EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha llevado al pleno de las Cortes el real decreto estatal de centros de datos y ha cifrado en 70.000 millones de euros las inversiones en riesgo.
- ¿Quién está detrás? El Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transición Ecológica, y el Ejecutivo aragonés, con PSOE, Vox, CHA, Teruel Existe e IU en el debate parlamentario.
- ¿Qué impacto tiene? Según el Gobierno autonómico, ningún proyecto previsto cumpliría los nuevos requisitos ambientales; el sector ha presentado 600 alegaciones.
El decreto estatal de centros de datos pone en riesgo 70.000 millones de euros de inversión en Aragón, advierte Jorge Azcón en las Cortes.
El decreto que nadie negoció y los 70.000 millones en juego
Aragón lleva meses jugando una partida que cree tener ganada. La comunidad genera el doble de la energía que demanda, con un 82% de origen renovable, y sobre esa ventaja ha construido su candidatura a ser el hub tecnológico más importante del sur de Europa. El presidente autonómico trasladó esta semana al pleno la cifra que lo resume todo: 70.000 millones de euros en infraestructuras tecnológicas quedan expuestos al real decreto publicado en agosto.
Según el Gobierno de Aragón, ninguno de los proyectos previstos cumpliría los requisitos ambientales de la nueva norma. Azcón sostiene que el texto se publicó «sin negociación previa y sin consenso» y que cambia las reglas «con la partida ya empezada, de forma retroactiva». El sector ha respondido con 600 alegaciones de gobiernos autonómicos, patronal, empresas de datos, clústeres y colegios profesionales,.. un rechazo que el presidente presentó como transversal.
El argumento económico es el eje del debate. Aragón calcula que los centros de datos vinculados a esos 70.000 millones generarían 143.000 puestos de trabajo durante la construcción y 9.000 empleos permanentes cuando las instalaciones estén operativas. A eso se suma un efecto indirecto ya cuantificado: las pymes aragonesas podrían captar hasta 174 millones de euros anuales solo en el mantenimiento de esas infraestructuras.
El choque político: del «Viejo Oeste» a la factura de la luz
La portavoz socialista, Pilar Alegría, defendió que el PSOE no se opone a los centros de datos, sino que exige que la inversión se traduzca en «riqueza, empleo y oportunidades para el territorio». Alegría atribuyó el tirón inversor a la eliminación del impuesto al sol, a los fondos europeos y a la excepción ibérica, y situó los criterios de sostenibilidad como condición, no como obstáculo.
Aragón genera el doble de la energía que consume y aun así ve cómo una norma estatal puede desactivar la mayor oleada inversora de su historia reciente.
El resto de grupos repartió golpes sin coincidir en el diagnóstico. Santiago Morón, de Vox, sostuvo que el decreto responde a la estrategia de Sánchez para «perpetuarse en el poder» y alertó de que la norma «abre un sinfín de reclamaciones patrimoniales» que acabarían pagando los aragoneses.
Jorge Pueyo, de CHA, comparó la situación de Aragón con la de Virginia y advirtió de que la comunidad «está trayendo el Viejo Oeste», con una avalancha de proyectos que ya ha obligado a exigir compensaciones por el consumo eléctrico. Tomás Guitarte, de Teruel Existe, reprochó al Ejecutivo que agilice trámites para el inversor sin explicar el coste. Marta Abengochea, de IU, dio la bienvenida al real decreto aunque lo consideró corto en exigencias ambientales.
El Pulso Territorial
El decreto ha conseguido algo poco frecuente en las Cortes de Aragón (el parlamento unicameral de la comunidad, con 67 escaños): unir a casi todo el arco parlamentario contra una decisión de Madrid. Azcón preside desde 2023 un Gobierno de coalición entre el PP y Vox, y su Ejecutivo lleva meses reclamando al Ministerio para la Transición Ecológica más capacidad de conexión a la red, un reparto que considera sesgado hacia los territorios que sostienen al Gobierno central. La próxima cita electoral autonómica, prevista para la primavera de 2027, convierte la defensa de la inversión tecnológica en argumento de campaña.
La paradoja aragonesa no es única. Castilla y León y Extremadura también generan más electricidad de la que consumen y compiten por los mismos centros de datos, de modo que un marco estatal restrictivo golpearía a varias comunidades por igual. Nadie discute el objetivo de la norma —evitar proyectos especulativos que consumen agua y red sin dejar retorno—, pero el sector sostiene que los umbrales fijados son inalcanzables. El texto sigue en tramitación y no hay calendario público confirmado para su aprobación definitiva; hasta entonces, las alegaciones presentadas son la única palanca real de negociación.
Ficha Autonómica
- El caso: El Gobierno aragonés sostiene que el real decreto estatal de centros de datos, publicado en agosto sin negociación previa, invalida los proyectos tecnológicos previstos por requisitos ambientales que considera inasumibles.
- Datos importantes: 70.000 millones de euros en inversiones en riesgo, 143.000 empleos durante la construcción y 9.000 permanentes, hasta 174 millones anuales para pymes en mantenimiento y 600 alegaciones registradas.
- Resumen: Azcón ha llevado el conflicto al pleno con el respaldo de Vox, CHA y Teruel Existe y la discrepancia del PSOE e IU. El decreto sigue en tramitación y la comunidad reclama además más capacidad de conexión eléctrica.
