Los presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2026 ya son ley. Este lunes, 11 de agosto de 2026, han entrado en vigor con una controvertida novedad: la ‘prioridad nacional’ impulsada por Vox que reduce las ayudas públicas a los migrantes. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV, el boletín oficial autonómico) publica hoy la ley de Presupuestos y la de medidas fiscales, las dos más importantes del ejercicio, que incluyen una decena de referencias a este concepto pactado por el PP de Juanfran Pérez Llorca con su socio de gobierno.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El DOGV publica este lunes la ley de Presupuestos y la de medidas fiscales de la Generalitat, que entran en vigor con la ‘prioridad nacional’.
- ¿Quién está detrás? El Consell de Pérez Llorca (PP-Vox), con el voto favorable de ambos partidos en las Corts Valencianes y el rechazo del PSPV y Compromís.
- ¿Qué impacto tiene? Se recortan ayudas a migrantes en vivienda y servicios sociales, se exige tres años de empadronamiento para la renta de inclusión y se prohíbe velar el rostro en el transporte público. La oposición llevará la ley a los tribunales.
La ‘prioridad nacional’ ya es ley en la Comunitat Valenciana
La ley de presupuestos aprobada el pasado 22 de julio en les Corts establece que todas las ayudas de vivienda de la Generalitat se inspirarán en el principio de prioridad nacional, un eufemismo de la ultraderecha que, según el texto, busca “la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”. Una formulación lo bastante ambigua como para que el desarrollo reglamentario limite el acceso a extranjeros en situación regular que no acrediten ese arraigo. Vox consigue así plasmar su agenda antiinmigración en las cuentas públicas de la Comunitat Valenciana por primera vez.
La ley de medidas fiscales, conocida como ley de acompañamiento, aprobada una semana después con los mismos votos, aterriza el concepto con precisión quirúrgica. Para recibir la renta valenciana de inclusión será obligatorio justificar tres años de empadronamiento continuado o diez de los últimos treinta de forma interrumpida. Este requisito, ausente hasta ahora, deja fuera a miles de personas en situación de vulnerabilidad que, paradójicamente, más necesitan el apoyo público.
Servicios sociales, renta de inclusión y veto al velo integral en el transporte
Pero la restricción va mucho más allá de la renta. La ley de Servicios Sociales se modifica para exigir que el desarrollo reglamentario de la prioridad nacional contemple “la exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales de carácter estructural de las personas que se encuentren en situación administrativa irregular limitando su acceso exclusivamente a los supuestos de urgencia vital que procedan conforme al ordenamiento jurídico”. La falta de una coma tras “irregular” puede parecer un detalle técnico, pero la dureza del articulado es meridiana: se cierra la puerta de los servicios sociales autonómicos a los migrantes sin papeles, excepto para emergencias vitales.
En paralelo, la ley de movilidad introduce otra exigencia de Vox: la prohibición de velar el rostro en el transporte público. Con la excusa de la “identificación visual continua”, se impide “portar prendas o accesorios que oculten sustancialmente el rostro” en autobuses, metros o tranvías. La medida, que afecta principalmente a mujeres musulmanas que usan burka o niqab, sortea la discriminación religiosa con un argumento de seguridad. La oposición la tacha de xenófoba e inútil desde el punto de vista operativo.
El PSPV y Compromís anunciaron ayer que recurrirán ambas leyes ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) por vulnerar derechos fundamentales y el Estatuto de Autonomía. La portavoz socialista, Rebeca Torró, calificó los presupuestos de “los más reaccionarios de la historia autonómica” y aseguró que “cruzan líneas rojas que ningún gobierno democrático debería traspasar”.
Con estos presupuestos, Vox no solo marca la agenda del Consell: la institucionaliza con rango de ley.
El Escenario Valenciano
El pacto PP-Vox resiste, y estos presupuestos son la prueba de fuego de que la coalición de Pérez Llorca no solo es estable, sino que está dispuesta a avanzar en el programa más radical de la ultraderecha. El president, investido en diciembre de 2025 tras la dimisión de Carlos Mazón por la gestión de la DANA, ha cedido a Vox la bandera identitaria en un momento en que la reconstrucción y la economía reclaman consensos amplios. La lectura nacional es inevitable: el PP de Alberto Núñez Feijóo observa con inquietud cómo su socio valenciano normaliza políticas que en otras comunidades resultan indigestas para el electorado moderado.
Mientras, el Gobierno de Pedro Sánchez todavía no se ha pronunciado oficialmente sobre la entrada en vigor de estas leyes, pero fuentes del Ministerio de Política Territorial adelantan que se estudiará la posible invasión de competencias estatales en materia de extranjería. La batalla judicial está servida y, con ella, una nueva tensión entre la Generalitat y el Gobierno central. De fondo, la oposición valenciana intenta capitalizar el malestar de las ONG y de una parte de la sociedad valenciana que percibe las medidas como un ataque a la convivencia. El próximo pleno de les Corts, previsto para septiembre, será el primer campo de batalla dialéctico tras el verano.
Ficha del Caso
- El caso: Los presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2026 entran en vigor con una decena de referencias a la ‘prioridad nacional’ de Vox, que restringe ayudas a migrantes.
- Datos importantes: Renta valenciana de inclusión condicionada a 3 años de empadronamiento continuado; exclusión de migrantes irregulares de servicios sociales estructurales; prohibición de velar el rostro en el transporte público.
- Resumen: El Consell de PP-Vox institucionaliza el discurso antiinmigración de Vox en las leyes más importantes del año, mientras la oposición anuncia recurso judicial y el Gobierno central estudia si invade competencias.
