con la corrupción como uno de los asuntos que el Gobierno de Pedro Sánchez utiliza en el Congreso para erosionar a la alternativa. La lentitud del Supremo, que lleva desde marzo de 2025 sin resolver, alimenta una sensación de justicia diferida.
La proyección inmediata es incierta. Los recursos de Zaplana y Rus pueden resolverse a lo largo de este curso, mientras que el juicio de Oltra y la macrocausa Azud necesitan todavía señalamiento y, en el caso de Azud, probablemente meses de preparación. Valencia se prepara para un año judicial tan político como mediático.
Ficha del Caso
- El caso: El curso judicial valenciano arranca con los recursos de Eduardo Zaplana y Alfonso Rus ante el Supremo, el juicio sin fecha de Mónica Oltra y la macrocausa Azud con 38 procesados.
- Datos importantes: Zaplana fue condenado a 10 años y 5 meses; Rus a 5 años; Oltra está acusada de prevaricación, malversación y encubrimiento; la Fiscalía pide 3 años de prisión para Cecilia Herrero por delito de odio.
- Resumen: La corrupción y las causas judiciales de dirigentes del PP, PSPV, Compromís y Vox marcan el inicio del curso político valenciano, con impacto estatal y escasa certeza en los calendarios.
