La relación entre España y Marruecos atraviesa uno de los periodos más complejos de las últimas décadas. Aunque ambos países mantienen una intensa cooperación en ámbitos como la lucha contra el terrorismo, el comercio o el control de la inmigración irregular, los expertos en seguridad llevan años advirtiendo de que la rivalidad entre ambos ya no se limita al terreno diplomático o militar. Cada vez gana más peso lo que los analistas denominan guerra híbrida, una estrategia que combina instrumentos políticos, económicos, tecnológicos, informativos y de presión social para alcanzar objetivos estratégicos sin llegar a un enfrentamiento armado convencional.
El concepto, ampliamente utilizado por la OTAN y por numerosos centros de estudios estratégicos europeos, describe un modelo de competencia en el que los Estados emplean múltiples herramientas de forma simultánea para aumentar su influencia o debilitar la posición de otro país. En este escenario, España también ha desarrollado capacidades destinadas a proteger sus intereses nacionales frente a amenazas híbridas, especialmente en un entorno tan sensible como el Estrecho de Gibraltar, Ceuta, Melilla y el archipiélago canario.
Sin embargo, hablar de guerra híbrida entre Madrid y Rabat no significa afirmar que exista un conflicto abierto entre ambos Estados. La realidad es mucho más compleja. Mientras algunos expertos consideran que ambas partes utilizan instrumentos de presión política para reforzar su posición negociadora, otros recuerdan que la cooperación bilateral sigue siendo imprescindible para garantizar la estabilidad del Mediterráneo occidental.
La guerra híbrida ya forma parte de la estrategia de seguridad nacional
Las amenazas híbridas ocupan desde hace años un lugar destacado en la planificación estratégica española. La Estrategia de Seguridad Nacional identifica riesgos como los ciberataques, las campañas de desinformación, la instrumentalización de los flujos migratorios, la presión económica o las acciones destinadas a influir sobre la opinión pública.
En ese contexto, España ha reforzado de manera progresiva sus capacidades de ciberdefensa, inteligencia y coordinación entre organismos civiles y militares. El objetivo no consiste únicamente en responder ante un ataque, sino en detectar de forma temprana cualquier intento de alterar la estabilidad institucional o comprometer infraestructuras críticas.
La cooperación entre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Mando Conjunto del Ciberespacio, las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y la Policía Nacional constituye uno de los pilares de esta estrategia preventiva. A ello se suma la colaboración con socios europeos y con la OTAN para intercambiar información sobre amenazas híbridas que puedan afectar a la seguridad colectiva.
Los especialistas recuerdan que este tipo de confrontación rara vez utiliza únicamente medios militares. La presión suele ejercerse mediante herramientas diplomáticas, económicas, tecnológicas o informativas, dificultando la atribución directa de responsabilidades y reduciendo el riesgo de una escalada militar convencional.
La inmigración y la presión diplomática centran buena parte del debate
Uno de los episodios que más alimentó el debate sobre la guerra híbrida fue la crisis migratoria de Ceuta en mayo de 2021, cuando miles de personas accedieron a la ciudad autónoma en pocas horas tras una relajación temporal de los controles fronterizos por parte de las autoridades marroquíes. Aquel episodio coincidió con una importante crisis diplomática entre ambos países y fue interpretado por numerosos analistas como un ejemplo de cómo los flujos migratorios pueden convertirse en un instrumento de presión política.
Desde entonces, España ha intensificado la cooperación policial y diplomática con Marruecos para evitar nuevas situaciones similares, al tiempo que ha reforzado los medios de vigilancia en las fronteras terrestres y marítimas.
No obstante, diversos expertos insisten en que resulta necesario diferenciar entre los movimientos migratorios provocados por factores económicos o sociales y aquellos casos en los que pueda existir una utilización deliberada de estos flujos con fines estratégicos.
En paralelo, Madrid también ha apostado por fortalecer su presencia diplomática, consolidar sus alianzas dentro de la Unión Europea y aumentar la coordinación con los países del Mediterráneo para reducir los riesgos asociados a este tipo de amenazas.
La relación bilateral demuestra así un equilibrio permanente entre la cooperación y la competencia. Ambos países necesitan colaborar en numerosos asuntos de interés común, pero al mismo tiempo defienden posiciones distintas sobre cuestiones sensibles que afectan a su política exterior, la seguridad regional y el control del espacio mediterráneo.
La ciberseguridad, la desinformación y la inteligencia como nuevos campos de competencia
Más allá del control de las fronteras o de la actividad diplomática, la ciberseguridad se ha convertido en uno de los ámbitos donde España ha concentrado mayores esfuerzos para hacer frente a las denominadas amenazas híbridas. Las administraciones públicas, las infraestructuras críticas, las redes de transporte, el sistema financiero o las comunicaciones son hoy objetivos potenciales de campañas de espionaje, sabotaje o desinformación que pueden afectar a la estabilidad de un país sin necesidad de recurrir al uso de la fuerza.
En este contexto, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) desempeñan un papel clave en la protección del ciberespacio español. Su labor consiste tanto en prevenir posibles ataques como en mejorar la capacidad de respuesta ante incidentes que puedan comprometer la seguridad nacional o el funcionamiento de servicios esenciales.
La dimensión informativa también ocupa un lugar cada vez más relevante. Los expertos en comunicación estratégica advierten de que las campañas de desinformación, la difusión de contenidos manipulados o la utilización de redes sociales para influir en la opinión pública forman parte del catálogo de amenazas que contemplan tanto la Unión Europea como la OTAN. Aunque atribuir el origen de estas campañas resulta complejo en muchos casos, España ha reforzado sus mecanismos de detección y coordinación para limitar su impacto.
La inteligencia constituye otro de los pilares de esta estrategia. El intercambio de información con socios europeos y aliados permite identificar riesgos emergentes y anticipar posibles escenarios de tensión en regiones especialmente sensibles, como el Estrecho de Gibraltar, Ceuta, Melilla o el Mediterráneo occidental. La prioridad de las autoridades españolas pasa por disponer de una capacidad de análisis que permita responder con rapidez ante cualquier situación que pueda afectar a la seguridad del Estado.
Todo ello demuestra que la protección frente a las amenazas híbridas ya no depende únicamente del potencial militar. La resiliencia institucional, la fortaleza tecnológica y la coordinación entre organismos civiles y militares son factores cada vez más determinantes para garantizar la estabilidad en un entorno internacional caracterizado por la creciente competencia entre Estados.
Disuasión, cooperación y estabilidad: la estrategia española frente a los desafíos híbridos
La política de España hacia Marruecos se mueve sobre un delicado equilibrio entre la disuasión y la cooperación. Por un lado, el Gobierno mantiene el compromiso de reforzar las capacidades de defensa, la vigilancia de las fronteras y la protección de los territorios de soberanía española. Por otro, continúa apostando por una estrecha colaboración con Rabat en materias como la lucha contra el terrorismo yihadista, el crimen organizado, el narcotráfico y la inmigración irregular, ámbitos en los que ambos países comparten intereses estratégicos.
Para numerosos analistas, esta combinación responde a una realidad geopolítica ineludible. España y Marruecos mantienen una intensa relación económica y comercial, además de una cooperación policial y de inteligencia considerada esencial para la seguridad del Mediterráneo occidental. Al mismo tiempo, persisten diferencias en asuntos de política exterior y cuestiones territoriales que periódicamente generan tensiones diplomáticas.
Precisamente por ello, especialistas en relaciones internacionales subrayan que el concepto de guerra híbrida debe utilizarse con prudencia. Si bien las herramientas propias de este tipo de competencia forman parte del análisis estratégico contemporáneo, no existe consenso para afirmar que España y Marruecos mantengan una campaña híbrida permanente el uno contra el otro. Lo que sí resulta evidente es que ambos Estados han adaptado sus políticas de seguridad a un entorno en el que los riesgos ya no se limitan al ámbito militar convencional.
En ese escenario, España ha optado por reforzar su capacidad de respuesta mediante la modernización de sus Fuerzas Armadas, el desarrollo de capacidades de ciberdefensa, la mejora de los sistemas de inteligencia y una mayor coordinación con la Unión Europea y la OTAN. El objetivo es incrementar la resiliencia nacional frente a amenazas de naturaleza diversa sin renunciar a la vía diplomática como principal herramienta para resolver las diferencias con su vecino del sur.
La evolución de las relaciones entre Madrid y Rabat seguirá estando marcada por la necesidad de compatibilizar intereses compartidos con desacuerdos estratégicos. En un mundo donde la competencia entre Estados adopta formas cada vez más complejas, la prevención, la cooperación internacional y la capacidad de adaptación se perfilan como los principales instrumentos para preservar la estabilidad en una de las fronteras más sensibles de Europa.
