La mañana del viernes 31 de julio ha amanecido con la frontera de Ceuta colapsada y un Gobierno desplegando al Ejército para contener una crisis migratoria sin precedentes. El presidente Pedro Sánchez viaja a la ciudad autónoma, mientras en Sumar —socio minoritario del Ejecutivo— la incomodidad se palpa en cada conversación. La llegada de más de 20.000 personas desde Marruecos en apenas unos días ha forzado una respuesta de seguridad contundente, que interpela directamente a una formación política construida sobre la defensa de los derechos humanos. El dilema es crudo: apoyar las medidas del gobierno o marcar distancias y arriesgar la cohesión de la coalición.
El despliegue fue decidido en la noche del jueves, cuando el Ejecutivo ordenó cerrar la frontera de Beni Enzar —la única operativa entre Melilla y Marruecos— y movilizó unidades del Ejército para reforzar a la Guardia Civil en Ceuta. Este viernes, la ciudad sigue recibiendo entradas irregulares a pie y a nado, con un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) saturado, más de mil personas a la espera de ingresar y otras tantas deambulando desorientadas por las calles. El paisaje es el de una emergencia humanitaria gestionada con una lógica de seguridad que inquieta dentro de Sumar. No tanto por la necesidad de orden, sino por el marco político que la envuelve.
La formación que lidera Yolanda Díaz se ha visto arrastrada a un terreno pantanoso. Defensora histórica de una política migratoria basada en derechos humanos y vías legales seguras, ahora comparte mesa de Consejo de Ministros con quienes autorizan patrullas militares en la valla y refuerzos policiales masivos. En Sumar saben que no pueden desentenderse —son parte del Gobierno—, pero callar o avalar sin matices cada paso puede erosionar su identidad ante sus bases y ante los confluentes más sensibles a esta agenda, como Catalunya en Comú o Izquierda Unida.
Hasta ahora, ninguna voz pública de la formación ha criticado abiertamente las decisiones. Fuentes del Grupo Parlamentario Sumar subrayan que la prioridad es garantizar la asistencia humanitaria y evitar discursos securitarios, pero admiten que el tono de la respuesta gubernamental —desplegar al Ejército en vez de recursos civiles de acogida— genera tensiones internas. La lectura oficial se mueve entre la prudencia y el deseo de no romper la baraja de la coalición, mientras algunos sectores exigen un pronunciamiento más nítido en defensa de los derechos humanos.
Sumar necesita explicar cómo se conjugan los derechos humanos con un despliegue del Ejército, y hacerlo sin romper la coalición ni diluir su propio proyecto.
Una crisis que desnuda las costuras de la izquierda
La entrada masiva de personas por la frontera sur —la gran mayoría marroquíes— ha desbordado los dispositivos ordinarios. El CETI, con 512 plazas, alberga a más de mil residentes y un millar más aguarda en sus inmediaciones. El Gobierno ha enviado 200 antidisturbios de la Policía Nacional, 120 guardias civiles adicionales, drones, un helicóptero y el buque Duque de Ahumada, además de activar a las Fuerzas Armadas. Todo con el objetivo declarado de mantener la seguridad y restablecer la normalidad. Sin embargo, en Sumar cunde la sensación de que se ha optado por una receta de mano dura, que prioriza la contención sobre la acogida. Y eso incomoda.
El silencio de la dirección del partido contrasta con la movilización en redes sociales de algunas voces cercanas a los confluentes, que piden una respuesta basada en los derechos de las personas migrantes. Hasta la fecha, ni la vicepresidenta Yolanda Díaz ni la portavoz parlamentaria han hecho declaraciones públicas sobre la crisis. En Moncloa.com hemos podido confirmar que en las últimas horas se han mantenido contactos informales entre varios diputados de Sumar para evaluar si se presenta una batería de preguntas escritas al Gobierno y se solicita la comparecencia urgente del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
El dilema de Sumar: derechos humanos frente a la seguridad acordada con el PSOE
El debate no es nuevo, pero esta crisis lo ha hecho urgente. Sumar fue construido sobre la promesa de un giro social y de derechos que diferenciara a la izquierda de la gestión anterior. Su documento programático de 2023 defendía el cierre de los centros de internamiento de extranjeros, la regularización extraordinaria y un modelo de acogida basado en comunidades autónomas y municipios. Todo choca con la imagen de un Ejército patrullando la playa de El Tarajal. Por eso, algunos dirigentes temen que el silencio actual sea leído como complicidad, mientras otros creen que la prioridad debe ser apuntalar la estabilidad del Gobierno de coalición frente a las presiones del PP y Vox, que ya han cargado contra el Ejecutivo vinculando la crisis con las políticas de regularización.
Fuentes de la dirección de Sumar insisten en que el despliegue del Ejército es un apoyo logístico y no un cambio de doctrina migratoria, pero reconocen que la comunicación ha sido deficiente. La crisis ha pillado al partido sin un relato propio, y ahora intentan construirlo a contrarreloj, conscientes de que cada hora sin un posicionamiento claro profundiza la brecha entre las sensibilidades internas. En el horizonte se asoma incluso la posibilidad de que los confluentes Compromís y Más Madrid emitan comunicados propios distanciándose del enfoque de seguridad, lo que añadiría presión al núcleo de Sumar.
Mientras tanto, Pedro Sánchez ha elegido el viaje a Ceuta como gesto de autoridad y cercanía. El presidente quiere transmitir control y diálogo con Marruecos, y en La Moncloa confían en que Sumar no rompa la disciplina de coalición en un asunto tan sensible. Pero esa confianza es también una advertencia velada: cualquier disidencia será aprovechada por la oposición. El margen de maniobra se estrecha cada hora.
La dinámica de coalición
La crisis migratoria ha tensado los puentes internos de Sumar. Los confluentes que representan Comunidades Autónomas gobernadas por la izquierda observan con lupa la gestión. Catalunya en Comú, que siempre ha defendido un modelo de acogida descentralizado, y Compromís, con un discurso histórico de solidaridad, pueden ser los primeros en marcar distancia. De hecho, fuentes parlamentarias confirman que ya hay conversaciones para coordinar una estrategia que, sin ser beligerante con el Gobierno, subraye la necesidad de centrar la respuesta en la ayuda humanitaria y no en el refuerzo policial. La decisión de Yolanda Díaz de mantener silencio mientras escucha a todas las partes busca evitar una ruptura en el Grupo Parlamentario, que se amplió a 31 diputados tras las elecciones de 2023 gracias a la integración de las confluentes, una mayoría que ahora depende de la cohesión interna.
La relación con el PSOE también sufre un desgaste silencioso. El Gobierno socialista ha optado por una estrategia de seguridad clásica, con el ministro Marlaska elogiando la colaboración de Marruecos y hablando de restablecer la normalidad cuanto antes. Fuentes socialistas reconocen que no se consultó a Sumar antes de ordenar el despliegue del Ejército, lo que ha generado malestar en el socio minoritario. Sin embargo, ninguna de las partes quiere abrir un nuevo frente de batalla. Prefieren dejar pasar esta crisis y, una vez contenida, retomar el diálogo sobre la futura reforma del reglamento de extranjería, un debate que Sumar considera estratégico y donde quiere marcar perfil propio. La proyección apunta a un otoño caliente, con la tramitación parlamentaria de esa reforma como posible campo de negociación y tensión.
La experiencia de crisis anteriores —como la de Canarias en 2024— muestra que las coaliciones resisten si logran un relato compartido. Sumar aspira a que esta vez sea su iniciativa y no la del PSOE la que ofrezca una salida progresista. Pero para ello necesita primero ordenar su propio debate interno, convencer a sus confluentes de que la seguridad no lo es todo y, sobre todo, demostrar que los derechos humanos no son un adorno programático. El tiempo apremia; la ciudadanía y sus votantes observan.
Ficha del Caso
- El caso: La crisis migratoria de Ceuta ha generado la entrada de más de 20.000 personas desde Marruecos, colapsando los centros de acogida y llevando al Gobierno a desplegar al Ejército. La respuesta de seguridad contrasta con la defensa de derechos humanos de Sumar, socio del PSOE en el Ejecutivo.
- Datos importantes: El CETI tiene 512 plazas y más de mil residentes; hay un millar de personas a la espera de ingresar. Se han movilizado 200 antidisturbios, 120 guardias civiles, embarcaciones, drones y el buque Duque de Ahumada, además de unidades del Ejército.
- Resumen: La crisis tensiona la coalición PSOE-Sumar al exponer visiones contrapuestas sobre seguridad y derechos humanos, y fuerza a Sumar a buscar un equilibrio interno sin romper la unidad del Gobierno.
