EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Comité Judicial del Senado pospuso este miércoles la votación que debía avanzar la nominación de Todd Blanche como fiscal general permanente al no contar con los apoyos republicanos necesarios.
- ¿Quién está detrás? Los senadores republicanos Thom Tillis y John Cornyn exigen garantías escritas sobre los límites del polémico fondo «anti-armamentización» que el Departamento de Justicia quiere usar para compensar a quienes la Casa Blanca considera víctimas de persecución política.
- ¿Qué impacto tiene? El bloqueo evidencia las fisuras dentro del Partido Republicano por el nuevo instrumento judicial del Gobierno y retrasa, al menos varias semanas, la confirmación definitiva del máximo responsable del DOJ.
Todd Blanche se ha visto obligado a esperar. El Comité Judicial del Senado —controlado por los republicanos— aplazó ayer la votación que debía enviar su nominación al pleno de la Cámara porque dos senadores del propio partido, Thom Tillis (Carolina del Norte) y John Cornyn (Texas), se niegan a darle luz verde mientras no se acote el alcance del fondo de compensación que el Departamento de Justicia pretende desplegar.
Según ha confirmado un portavoz del presidente del Comité, Chuck Grassley, la sesión programada para este miércoles se suspendió porque «los senadores Cornyn y Tillis quieren garantías escritas del Departamento de Justicia en relación con el acuerdo Trump-IRS». El objetivo de la maniobra es asegurar los votos necesarios para que el candidato, al que el presidente considera altamente cualificado, supere el filtro de la comisión.
Cornyn había concertado una reunión con Blanche para la mañana del miércoles, pero el encuentro nunca llegó a producirse. El senador texano ha detallado que su equipo entregó al DOJ un documento con tachaduras y propuestas de modificación sobre el punto que más inquieta: hasta dónde llega la inmunidad fiscal que el fondo otorgaría a los beneficiarios. «No sé si mañana habrá una sesión de trabajo», admitió Cornyn antes del aplazamiento, dejando claro que la votación no podía salir adelante sin un texto cerrado.
La postura de Tillis es idéntica. «Él no se está echando atrás», dijo sobre su colega, «simplemente está siendo realista sobre la posibilidad de programar una votación». Ambos senadores temen que el fondo, bautizado como anti‑weaponization fund, termine blindando a personas elegidas a dedo frente a auditorías no solo de la Agencia Tributaria (IRS) y del Tesoro, sino también de otras agencias federales. Esa amplitud es, justamente, la que el DOJ deberá recortar por escrito si quiere recuperar los dos votos díscolos.
Fuentes del Departamento de Justicia aseguran que el martes enviaron una nueva propuesta a Cornyn «fruto de las continuas conversaciones con el Comité y con la oficina del senador». Un funcionario del DOJ declaró a este diario que el departamento «espera seguir debatiendo cualquier cuestión pendiente» y que llevan semanas en contacto con los miembros del panel. Sin embargo, el aplazamiento demuestra que la respuesta no ha bastado para disipar las dudas.
Dentro del propio Partido Republicano, la sombra del fondo de compensación agrieta la unanimidad en torno a la agenda judicial de Trump.
La Lógica de Washington
Entender el frenazo a Todd Blanche exige mirar más allá de un simple desacuerdo técnico. La Casa Blanca quiere un fiscal general que ejecute sin cortapisas la agenda de «desarmamentización» del Estado: resarcir a quienes, a juicio del presidente, fueron atacados por la Administración anterior. Pero senadores como Tillis y Cornyn —republicanos institucionales— perciben que un cheque en blanco fiscal puede abrir la puerta a todo tipo de abusos y desgastar al partido de cara a las elecciones de medio mandato. No se oponen a la figura de Blanche; sí al instrumento que heredará.
El pulso recuerda, salvando las distancias, a las batallas internas que vivió Ronald Reagan en los años ochenta cuando algunos de sus propios legisladores le pararon los pies en la desregulación de las comunicaciones. Aquella vez, la tensión entre lealtad presidencial y prudencia legislativa acabó forzando un acuerdo; esta, todo apunta a que Blanche será confirmado, pero con el fondo notablemente recortado. Lo que está en juego no es solo un nombramiento, sino el equilibrio de poderes dentro del propio partido que controla los dos extremos de la avenida Pennsylvania.
Para España, el retraso añade un grano de arena a la ya compleja cooperación judicial bilateral. El DOJ es un socio clave en las investigaciones sobre evasión fiscal de empresas españolas con operaciones en Estados Unidos. Si el departamento navega con un fiscal general interino y sin mandato pleno, los tiempos de las pesquisas transatlánticas se ralentizan. Madrid observa sin urgencia, pero con interés, un atasco que puede tardar semanas en resolverse.
Ficha del Caso
- El caso: La nominación de Todd Blanche como fiscal general permanente quedó bloqueada en el Comité Judicial del Senado por la negativa de dos senadores republicanos a apoyarla mientras no se clarifique el fondo de compensación para víctimas de persecución política.
- Datos clave: El voto previsto para el miércoles 29 de julio de 2026 fue pospuesto sin fecha nueva. Los senadores Tillis y Cornyn exigen que el Departamento de Justicia precise por escrito qué agencias quedarían al margen de la inmunidad fiscal.
- Para España: El atasco retrasa la plena operatividad del DOJ, lo que puede dilatar los intercambios de información en investigaciones fiscales o de fraude que afecten a empresas españolas con intereses en EE. UU.
