Un juzgado de Santiago condena al Sergas a pagar 300.000 euros por la muerte de un paciente sin médico en A Estrada

La sentencia aplica la doctrina de la pérdida de oportunidad a un fallecimiento ocurrido en 2018 en el PAC de A Estrada. El Sergas estudia recurrir ante el TSXG.

Un juzgado de Santiago condena al Sergas a pagar casi 300.000 euros por una muerte evitable en un PAC gallego. El fallo reconoce la pérdida de oportunidad de un paciente de 65 años que falleció en 2018.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Un juzgado ha condenado al Servizo Galego de Saúde a indemnizar con cerca de 300.000 euros a la familia de José Manuel Brey.
  • ¿Quién está detrás? La sentencia señala al Sergas por no garantizar atención médica en el PAC de A Estrada en agosto de 2018.
  • ¿Qué impacto tiene? Abre la puerta a nuevas reclamaciones por déficit de facultativos en la sanidad rural gallega.

Una condena por pérdida de oportunidad terapéutica

La resolución, emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santiago de Compostela, considera que las deficiencias del servicio privaron al paciente de la probabilidad estadística de sobrevivir. No habla de una causa directa de la muerte, sino de una pérdida de oportunidad, figura jurídica que reconoce que una atención a tiempo habría modificado el desenlace.

José Manuel Brey, enfermo de párkinson, acudió a las siete de la tarde del 4 de agosto de 2018 al Punto de Atención Continuada de A Estrada, en la provincia de Pontevedra. Sufría fiebre y dolor abdominal. Falleció una hora y cuarto después en la sala de espera, sin que llegara ningún facultativo.

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El centro debía contar aquella tarde con dos médicos. Uno había sido convocado también para el PAC de Vilagarcía, a más de 30 kilómetros, y en el sistema aparecía con las dos guardias asignadas al mismo tiempo. El otro facultativo salió a atender una urgencia y avisó de que el servicio quedaba descubierto.

El Sergas alegó entonces la falta general de médicos, y la dificultad de encontrar sustituto en un sábado de agosto. Sin embargo, la sentencia concluye que no se hizo una valoración médica inicial del paciente y que esa carencia responde a fallos organizativos del servicio autonómico de salud.

La familia de Brey inició un largo recorrido judicial. Primero fueron absueltos los médicos en vía penal, aunque la resolución ya apuntaba que el desenlace podría haber sido distinto con atención inmediata. Ahora, la vía administrativa condena al Sergas y a su aseguradora a pagar casi 300.000 euros.

La sanidad rural gallega vuelve a quedar señalada por una sentencia que convierte la falta de médicos en responsabilidad patrimonial.

La reacción del Sergas y de la familia

El fallo no es firme. Los servicios jurídicos del Sergas estudian presentar recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el máximo órgano judicial en la comunidad autónoma. Mientras tanto, la familia de la víctima ha insistido en que los recortes sanitarios están detrás de lo ocurrido.

En su momento, la hija del fallecido resumió la postura de los suyos: «Si el médico no tuvo la culpa, la tiene el Sergas». Esa lectura es la que ha terminado por imponerse ocho años después, aunque con la cautela formal de que la sentencia no atribuye culpa penal a ninguno de los facultativos.

La condena se apoya en la pérdida de oportunidad terapéutica, una doctrina que en Galicia ha ido ganando peso en reclamaciones contra el Sergas. La administración sanitaria gallega acumula litigios por demoras diagnósticas, falta de especialistas y cierres de servicios en zonas rurales.

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El Laboratorio Gallego

Lo que se observa en este caso no es solo una cuestión judicial: es la manifestación de una tensión estructural que la sanidad pública gallega arrastra desde hace años. La Xunta de Galicia, gobernada por el PPdeG con mayorías absolutas desde 2009, ha defendido la reorganización de los puntos de atención continuada como una estrategia de eficiencia. Las organizaciones sindicales y los colectivos rurales la han definido en cambio como recorte encubierto.

La lectura nacional tampoco es menor. Las mismas dificultades para cubrir guardias médicas en agosto, la misma dependencia de refuerzos telefónicos y la misma tensión entre calidad asistencial y sostenibilidad presupuestaria se repiten en otras comunidades autónomas. Este fallo sirve de advertencia para administraciones que están rediseñando sus mapas sanitarios rurales.

La proyección pasa ahora por el recurso ante el TSXG y por el posible goteo de reclamaciones similares en otros PAC gallegos. Si la condena se confirma, consolidará una vía de indemnización que puede obligar a revisar los protocolos de cobertura en los centros de atención continuada.

En paralelo, el caso vuelve a situar la sanidad como terreno sensible en la política gallega. El BNG y el PSdeG han denunciado en el Parlamento de Galicia el déficit de profesionales en la atención primaria, mientras la Xunta defiende sus convocatorias de empleo público. El desenlace judicial puede dar argumentos a la oposición en un debate que ya era recurrente.

Ficha del Caso

  • El caso: La familia de José Manuel Brey, fallecido en 2018 en el PAC de A Estrada sin atención médica, reclamó una indemnización al Sergas por la pérdida de oportunidad de supervivencia.
  • Datos importantes: Casi 300.000 euros de condena, 65 años del paciente, hora y media de espera, dos facultativos previstos y una guardia descubierta.
  • Resumen: La sentencia reconoce un fallo organizativo del Sergas y puede abrir la puerta a nuevas reclamaciones por la falta de médicos en la sanidad rural gallega.