La Inspección de la Fiscalía General del Estado ha incoado un expediente gubernativo tras la queja presentada por Compromís en relación a las declaraciones del diputado de Vox por Castellón, David Muñoz, quien presumió en las Corts Valencianes de haber recibido información privilegiada sobre una investigación de trata de personas.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Inspección de la Fiscalía investiga si una fiscal de Castellón filtró datos a un diputado de Vox.
- ¿Quién está detrás? La denuncia de Compromís, a raíz de unas palabras captadas por un micrófono abierto durante una comisión parlamentaria.
- ¿Qué impacto tiene? Se examina si la revelación constituye una falta grave; la confianza en la justicia y la separación de poderes quedan en entredicho.
El expediente y la frase que encendió las alarmas
Todo comenzó en una comisión de las Corts donde David Muñoz, diputado de Vox por Castellón y cercano a la presidenta de la Cámara, Llanos Massó, intervino para criticar la política migratoria del Gobierno central. En su alocución, Muñoz afirmó que una operación contra la trata de seres humanos en Nules (Castellón) —en la que se detuvo a siete personas y se liberó a ochenta trabajadores— afectaba a ciudadanos paquistaníes que estaban “en proceso de regularización por las instrucciones del Gobierno de España”.
Lo que vino después quedó grabado para la historia. Durante un receso, un micrófono todavía abierto captó cómo el diputado comentaba a otro colega: “¿Qué te ha parecido el uso de información privilegiada? Lo sé porque me lo ha dicho la fiscal”. Esa afirmación espontánea, lejos de los discursos preparados, desató la tormenta política.
La operación había sido ejecutada conjuntamente por la Guardia Civil y la Inspección de Trabajo, bajo la coordinación de la Fiscalía de Extranjería de Castellón. El comunicado oficial del Instituto Armado solo mencionaba la nacionalidad de los detenidos, no su situación administrativa, lo que contradice el dato esgrimido por Muñoz.
¿Qué investiga la Inspección y qué consecuencias puede tener?
La queja de Compromís, impulsada por su portavoz Joan Baldoví, trasladó a la Inspección de la Fiscalía el vídeo de la comisión. No identificó a una fiscal concreta, pero la propia dinámica apunta directamente a la fiscal delegada para la lucha contra la Trata de Seres Humanos de la Fiscalía Provincial de Castellón, una profesional con más de veinte años de experiencia en Extranjería, Trata y Violencia de Género. Compromís pidió que se investigara si se había cometido una infracción.
La Inspección de la Fiscalía General ha abierto un expediente gubernativo, un paso previo para decidir si incoa un expediente sancionador. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal considera falta grave la revelación, por parte de un fiscal, de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su cargo cuando cause perjuicio a la tramitación del proceso o a cualquier persona.
La revelación de datos de una investigación en curso, si se confirma, pone en jaque la confidencialidad del proceso y la imparcialidad de la fiscalía.
Baldoví celebró la apertura del expediente: “Dijimos que no nos quedaríamos de brazos cruzados ante un hecho tan grave. La ciudadanía merece saber si un diputado de Vox tuvo información privilegiada de un miembro de la fiscalía. Los ciudadanos merecemos una justicia en la cual se pueda confiar”, declaró.
El Escenario Valenciano
Este caso irrumpe en un tablero político valenciano ya caldeado. Vox comparte gobierno con el PP en la Generalitat Valenciana y mantiene la presidencia de las Corts en manos de Llanos Massó, figura clave en Castellón. Las declaraciones del diputado Muñoz y la defensa de Massó —que trató de presentarlo como una broma— no han hecho sino amplificar la percepción de opacidad. Compromís, al llevar el caso a la Fiscalía General, golpea una línea de flotación del pacto de gobierno: la confianza en la separación de poderes.
A nivel nacional, la intervención del órgano disciplinario del Ministerio Fiscal conecta con el debate sobre la independencia judicial y la utilización partidista de la justicia. La Fiscalía General, dependiente del Gobierno, se ve ahora obligada a aclarar si un fiscal autonómico pudo filtrar información a un aliado político de la formación que sostiene ese mismo gobierno. La imagen de una justicia permeable a intereses partidistas es una grieta que ni el PP ni Vox pueden permitirse.
La investigación seguirá su curso; el expediente gubernativo podría alargarse semanas o meses. Mientras, en Valencia, la oposición afilará sus preguntas sobre la relación entre el altavoz parlamentario de la ultraderecha y los despachos de la justicia. Una incógnita que ya nadie puede ignorar.
Ficha del Caso
- El caso: La Inspección de la Fiscalía General investiga si una fiscal de Castellón filtró a un diputado de Vox datos sobre una operación contra la trata de personas en Nules, comprometiendo la confidencialidad de la investigación.
- Datos importantes: Operación con siete detenidos en Nules, el diputado Muñoz mencionó la regularización de los implicados, extremo no confirmado por la Guardia Civil. La conversación se captó por micrófono abierto en las Corts.
- Resumen: La inspección disciplinaria de la Fiscalía General abre una primera fase para determinar si hubo infracción grave, un proceso que tensa aún más las costuras del pacto PP-Vox en la Comunitat Valenciana.
