El equipo legal de Donald Trump ha presentado este martes un recurso ante el Tribunal Supremo para revocar la sentencia de 83 millones de dólares por difamación a la escritora E. Jean Carroll, argumentando que sus declaraciones negando las acusaciones de abuso sexual están protegidas por la inmunidad presidencial.
La petición llega después de que un tribunal federal de apelaciones rechazara a finales de abril la solicitud de Trump de reconsiderar el caso. Ahora, sus abogados solicitan a los nueve jueces que declaren que las manifestaciones del presidente, realizadas mientras ocupaba el cargo, se enmarcan en sus funciones oficiales y, por tanto, no pueden ser objeto de una demanda por difamación. En paralelo, el Departamento de Justicia ha pedido acogerse a la Ley Westfall, una norma que protege a los empleados del Gobierno de ser demandados por actos realizados en el ejercicio de su trabajo, para que sea el propio Estado el que figure como demandado en lugar de Trump.
En el recurso, los letrados subrayan que «es el primer caso en la historia de la nación en el que un tribunal impone daños y perjuicios a un presidente por su conducta en el cargo». Sostienen que las acusaciones que afectan a la idoneidad del presidente para el cargo son «indiscutiblemente asuntos de interés público» y que las declaraciones presidenciales en respuesta a preguntas de la prensa sobre dichas acusaciones son «claramente oficiales». El equipo de Trump invoca la histórica decisión del Tribunal Supremo de 2024 sobre inmunidad presidencial, que amplió la protección de los actos oficiales de un presidente.
La escritora E. Jean Carroll ha presentado dos demandas contra Trump por difamación tras acusarle de abusar sexualmente de ella en los años noventa. En el primer litigio, resuelto en 2023, Carroll obtuvo una indemnización de 5 millones de dólares. El segundo proceso, amparado en la Ley de Supervivientes Adultos de Nueva York, culminó en 2024 con una condena de 83 millones de dólares adicionales. Trump ya ha abonado los 5 millones más los intereses acumulados desde 2023, pero ha recurrido ambos veredictos.
El pasado mes de junio, el Tribunal Supremo declinó revisar la primera sentencia. Ahora, la defensa del presidente centra sus esfuerzos en la segunda condena. Tras la negativa del tribunal de apelaciones en abril a reconsiderar el caso el equipo legal de Trump ha llevado su recurso a la máxima instancia judicial.
El recurso ante el Tribunal Supremo es el último intento de Donald Trump de blindar sus actos como presidente, alegando que sus declaraciones públicas sobre acusaciones personales están protegidas por la inmunidad presidencial.
Los dos juicios de E. Jean Carroll
Carroll sostiene que Trump la agredió sexualmente en un probador de unos grandes almacenes a mediados de los noventa. El presidente siempre ha negado los hechos y ha cuestionado la veracidad de las pruebas, incluido el vestido que la escritora afirma que llevaba puesto aquel día. El primer juicio, en 2023, determinó que Trump era responsable de abuso sexual y difamación, con una compensación de 5 millones de dólares. El segundo veredicto, en 2024, añadió 83 millones por nuevas declaraciones difamatorias realizadas mientras Trump ya era presidente.
En ambos procesos, los tribunales rechazaron los argumentos de inmunidad presidencial. La defensa de Trump sostiene ahora que la sentencia del Tribunal Supremo de 2024 sobre la inmunidad de los actos oficiales cambia el escenario jurídico y debe aplicarse con carácter retroactivo a este caso. Mientras tanto, la indemnización millonaria sigue en el aire, a la espera de que el alto tribunal decida si admite el recurso.
La Lógica de Washington
La insistencia de Trump en llevar este caso hasta el Tribunal Supremo responde a un cálculo jurídico, pero también político. En el plano legal, la estrategia se apoya en el precedente de la inmunidad presidencial establecido en el fallo de 2024, que otorga al presidente una protección casi absoluta para los actos realizados en el ejercicio de sus funciones. Si el Tribunal acepta que las declaraciones de Trump negando las acusaciones de Carroll se produjeron en el contexto de su labor presidencial —respondiendo a la prensa y defendiendo su idoneidad para el cargo—, la condena por difamación podría quedar anulada y sentaría un precedente de gran alcance.
En el terreno político, la ofensiva judicial refuerza el relato de Trump de que es víctima de una persecución judicial. De cara a su base electoral, cada recurso ante la máxima instancia judicial es una muestra de que el sistema está en su contra y de que él lucha hasta el final. Para el Partido Republicano, el caso alimenta la narrativa de que el poder judicial está politizado. No hay un impacto directo para España en esta batalla legal, pero la erosión de la rendición de cuentas presidencial y la ampliación de la inmunidad del jefe de Estado americano son cuestiones que preocupan a los aliados europeos, por cuanto afectan a la solidez de las instituciones democráticas.
La próxima ventana clave será la decisión del Tribunal Supremo sobre si admite a trámite el recurso. Si lo hace, el caso podría resolverse en el plazo de un año. Mientras, la condena de 83 millones de dólares permanece en suspenso, a la espera de que los nueve jueces aclaren hasta dónde llega la inmunidad de un presidente.
Ficha del Caso
- El caso: Donald Trump recurre al Tribunal Supremo la condena de 83 millones de dólares por difamación a E. Jean Carroll, alegando que sus declaraciones como presidente estaban protegidas por la inmunidad oficial y que el Gobierno debería sustituirle como demandado.
- Datos clave: Dos veredictos contra Trump: uno de 5 millones (pagado) y otro de 83 millones. El recurso se basa en la decisión del Supremo de 2024 sobre inmunidad presidencial y en la Ley Westfall. El tribunal de apelaciones ya rechazó revisar el caso en abril de 2026.
- Para España: Sin repercusión directa en la economía o las empresas españolas, pero la ampliación de la inmunidad presidencial podría debilitar los mecanismos de rendición de cuentas del poder ejecutivo estadounidense, un socio clave para la UE y España.
