La provincia de Ourense recibe cada año 39,6 millones de euros del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación estatal que alcanza a 5.567 hogares, pero cuyo acceso sigue siendo un auténtico cuello de botella: apenas una de cada tres solicitudes logra la aprobación.
Así lo comunicó recientemente la Delegación del Gobierno en Galicia, que detalló que en la actualidad son 14.395 las personas que se benefician directa o indirectamente de esta ayuda en la provincia, con una cuantía media mensual de 537 euros y una inversión anual que roza los 40 millones de euros.
Estas cifras sitúan a Ourense como la segunda provincia gallega con menos prestaciones activas, solo por delante de Lugo, donde el IMV protege a 5.059 hogares. En el extremo opuesto, A Coruña lidera la lista con 16.118 hogares beneficiarios y un gasto mensual de 8,8 millones de euros.
La radiografía del IMV en la provincia ourensana
El Ingreso Mínimo Vital arrancó en 2020 como una red de protección para los hogares en situación de vulnerabilidad. En estos cinco años, en la provincia de Ourense se han aprobado 8.138 prestaciones, que han llegado a 8.131 hogares distintos (algunos han recibido la ayuda de forma intermitente). La inversión acumulada asciende a 135,7 millones de euros, una cifra que da cuenta del peso de esta política en el tejido social gallego.
Actualmente, los 5.567 hogares que cobran el IMV en la provincia residen en su mayoría en núcleos rurales o semiurbanos, reflejo de la dispersión poblacional que caracteriza al interior gallego. La cuantía media, 537 euros al mes, está ligeramente por encima de la media gallega, que es de 530 euros, aunque por debajo de la de A Coruña (544 euros).
En el conjunto de Galicia, el IMV protege a 40.175 hogares donde viven 107.673 personas. La inversión mensual en la comunidad alcanza los 21,3 millones de euros. Sin embargo, el acceso a la prestación no es uniforme: mientras A Coruña concentra el 40% de los beneficiarios, Ourense apenas supera el 13%, a pesar de tener una tasa de riesgo de pobreza superior a la media autonómica, según los últimos datos del IGE.
En Ourense, solo el 37% de las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital reciben luz verde, lo que significa que dos de cada tres familias que piden ayuda se quedan sin ella.
Un sistema que deja fuera a dos de cada tres peticionarios
Desde su implantación, en la provincia se han presentado 21.829 solicitudes, pero únicamente 8.138 han culminado con una resolución favorable. Es decir el porcentaje de expedientes rechazados o inadmitidos supera el 52%, según los datos del primer semestre del año. La principal barrera, coinciden los expertos, es el complejo proceso de evaluación que exige acreditar ingresos y patrimonio de forma exhaustiva.
“Se trata de una ayuda que, en teoría, debería ser accesible, pero en la práctica muchos potenciales beneficiarios desisten o no logran reunir la documentación requerida”, explican fuentes de la Delegación del Gobierno. Este embudo administrativo hace que la ayuda llegue a menos hogares de los que la necesitan y explica por qué Ourense, a pesar de su renta per cápita más baja, tiene menos perceptores que otras provincias.
La cuantía media en Ourense, 537 euros, se sitúa por encima de la de Pontevedra, que con 460 euros es la más baja de la comunidad. Este dato refleja también las diferencias en los tipos de hogares solicitantes: en las provincias atlánticas abundan los hogares unipersonales o monoparentales, que perciben importes menores, mientras que en Ourense predominan núcleos familiares más amplios.
El Laboratorio Gallego
Galicia se ha convertido en un espejo de las luces y sombras del Ingreso Mínimo Vital, una política ideada por el Gobierno central que, sin embargo, se despliega sobre un territorio con graves desequilibrios demográficos y una tasa de envejecimiento superior al 30% en provincias como Ourense. El caso ourensano evidencia que la simple existencia de una prestación no garantiza su llegada a quienes más la necesitan; la burocracia, la brecha digital y el desconocimiento de los canales de solicitud se convierten en barreras insalvables para buena parte de la población mayor rural.
Desde la perspectiva nacional, los datos gallegos invitan a revisar los mecanismos de selección. Aunque la Xunta de Galicia no gestiona directamente el IMV —depende del Instituto Nacional de la Seguridad Social—, la comunidad lleva años desarrollando complementos autonómicos como la Renda de Inserción Social de Galicia (RISGA), que a menudo actúa como colchón para quienes se quedan fuera del IMV. La coordinación entre administraciones sigue siendo la asignatura pendiente, admiten fuentes de la Consellería de Política Social.
De cara al futuro, la sostenibilidad del IMV en Galicia exigirá no solo aumentar la dotación presupuestaria —los 39,6 millones anuales en Ourense representan ya una parte muy significativa del gasto social en la provincia—, sino también simplificar los trámites y reforzar la colaboración con los servicios sociales municipales, que son la puerta de entrada para muchos ciudadanos. El riesgo de que miles de hogares en situación de vulnerabilidad sigan sin acceso a la ayuda es real y las próximas evaluaciones del programa a nivel estatal serán determinantes para corregir el rumbo.
Ficha del Caso
- El caso: La provincia de Ourense recibe 39,6 millones de euros anuales del Ingreso Mínimo Vital, pero solo una de cada tres solicitudes es aprobada, dejando fuera a miles de familias potencialmente vulnerables.
- Datos importantes: 5.567 hogares beneficiarios activos, 537 euros de cuantía media mensual, 8.138 prestaciones aprobadas desde 2020, 21.829 solicitudes presentadas y un 52% de rechazo.
- Resumen: El IMV en Ourense revela las dificultades de acceso a la protección social estatal en territorios envejecidos y rurales, lo que cuestiona la eficacia del diseño actual a nivel nacional.
