El Gobierno Vasco se ha personado en el concurso de acreedores de Grup La Pau, la cooperativa catalana de ambulancias a la que reclama una deuda de 13,6 millones de euros. La iniciativa, formalizada el 15 de julio ante el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Barcelona, busca garantizar el cobro de los importes adeudados tras la rescisión de los contratos que la empresa mantenía con Osakidetza.
Una deuda millonaria por impagos y sanciones
La cuantía total reclamada se desglosa en varios conceptos, según la documentación presentada por los servicios jurídicos del Gobierno Vasco. Destacan 9 millones de euros en impagos a la plantilla, 0,9 millones en penalidades, 1,6 millones en reclamaciones judiciales ya en curso y otros importes que incluyen multas de vehículos o 71.063 euros por alquileres impagados de una base de bomberos en Álava.
Grup La Pau era la adjudicataria del servicio externalizado de ambulancias urgentes y programadas en Bizkaia y Álava hasta finales de 2024. El Gobierno Vasco rescindió anticipadamente los contratos por una cascada de incumplimientos, entre ellos el impago de la paga extraordinaria de julio de 2024 y otros conceptos salariales. A pesar de que meses antes la administración había avalado su solvencia, los problemas se agravaron hasta hacer inviable la continuidad.
Contratos de emergencia y nueva licitación en marcha
Para mantener un servicio esencial, Osakidetza activó dos contratos de urgencia. En Álava se recurrió a Ambulancias Gipuzkoa, que ya operaba en ese territorio, mientras que en Bizkaia se constituyó la unión temporal Bizkanb, participada por la rama sanitaria de Alsa (Sanir) y Baztan-Bidasoa. Estos contratos provisionales cubren el servicio desde entonces, aunque el Gobierno Vasco ha abierto ya una licitación ordinaria para normalizar la situación.
En paralelo, Grup La Pau consiguió una nueva adjudicación en Cataluña pese a los antecedentes, pero en junio de 2026 entró en concurso de acreedores. El administrador concursal, Jordi Albiol, gestiona ahora un procedimiento que acumula un pasivo relevante.
La personación busca asegurar los 13,6 millones que la Administración vasca tiene reconocidos como crédito en el procedimiento concursal.
El impacto económico para las arcas públicas y los trabajadores
Los servicios jurídicos del Ejecutivo vasco alertan de que los juzgados de lo social están condenando solidariamente a la administración a abonar las deudas laborales de La Pau. Hasta ahora se han desembolsado 141.559 euros por este concepto y la previsión es que la cifra total se acerque a 1,7 millones en reclamaciones de antiguos empleados. En conjunto, Salud ha tenido que adelantar ya más de 10 millones para cubrir los agujeros que dejó la cooperativa.
Los avales constituidos en su día sumaban unos 12 millones de euros, aunque la cifra ejecutable se ha reducido a 8,9 millones. La personación en el concurso es el paso jurídico que permitirá defender el crédito de la hacienda vasca frente a otros acreedores en el procedimiento mercantil de Barcelona.
