La Audiencia Nacional tensa la cuerda política del verano. El magistrado José Luis Calama ha dado un paso más en la investigación que vincula el rescate de Plus Ultra con el capital venezolano, y lo ha hecho apuntando hacia la figura más emblemática del socialismo reciente: José Luis Rodríguez Zapatero. El juez ha reclamado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que realice un “estudio exhaustivo” sobre “la evolución de la propiedad del capital social” de la aerolínea, en el marco de la causa por supuesto tráfico de influencias.
El movimiento del juez Calama: qué pide y por qué
La diligencia acordada este lunes por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 profundiza en la línea de investigación que ya se venía siguiendo. Calama ordena a los agentes especializados que analicen con lupa cómo entró y se movió el dinero procedente de Venezuela en el accionariado de Plus Ultra antes y después del rescate público de 53 millones de euros otorgado en 2021 por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, dependiente de la SEPI. No es una mera comprobación notarial: el auto reclama un informe que detalle los cambios de titularidad, las ampliaciones de capital y la identidad última de los fondos que pudieron influir en la decisión del Gobierno de rescatar a una compañía que entonces apenas contaba con cuatro aviones.
La investigación sitúa a Zapatero en el epicentro de una supuesta trama de intermediación. Según el sumario, el expresidente habría utilizado sus contactos con el régimen de Nicolás Maduro para facilitar la llegada de inversores que, a cambio, habrían obtenido ventajas en la negociación del rescate. Un extremo que el equipo jurídico del exjefe del Ejecutivo niega categóricamente y que, por ahora, la Audiencia Nacional tampoco da por probado. Lo que sí ha conseguido el juez es mantener vivo el foco mediático y político.
La sombra del rescate: ¿pudo influir el capital venezolano?
El rescate de Plus Ultra siempre cojeó políticamente. Las cifras bailaban: de una ayuda de 53 millones se pasó a una ampliación posterior de otros 34, lo que elevó la factura a 87 millones de euros de dinero público. Los informes de la AIReF y del Tribunal de Cuentas advertían de las pocas garantías de viabilidad. Y mientras tanto, en Venezuela se cocía una operación que permitió al fondo Barlow Holding —vinculado al empresario chavista Rodolfo Reyes— tomar una participación significativa en la aerolínea. La sospecha de que esos movimientos se orquestaron para facilitar el sí de la SEPI es lo que ahora quiere despejar la UDEF.
Para el PSOE, la instrucción llega en un momento incómodo. Aunque en Ferraz insisten en que se trata de una causa que afecta “a un expresidente a título personal” y no al partido ni al Gobierno actual, la realidad es que la derecha no hará distingos. En Génova ya han vinculado el caso a la “red clientelar” del sanchismo y a lo que denominan “el huracán de corrupción” del Ejecutivo. Una lectura que, a ojos de los estrategas socialistas, es un intento de embarrar el terreno de juego electoral sin pruebas concluyentes.
La dilación de la fase de instrucción, previsiblemente larga, concede al PP una ventana temporal para seguir utilizando el caso como arma arrojadiza. Mientras tanto, la dirección federal del PSOE guarda un silencio calculado: respeto escrupuloso a la labor judicial y una sola frase repetida en privado: “No hay un solo elemento que implique al Gobierno de Pedro Sánchez en este asunto”.
La distancia entre Zapatero y la actual dirección es real, pero la derecha no hará distinciones: cualquier mancha en el historial del partido será proyectada sobre Sánchez.
El Eje del Poder Socialista
En el seno del partido, el caso Zapatero se sigue con una mezcla de preocupación y escepticismo. Preocupación porque el exlíder, que abandonó la Moncloa en 2011 con una popularidad moderada, vuelve a ser noticia por motivos ajenos a la gestión política; escepticismo porque muchos veteranos de Ferraz ven en la imputación un “caso construido” al calor de la ofensiva judicial que también afecta a otros exdirigentes. Sin embargo, la dirección federal evita cualquier gesto que pueda interpretarse como injerencia o defensa corporativa. El argumentario oficial se reduce a la presunción de inocencia y al respeto a la separación de poderes.
Los barones socialistas, con Emiliano García-Page a la cabeza, también miden las palabras. El presidente castellano-manchego, que nunca ha sido sospechoso de alinearse con el zapaterismo, ha pedido “dejar trabajar a la justicia sin contaminar el debate público”. Una postura que comparte en privado buena parte del poder territorial socialista, consciente de que cualquier defensa cerrada de Zapatero podría interpretarse como un aval a prácticas que la mayoría de los afiliados rechaza. En las federaciones más castigadas por los casos de corrupción —Andalucía, Comunidad Valenciana— se prefiere pasar página cuanto antes.
El impacto electoral es, por ahora, una incógnita. Los análisis internos que maneja Ferraz apuntan a que el votante socialista no castiga en las urnas los escándalos de expresidentes, siempre que el liderazgo actual proyecte diligencia y transparencia. Pero la insistencia de los medios conservadores puede generar un ruido de fondo que desgaste, sobre todo si el informe de la UDEF encuentra indicios sólidos. De momento, el Ejecutivo se aferra a dos datos: el rescate de Plus Ultra fue aprobado por organismos independientes y la compañía ha logrado reestructurarse y volar. La lectura a medio plazo depende de que el juez Calama no acelere los plazos antes de las próximas citas electorales.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: “Respeto a la justicia y separación entre la acción de un expresidente y las decisiones del Gobierno”.
- Protagonista: José Luis Rodríguez Zapatero (expresidente del Gobierno).
- Próximo hito: Recepción del informe de la UDEF sobre el capital venezolano, sin plazo fijado pero probable antes de fin de año.
