EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La jueza de la DANA ha incorporado a la causa los mensajes del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, a la entonces vicepresidenta Teresa Ribera sobre la riada.
- ¿Quién está detrás? El organismo estatal CHJ, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, y la Generalitat Valenciana, cuyo Centro de Emergencias —entonces bajo el gobierno de Mazón— ignoró los avisos del SAIH sobre el barranco del Poyo.
- ¿Qué impacto tiene? Los mensajes refuerzan la línea de investigación sobre la responsabilidad de la administración autonómica en la gestión de la emergencia, en un proceso que afecta directamente al expresident Carlos Mazón.
La jueza encargada de la instrucción del caso DANA ha incorporado formalmente a la causa los mensajes que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, envió a la entonces vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, en las horas y días posteriores a la catástrofe del 29 de octubre de 2024. En esos reportes, Polo relata que el Centro de Emergencias de la Generalitat Valenciana ignoró los avisos del barranco del Poyo pese a que en su cabecera se registraron lluvias superiores a los 400 litros por metro cuadrado.
La información, adelantada por este diario y ya en poder de la instructora, revela la cronología de una alerta que nunca llegó a activarse adecuadamente. El propio presidente de la CHJ lo escribió con claridad horas después de la riada: “El barranco del Poyo, que es uno de los que más daños ha causado en la comarca de L’Horta Sud, perdimos datos a partir de 2000 m3/s. Hubo lluvias en cabecera de 400 litros. Hubo muy poco tiempo de maniobra, el SAIH envió los avisos pero emergencias debía de estar tan pendiente de Utiel-Requena que no debieron de prestarle atención al Poyo”.
Los ‘dantescos’ datos que Emergencias no atendió
Los mensajes incorporados al sumario muestran que el SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica) funcionó y emitió los avisos pertinentes. Sin embargo, el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), que reunía a representantes de la Generalitat y del Estado, estaba colapsado por otras emergencias. La conclusión de Polo es nítida: “El aviso del Poyo se perdió entre la saturación”. En la misma línea, un perito de la causa calificó de “dantescos” los datos de lluvia que el Cecopi tenía sobre su mesa.
Aquella noche, mientras el barranco engullía las localidades de Paiporta, Picanya y Aldaia, las comunicaciones entre la CHJ y la Vicepresidencia del Gobierno ya dibujaban un escenario de alarma. Polo informó a Ribera y al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, de que se intentaba tranquilizar a los alcaldes ante la avenida de la presa de Forata, pero insistió en que “lo malo es que esta noche se esperan nuevas lluvias, aunque de menor intensidad”.
El aviso del barranco del Poyo se perdió entre la saturación de Emergencias; 400 litros de lluvia no fueron suficientes para activar la alerta.
La cronología de la noche trágica en los reportes de la CHJ
Los mensajes reconstruyen las horas más críticas. A las 00.30 de la madrugada, el presidente de la CHJ ya advertía de que “el río Turia lleva mucho caudal, ha llegado a 2000 m3/s, pero no debe de haber habido problemas en los municipios ribereños”. La presa de Forata, principal preocupación, había empezado a desaguar con tendencia a la baja, aunque los servicios de emergencia del 112 autonómico estaban “completamente saturados” por las llamadas de personas atrapadas.
A las 7.00 de la mañana siguiente, en la primera reunión del Cecopi del día 30, la situación seguía siendo caótica. “Las lluvias han amainado, los caudales en los cauces están bajando, aunque muy lentamente. Toda la preocupación de los servicios de emergencia es recuperar accesos a zonas afectadas porque hay muchas carreteras cortadas y muchos vehículos y camiones atrapados”, detalló Polo en su reporte. A esa hora ya se sabía que Forata se estabilizaba y que los modelos de inundación, incluso, habían acertado en la magnitud del desastre: la realidad coincidió “tal y como previeron los modelos”.
El Escenario Valenciano
La incorporación de estos mensajes a la instrucción judicial eleva la presión sobre la Generalitat, cuyo Centro de Emergencias ya está en el foco de la investigación. El expresident Carlos Mazón (PP), que dimitió en noviembre de 2025 por la gestión de la DANA, declaró en su día como investigado y sostuvo que el Cecopi no le informó adecuadamente. Sin embargo, los nuevos documentos muestran que los técnicos de la CHJ sí remitieron los datos al Cecopi y que la vicepresidencia del Gobierno también los recibió en tiempo real. La contradicción alimenta la línea de la instructora, que busca determinar qué órgano —estatal o autonómico— tuvo la información y no la transformó en una alerta masiva a la población.
En el plano nacional, el caso tensa aún más las relaciones entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el ejecutivo valenciano de Juanfran Pérez Llorca. Mientras el Consell insiste en que fue la Confederación la que no activó los protocolos, el testimonio de Polo apunta en la dirección contraria: la Administración autonómica, con competencias en protección civil, recibió los datos y no actuó. La DANA ya se ha convertido en un arma arrojadiza en el Congreso de los Diputados, donde PSPV y Compromís exigen responsabilidades políticas más allá de la dimisión de Mazón. La proyección inmediata es la declaración de nuevos testigos y la posibilidad de que la jueza cite a altos cargos del antiguo Consell.
Ficha del Caso
- El caso: La jueza de la DANA investiga la gestión de la catástrofe del 29 de octubre de 2024. Los mensajes del presidente de la CHJ, Miguel Polo, a la exvicepresidenta Teresa Ribera muestran que el Centro de Emergencias de la Generalitat ignoró los avisos del barranco del Poyo.
- Datos importantes: 400 l/m² en la cabecera del Poyo, caudal de 2.000 m³/s, 230 víctimas mortales. Los avisos del SAIH llegaron al Cecopi, pero no se activó una alerta masiva.
- Resumen: La instrucción judicial apunta al fallo autonómico en la cadena de alertas, con el expresident Mazón imputado y el gobierno de Pérez Llorca bajo presión.
