El Congreso de Colombia negocia una reforma que encarece la cesta de la compra y mueve el accionista de Ecopetrol. Y ahí, entre los afectados, hay mucho capital español.
Qué sube la reforma tributaria que negocia el Congreso de Colombia
La cita del pasado sábado fue la primera vez que las comisiones económicas del Senado y de la Cámara se desplazaron a la sede alterna del Ejecutivo, la Casa Libertad y Orden de Barranquila. No acudió el presidente Abelardo De La Espriella, pero envió a su núcleo duro: el vicepresidente José Manuel Restrepo y los ministros de Hacienda, Miguel Gómez; de Interior, Alejandro Ordóñez; y de Justicia, Iván Cancino.
Las mesas técnicas ya están instaladas y el calendario legislativo entra en su fase decisiva. Lo que se dirime es el texto de la ley de ajuste fiscal, el nombre con el que el Ejecutivo colombiano rebautiza su reforma tributaria: un paquete para tapar el agujero de las cuentas públicas con más impuestos y menos gasto.
El borrador toca donde más duele electoralmente. Sube el IVA de la canasta familiar y de las pólizas de salud, además del de los servicios de internet y el de los productos de mayor rotación en las tiendas de barrio. Traducido: encarece el consumo masivo y golpea dos sectores donde las empresas europeas, y muy especialmente las españolas, tienen posición de fuerza.
El texto aún es un borrador y puede moverse. Las comisiones económicas tienen la llave: son ellas las que dictaminan y las que pueden rebajar el IVA o cambiarlo por recortes de gasto. Ahí se va a librar la verdadera negociación durante las próximas semanas.
Por qué la reforma golpea a las empresas españolas en Colombia
España figura entre los primeros inversores extranjeros en Colombia, y no es una presencia de despacho: hay plantilla, hay contratos y hay activos en juego. Telefónica opera allí bajo la marca Movistar; Mapfre tiene negocio asegurador; Repsol mantiene intereses en exploración y producción; y la banca española, con BBVA a la cabeza, conserva filiales consolidadas.
El IVA a los servicios de internet no es un detalle menor para un operador de telecomunicaciones: encarece el servicio justo cuando el crecimiento del negocio depende de la conectividad. Algo parecido ocurre con las pólizas de salud, un ramo donde la subida se traslada al cliente o se come el margen. Ninguna empresa se va por un punto de IVA, pero el cálculo cambia.
La factura del ajuste no se decide en los despachos: se decide en el IVA de la cesta de la compra y en el accionista de Ecopetrol.
Queda el frente energético. Ecopetrol es la mayor compañía del país y la joya del Estado, y la propuesta del Centro Democrático de vender una participación adicional al sector solidario suena a solución contable. En realidad reabre una pregunta de fondo sobre la petrolera estatal colombiana: quién la controla y con qué reglas se negocia con ella.
Para una compañía extranjera del sector, el accionista de referencia define la gobernanza, los planes de inversión y la interlocución con el regulador. El sector solidario —cooperativas y fondos mutuales— mantiene el control en manos nacionales, pero diluye al Estado sin la señal de confianza de un inversor institucional. Ese es el debate que viene.
El precedente de 2021: cuando gravar la cesta de la compra salió caro
Conviene recordar lo que pasó hace cinco años. El intento del Gobierno de entonces de eliminar exenciones del IVA a productos básicos acabó en un estallido social, con bloqueos de vías incluidos, y en la retirada del texto. Colombia aprobó después una reforma rebajada, sin gravar la cesta de la compra. El país ya sabe lo que cuesta tocar el bolsillo de la compra diaria.
La diferencia con aquel episodio no está en el diagnóstico, sino en el método. El Ejecutivo de De La Espriella ha elegido negociar antes de presentar el articulado definitivo, sentando a las comisiones en mesas técnicas. El consenso se busca antes de la pelea, no después. Y el Centro Democrático, por boca de Honorio Henríquez, ha presentado su pliego: fusionar más de 200 entidades públicas, incentivos a la inversión privada y esa venta extra de acciones.
Hay un aprendizaje español en esta historia. Las empresas de España han convivido con cambios de reglas en Argentina, en Bolivia y en México, y han aprendido a cubrirse con contratos blindados y con el arbitraje internacional, ese mecanismo por el que un litigio con un Estado se resuelve ante un tribunal independiente. En Colombia el riesgo no es la expropiación: es la erosión lenta de la rentabilidad por vía fiscal.
Lo que hay que seguir de cerca son dos cosas. Primera, si el IVA a internet y a las pólizas de salud sobrevive a las mesas técnicas o se cae por el camino. Segunda, si la venta adicional de Ecopetrol entra en el texto final. Las empresas españolas no van a decidir el debate colombiano, pero sí van a pagar la factura de su resultado.
📌 Ficha del Caso
- Ficha sobre el caso: El Gobierno colombiano y las comisiones económicas negocian la ley de ajuste fiscal, con subida del IVA a la canasta familiar, internet y pólizas de salud. La oposición uribista plantea recorte del Estado y venta extra de acciones de Ecopetrol.
- Datos importantes: Colombia es uno de los principales destinos de la inversión española en América Latina. La propuesta opositora incluye fusionar más de 200 entidades públicas y vender una participación adicional de la petrolera al sector solidario.
- Resumen: El resultado del pulso fiscal condiciona la rentabilidad de las filiales españolas y el clima de seguridad jurídica que sostiene su presencia en el país.
