EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha cambiado? La ministra de Universidades anuncia que Pedro Sánchez presentará en septiembre una propuesta contra la privatización universitaria y para reforzar los informes de calidad de los centros adscritos.
- ¿Quién lo ha decidido? Lo adelanta la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en una entrevista recogida por Europa Press.
- ¿A quién afecta? A las universidades públicas y privadas, a los centros adscritos y a los 3.400 profesores ayudantes doctor financiados con fondos del programa María Goyri.
La ministra de Universidades anuncia que Pedro Sánchez presentará en septiembre una propuesta para frenar la «privatización salvaje» de las universidades en algunas comunidades autónomas.
El anuncio de septiembre y el decreto de octubre de 2025
Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, sitúa la propuesta en la línea de la CRUE y de su presidente, Julián Garde, que reclamó informes vinculantes de las agencias de calidad para crear centros adscritos a las universidades.
El real decreto de octubre de 2025 ya endureció los criterios de creación, reconocimiento y autorización de centros universitarios, recogidos en el Boletín Oficial del Estado. Según Morant, hasta ahora ninguna comunidad autónoma ha propuesto la creación de ninguna universidad al amparo de la nueva normativa.
La ministra recuerda que la creación de nuevas universidades, públicas o privadas, corresponde por ley a los parlamentos autonómicos, y que todas las iniciativas deben someterse a un informe de calidad para que puedan ser aprobadas.
En la última década, las plazas de las universidades públicas no han crecido más de un 2%, mientras que las de las privadas han crecido un 100%, según la ministra. Para Morant, esos datos demuestran que algunos gobiernos autonómicos generan una oferta alternativa y no complementaria.
La titular de Universidades denuncia una «intencionalidad clara de privatizar la universidad» y advierte del riesgo de que, en diez años, ciertas profesiones queden copadas por quienes acceden por la capacidad económica de sus familias y no por el expediente académico.
En los últimos 25 años no se ha creado ninguna universidad pública en España, mientras que se han puesto en marcha cerca de 30 universidades privadas, según la ministra de Universidades.
El conflicto por el programa María Goyri
En paralelo, Morant critica la ausencia de once comunidades autónomas en la Conferencia General de Política Universitaria de finales de julio. Ese plantón impidió la aprobación definitiva de 150 millones de euros del programa María Goyri, destinado a contratar profesorado ayudante doctor en universidades públicas.
Las comunidades alegaron la situación de los incendios forestales en territorios como Castellón para pedir el aplazamiento. La ministra sostiene que podían participar por videoconferencia y que la ausencia fue un boicot de los gobiernos autonómicos presididos por el Partido Popular. «Costaba cinco minutos», afirma.
El programa María Goyri financia con 150 millones de euros al año el salario de 3.400 profesores incorporados a la universidad pública. Morant subraya que, por primera vez, el Gobierno de España paga sueldos de profesores, una competencia que no es estatal.
La ministra garantiza que ese dinero no se perderá y avanza que la Conferencia de Política Universitaria se celebrará de nuevo la primera semana de septiembre. En esa reunión espera que los consejeros autonómicos voten a favor del reparto.
Morant vincula además el programa con la temporalidad docente: la tasa general se sitúa en el entorno del 11% o 12% tras la reforma laboral, mientras que en las universidades ha llegado al 50%. Uno de cada dos profesores universitarios tenía contrato temporal, una situación que califica de inaceptable.
El Marco Educativo
La propuesta se apoya en el reparto competencial del sistema universitario. La LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario, aprobada en 2023) regula la gobernanza y la financiación de las universidades públicas, pero la creación y el reconocimiento de centros sigue correspondiendo a las comunidades autónomas, tal y como recuerda la ministra. El Estado fija criterios básicos de calidad y autorización.
En este marco, el Consejo de Estado tumbó el intento del Ministerio de incluir los informes vinculantes para centros adscritos en el decreto de octubre de 2025. La ministra confirma que el Gobierno volverá a intentarlo, en línea con la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas), que reclama ese requisito como garantía de calidad.
El debate queda abierto hasta la primera semana de septiembre, cuando se reúna de nuevo la Conferencia de Política Universitaria. Además de la propuesta anunciada, está pendiente la aprobación del reparto de 150 millones del programa María Goyri, que afecta directamente a 3.400 profesores y a las universidades públicas que ya han adelantado sus salarios.
Claves de la Noticia
- Qué importa: El Gobierno presentará en septiembre una propuesta para endurecer los informes de calidad de los centros adscritos y frenar la privatización universitaria.
- Por qué importa: La medida toca el equilibrio entre universidades públicas y privadas, la financiación autonómica y los criterios de creación de centros universitarios.
- A quién le importa: A las universidades públicas, a los centros adscritos y a los 3.400 profesores ayudantes doctor financiados por el programa María Goyri, además de a las comunidades autónomas.
