Sumar se enfrenta a un debate interno de calado en pleno verano. El anteproyecto de ley de violencia vicaria que el Gobierno de coalición aprobó el 14 de julio acumula críticas de organizaciones de infancia y de expertas jurídicas, lo que está obligando a la formación a revisar su posición en un terreno especialmente sensible para la izquierda. No se trata solo de una ley más: el texto vuelve a poner sobre la mesa el equilibrio entre el enfoque de la violencia de género y los derechos de los niños y niñas como víctimas directas, una tensión que atraviesa a las propias confluentes de Sumar.
La ley en el foco: críticas a la definición y medidas redundantes
El anteproyecto modifica diez textos legales —incluida la Ley Integral de Violencia de Género de 2004— con la intención de ampliar la protección a descendientes sin límite de edad, ascendientes, hermanos y otras personas del entorno de la mujer. En el ámbito penal, fija un agravante de género y prohíbe difundir actuaciones judiciales; en el civil, introduce la privación automática de la patria potestad tras condena firme por delitos graves y la suspensión cautelar de la custodia y las visitas cuando haya indicios racionales de violencia. Pero la letra pequeña ha encendido las alarmas de organizaciones que llevan años trabajando con la infancia.
Marina López Llorente, técnica de la Plataforma de Infancia, sostiene que la ley perpetúa una visión adultocéntrica que desdibuja la realidad de los niños, niñas y adolescentes. «Persiste una falsa creencia de que la infancia no sufre o que su daño es colateral, secundario y vicario», dijo al medio El Salto. La plataforma defiende que presenciar o sufrir violencia en el hogar constituye una agresión directa, no vicaria. En la misma línea se pronuncia Estrela Viñas, presidenta de Agamme, quien alerta de que la redacción que vincula la violencia al «objetivo de causar a la mujer el mayor daño posible» puede diluir la figura de la víctima menor de edad.
Junto a la definición, el anteproyecto incluye medidas que, para varias juristas, ya existen desde la aprobación de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia (Lopivi) en 2021. Victoria Rosell, de la Asociación de Mujeres Juezas de España, es taxativa: «Lo que están contando ya está en la ley; no veo cuál es la reforma favorable». La magistrada advierte, además, de que el texto podría limitar el derecho a la escucha de los menores al permitir que se haga a través de representantes «cuando no convenga al interés del menor» sin definir esa excepción.
El debate interno en Sumar: feminismo en tensión
Estas críticas no son inocuas para Sumar. La formación que lidera Yolanda Díaz alberga dos almas feministas que, a menudo, conviven con dificultad: la que sitúa la protección de las mujeres como eje de la lucha contra la violencia machista y la que exige poner a la infancia en el centro. El anteproyecto de violencia vicaria devuelve esa grieta al primer plano.
La ley de violencia vicaria no solo tensa al movimiento feminista: dentro de Sumar hay quienes la consideran un avance necesario y quienes ven un texto redundante que desplaza a las verdaderas víctimas.
Un indicio claro de la división fue la negativa inicial del Ministerio de Juventud e Infancia, en manos de Sira Rego (Izquierda Unida, una de las confluentes de Sumar). En febrero de 2026, el departamento se desmarcó del texto por la resistencia de Justicia a incorporar cambios sobre la tipificación, el régimen de visitas y el derecho de escucha. El bloqueo duró hasta julio, cuando Infancia dio por buenas las enmiendas introducidas. El episodio revela que dentro del espacio de Sumar hay posiciones diferenciadas sobre cómo legislar la violencia vicaria, y que el consenso no está garantizado.
Fuentes del Grupo Parlamentario Sumar admiten que la ley genera «un debate muy vivo» entre sus diputadas. Algunas voces próximas a Más País o a sectores feministas clásicos apoyan la norma porque refuerza el marco de la violencia de género; otras, cercanas a Izquierda Unida y a los grupos que trabajan infancia, insisten en que la ley debe hablar de víctimas directas y no solo de mujeres. La discusión, además, coincide con un momento en que la coalición con el PSOE ya ha vivido roces por las leyes del «solo sí es sí» o por las discrepancias sobre los ritmos de la agenda feminista.
La Dinámica de Coalición
El debate sobre la violencia vicaria tiene una lectura interna de largo recorrido. Sumar gobierna en coalición con un PSOE que ha asumido como propia esta ley, impulsada por la ministra Ana Redondo. Pero el malestar de las organizaciones de infancia pone a la formación de Yolanda Díaz en una posición incómoda: no puede rechazar un texto que nace del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, pero tampoco puede ignorar las críticas de un sector social que es parte de su base.
El juego de mayorías es ajustado: el Grupo Parlamentario Sumar dispone de 31 escaños, y el Gobierno necesita su voto para sacar adelante la ley. Si las críticas siguen creciendo, Díaz tendrá que decidir hasta dónde tensa la cuerda con el PSOE para introducir enmiendas que refuercen el enfoque en los derechos de la infancia. Un pulso similar al que Sumar dio con la ley de vivienda o con la reducción de jornada, y que en cada caso midió su capacidad interna de negociación.
La proyección inmediata lleva al otoño, cuando se espera que el proyecto entre en el trámite parlamentario. Será ahí donde las confluentes tendrán que fijar una posición común. Si el debate interno no se cierra antes, la ley de violencia vicaria puede convertirse en otro campo de batalla dentro de Sumar, justo cuando la legislatura entra en su fase más exigente.
Ficha del Caso
- El caso: El anteproyecto de ley orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, aprobado el 14 de julio por el Gobierno, acumula críticas por adultocentrismo, duplicidad con la Ley de Protección Integral a la Infancia y posible criminalización de las madres protectoras.
- Datos importantes: 68 niñas y niños asesinados por violencia vicaria desde 2013 (3 en 2026, según Igualdad). La ley modifica diez textos legales y fue aprobada tras meses de bloqueo por el rechazo inicial del Ministerio de Infancia, en manos de IU dentro de Sumar.
- Resumen: La tramitación de la ley pondrá a prueba la unidad interna de Sumar y su capacidad de influir en el PSOE para corregir un texto que organizaciones de infancia consideran insuficiente y que aviva la pugna entre dos enfoques feministas dentro del espacio de la izquierda.
