El Concello de Ourense (el ayuntamiento gallego) ha consumado un sorpasso que resuena en toda la administración local española: con 119,27 días de periodo medio de pago a proveedores, Ourense se convierte en la capital de provincia más morosa de España. El dato, extraído del informe de la Tesorería municipal correspondiente al pasado mes de junio, desbanca al Ayuntamiento de Jaén, que había encabezado esta clasificación durante más de un lustro pero que ahora sitúa su ratio en 80,61 días, su nivel más bajo en décadas.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Concello de Ourense ha desbancado al Ayuntamiento de Jaén como la capital de provincia con mayor periodo medio de pago a proveedores, al registrar 119,27 días en junio de 2026.
- ¿Quién está detrás? La entidad matriz del Concello de Ourense, cuyo alcalde es Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana), y el servicio de Intervención municipal, al que el regidor acusa de bloquear los expedientes.
- ¿Qué impacto tiene? Los proveedores acumulan más de 20 millones de euros en facturas excluidas, los pagos cuadruplican el límite legal de 30 días y el Tribunal de Cuentas ha amonestado al consistorio por ocultar convenios y no rendir cuentas.
La radiografía de la morosidad
Los números que la Tesorería municipal ha remitido al Ministerio de Hacienda dibujan una administración asfixiada por sus propios trámites. Mientras que la Ley de Morosidad fija un plazo máximo de 30 días para abonar las facturas, el Concello ourensano lo supera casi por cuatro. El teniente de alcalde ya vaticinó en junio lo que se avecinaba y culpó directamente al servicio de Intervención de un “atasco burocrático” que mantiene paralizados los pagos de los expedientes.
La tendencia es especialmente alarmante comparada con la mejora de Jaén, que en un año ha recortado su morosidad desde los 200 días que arrastraba durante años. En Ourense, sin embargo, el periodo medio de pago no ha dejado de escalar, y en el sexto mes del año superó los 119 días, según el propio informe municipal.
Ourense cuadruplica los límites legales de pago a proveedores mientras Jaén recorta plazos, y esa divergencia es ya un síntoma de gestión que interpela al municipalismo español.
El efecto dominó en los proveedores
La crisis de morosidad se instala también en los juzgados. Al listado de 119,27 días se suma una cartera de facturas “excluidas” –recibos sin tramitar con más de tres meses de antigüedad– que al cierre del segundo trimestre superaba los 20 millones de euros. Suministradores de electricidad, limpieza y grandes servicios figuran entre los acreedores que llevan meses esperando.
El Tribunal de Instancia número 2 ha dictado medidas cautelares para exigir el “inmediato pago” de 5.427 euros a Mekane Didáctica por una campaña de animación lectora contratada en 2025. En paralelo, Novavial ha logrado una condena firme para que el municipio liquide los intereses de demora, y la constructora Acciona ha demandado al Concello reclamando recargos por el retraso en las certificaciones de la obra de la Plaza de Abastos. Un reguero de pleitos que acaba costando dinero extra a las arcas públicas.
El Tribunal de Cuentas ya ha incluido a Ourense en su particular lista negra. Su “Informe global del sector público local” correspondiente a 2024, publicado hace dos semanas, amonesta a la ciudad no solo por el periodo medio de pago, sino también por incumplir el plazo legal para rendir su cuenta general y por ocultar la relación de los convenios formalizados.
El Laboratorio Gallego
Galicia cuenta con 313 concellos, la mayoría con recursos limitados y una dependencia muy estrecha de las transferencias de la Xunta y del Estado. Ourense, gobernada por Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana), no es el típico feudo del PPdeG que suele copar el análisis autonómico, pero su crisis de pagos ilustra un estrangulamiento financiero que trasciende siglas. El alcalde ha recurrido a la vieja excusa del bloqueo técnico para desviar la responsabilidad, un argumento que los partidos de la oposición local (PPdeG, PSdeG y BNG) rechazan de plano y que traslada el debate al ámbito nacional: la reforma del sistema de financiación municipal sigue sin abordarse y casos como el de Ourense demuestran que los ayuntamientos más vulnerables van camino de convertirse en un problema estructural.
La amonestación del Tribunal de Cuentas añade a la fotografía un componente de opacidad que no es exclusivo de esta ciudad. Hace apenas un año, varios municipios gallegos aparecían en informes similares por retrasos en la rendición de cuentas, y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) reclama desde hace meses un refuerzo de los servicios de intervención. Lo que se ventila en Ourense puede acabar contagiando la credibilidad de la administración local gallega ante los proveedores y ante Bruselas, precisamente cuando la UE vigila con lupa la ejecución de los fondos Next Generation. El próximo Pleno de la corporación deberá aprobar un plan de ajuste que, de no cumplirse, podría activar las medidas coercitivas previstas por el Ministerio de Hacienda.
Ficha del Caso
- El caso: Ourense supera a Jaén como capital provincial con mayor morosidad municipal, con 119,27 días de pago a proveedores y más de 20 millones de euros en facturas sin tramitar.
- Datos importantes: El periodo medio de pago legal es de 30 días (Ley de Morosidad). El Concello acumula condenas judiciales de Mekane Didáctica, Novavial y Acciona. El Tribunal de Cuentas sanciona la opacidad.
- Resumen: La parálisis burocrática y la falta de financiación municipal convierten a Ourense en un espejo de los problemas del municipalismo español, agravados por la ausencia de una reforma integral.
