Los litigios climáticos contra las petroleras llegan al Tribunal Supremo de EE. UU. el 5 de octubre. El caso Suncor contra los condados de Boulder y San Miguel, en Colorado, se ha convertido en el gran examen judicial de las demandas climáticas estatales de la última década.
La vista oral examinará si la ley federal desplaza las demandas estatales que reclaman daños por emisiones de gases de efecto invernadero de carácter interestatal e internacional. En 2018, el condado de Boulder, la ciudad de Boulder y el condado de San Miguel demandaron a Suncor y ExxonMobil alegando que las compañías promovieron los combustibles fósiles a sabiendas de sus riesgos climáticos mientras los ocultaban o tergiversaban.
Las empresas niegan la acusación y sostienen que la legislación federal, en particular la Clean Air Act de 1970, deja sin espacio esas reclamaciones estatales. La disputa define si un tribunal estatal puede imponer costes de adaptación climática a empresas cuya actividad trasciende cualquier frontera estatal. Es la pregunta que el Tribunal Supremo lleva esperando desde 2011.
El caso Suncor: de una demanda de 2018 al Tribunal Supremo
El Center for Progressive Reform, grupo de presión ambiental de orientación progresista, convocó esta semana un seminario web en el que varios juristas desplegaron la estrategia de los impulsores de los litigios climáticos. Robert Glicksman, profesor de la Facultad de Derecho de George Washington University, defendió que el caso ofrece a los gobiernos locales la oportunidad de responsabilizar a las empresas que extraen y comercializan combustibles fósiles por los costes públicos de la adaptación climática.
La profesora de la Universidad de Tulane, Rebecca Bratspies, insistió en presentar Suncor como un caso de protección al consumidor. Ese encuadre, argumentó, otorga a Colorado una base más sólida de autoridad estatal que si la demanda se planteara como un intento de regular las emisiones de gases de efecto invernadero.
Bratspies añadió un argumento jurídico clave: la Clean Air Act no desplaza expresamente las reclamaciones de responsabilidad civil estatales. La norma, aprobada en 1970 y enmendada en 1977 y 1990, crea el marco federal contra la contaminación del aire pero preserva cierta autoridad de los estados en su implementación. La vía estatal, insisten, sigue viva.
El Tribunal Supremo tiene en sus manos la frontera entre la autoridad federal y los tribunales estatales en materia climática, una cuestión que lleva abierta desde 2011.
Los críticos de la estrategia no comparten ese análisis. Amy Cooke, directora del Centro de Política Energética y Ambiental del Independence Institute, sostiene que la demanda original era sobre cambio climático, no sobre fraude al consumidor. «Si Boulder cree que los consumidores de Colorado fueron defraudados, que presente ese otro caso. Identifique el engaño, los perjudicados y los daños. Pero esa es una demanda distinta», argumenta Cooke.
La discusión va más allá de los tribunales estatales. Lemir Teron, profesor de la Universidad Howard, planteó que los defensores de la rendición de cuentas deberían enmarcar el cambio climático como una cuestión de derechos humanos, no solo ambiental. Ese giro, dijo, abriría vías internacionales adicionales, desde Naciones Unidas hasta los tribunales penales internacionales.
O.H. Skinner, director ejecutivo de Alliance For Consumers, lo resume desde el otro lado: si el Tribunal Supremo no interviene, los activistas y sus aliados continuarán su campaña de lawfare progresista en en todo el país. Es una lectura dura, pero refleja la tensión que el caso ha instalado en el sistema judicial estadounidense.
La estrategia jurídica: ¿consumo estatal o regulación climática?
El debate de fondo es si la vía del consumidor estatal es un camino legítimo o un atajo procesal. Los impulsores del litigio sostienen que Colorado no está regulando emisiones globales: está persiguiendo un presunto engaño a sus propios consumidores. Los críticos responden que esa distinción es artificial y que el objetivo real es imponer por vía judicial una tasa al carbono que no logró pasar en el legislativo.
La disputa tiene implicaciones institucionales enormes. Si el Tribunal Supremo acepta la tesis de la preemption federal, decenas de demandas similares en marcha en otros estados quedarían heridas de muerte. Si la rechaza, los tribunales estatales se consolidarán como una vía estable de reclamación climática contra el sector fósil.
La Lógica de Washington
La lectura desde Washington es más sencilla de lo que parece. El Tribunal Supremo lleva desde 2011 esperando una ocasión como esta para cerrar el círculo que dejó abierto en el caso AEP contra Connecticut, cuando ocho jueces coincidieron en que el derecho federal común sobre emisiones había quedado desplazado por la Clean Air Act. Aquella sentencia dejó intactas las demandas estatales. Ahora la pregunta es si también caen.
La mayoría conservadora del Tribunal Supremo ha mostrado en los últimos años una preocupación creciente por los tribunales estatales que intentan fijar políticas nacionales mediante pleitos contra empresas. Es el mismo razonamiento que subyace a la doctrina de las cuestiones mayores: las decisiones de gran calado económico deben tomarlas el Congreso, no los jueces.
Para el electorado de Donald Trump y del Partido Republicano, limitar el alcance de los litigios climáticos estatales es una prioridad judicial. Lo han dicho en cada conferencia conservadora y lo han aplicado en los nombramientos judiciales de los últimos años. La revisión de Suncor es coherente con esa agenda.
¿Qué significa para España? El sector energético español observa el caso con atención. Repsol, la principal petrolera española, opera en mercados internacionales y participa en disputas climáticas en otros foros jurídicos. El precedente que fije el Tribunal Supremo condicionará la litigiosidad climática en todo el espacio jurídico anglosajón, incluido el que pueda afectar a filiales estadounidenses de empresas energéticas europeas.
Iberdrola y otras compañías del IBEX 35 con negocio estadounidense también siguen la evolución de la jurisprudencia sobre emisiones. La decisión puede definir si los tribunales estatales se convierten en una vía permanente de reclamación climática o si esa vía queda reservada al legislador federal. Washington no pide permiso para fijar los límites.
El próximo 5 de octubre la atención judicial estará en la sede del Tribunal Supremo, en Washington. El fallo, que previsiblemente llegará en la primavera de 2027, marcará el rumbo de cientos de demandas climáticas pendientes en todo el país.
Ficha del Caso
- El caso: Suncor Energy contra County Commissioners of Boulder County. Vista oral prevista para el 5 de octubre de 2026 en el Tribunal Supremo de EE. UU. Se examina si la ley federal desplaza las demandas estatales por emisiones interestatales e internacionales de gases de efecto invernadero.
- Datos clave: Demanda presentada en 2018 por tres gobiernos locales de Colorado contra Suncor (Canadá) y ExxonMobil (EE. UU.). Base legal estatal: protección al consumidor y responsabilidad civil. Marco federal en disputa: Clean Air Act de 1970.
- Para España: El precedente condicionará la estrategia de litigios climáticos que puede afectar a Repsol y a otras energéticas españolas con actividad internacional, especialmente en mercados de tradición jurídica anglosajona.
