Washington ha puesto a los aliados de la OTAN bajo un examen de lealtad antes de decidir cómo reparte sus recursos militares en Europa. Según ha adelantado Bloomberg, el Pentágono ha remitido un cuestionario a los gobiernos —España entre ellos— para calibrar cuánto respaldan la política exterior de Donald Trump.
Un cuestionario que mide lealtades y contratos de defensa
El documento pregunta si los gobiernos han manifestado públicamente su apoyo a la política exterior estadounidense, si han impuesto restricciones al uso de bases militares por parte de Washington o si están dispuestos a favorecer contratos con empresas de defensa de Estados Unidos. La iniciativa llega semanas después de que el Pentágono abriera en junio una revisión de seis meses sobre su presencia militar en Europa, un proceso que puede cerrarse en diciembre con nuevos recortes.
La Administración estadounidense mantiene entre 80.000 y 100.000 militares en Europa, con Alemania como principal centro de operaciones y con bases que también sirven para misiones en Oriente Próximo y África. La estrategia de Trump consiste en trasladar progresivamente a los europeos una mayor responsabilidad sobre la defensa convencional del continente para liberar recursos hacia el Indo-Pacífico.
El cuestionario apunta directamente a los frentes de fricción abiertos desde la guerra con Irán. Washington reprocha la falta de apoyo europeo a sus operaciones militares, el trato dado a la operación contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y la política comunitaria que prioriza contratos de defensa para empresas europeas.
España y las bases: la restricción que Washington no olvida
España aparece entre los consultados y arrastra un precedente concreto: prohibió que las instalaciones estadounidenses en su territorio se utilizaran para ataques contra Irán y cerró después su espacio aéreo a los aviones implicados en la campaña. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, calificó de ‘vergonzosa’ la negativa de algunos aliados a facilitar las operaciones.
La revisión del despliegue militar ya no se mide solo en divisiones y escuadrones: la lealtad política a Washington se ha convertido en un criterio de reparto.
El presidente estadounidense convirtió el asunto en una prueba de la relación transatlántica. En la cumbre de Ankara de julio, Trump aseguró que había pedido ayuda a varios aliados para comprobar su respuesta y señaló expresamente a Italia, Alemania y Francia entre los países que habían rechazado sus peticiones. ‘¿Por qué estamos gastando cientos de miles de millones de dólares y ellos no están ahí para nosotros?’, afirmó.
La cumbre de Ankara pareció bajar la tensión. Los europeos llegaron decididos a mostrar que aumentaban su contribución a la defensa colectiva y Mark Rutte, secretario general de la OTAN, destacó la unidad de los 32 miembros. La declaración final insistió en que los aliados europeos y Canadá deben asumir una mayor responsabilidad en la seguridad transatlántica.
Rutte matizó después algunas acusaciones de Washington: aunque España sí restringió el uso de sus bases, otros aliados mantuvieron en términos generales los acuerdos existentes con las fuerzas estadounidenses. La revisión del Pentágono sigue abierta y no se ha anunciado el alcance de posibles reducciones adicionales.
En paralelo, la retirada de unos 5.000 militares de Alemania anunciada en mayo sigue su curso, y los cambios en los planes de despliegue hacia Polonia generaron confusión dentro del propio Pentágono y entre los aliados del flanco oriental.
El Eje del Poder Europeo
La lectura estratégica va más allá del cuestionario. Washington está institucionalizando una lógica de reciprocidad transaccional: no basta con ser aliado formal de la OTAN; hay que demostrar respaldo activo a la política exterior estadounidense. Eso coloca a los países del sur, con gobiernos reticentes a las operaciones contra Irán, en una categoría distinta frente a los aliados del flanco oriental, dispuestos a firmar acuerdos bilaterales de seguridad y a comprar material estadounidense para blindarse ante Rusia. Es una reedición del clásico reparto de cargas, ahora teñida de condicionalidad política.
Para España, el impacto es doble y concreto. La prohibición de usar las bases nacionales para atacar Irán y el cierre del espacio aéreo fueron decisiones soberanas monclovitas que Bruselas ha preferido no liderar. Ahora, cuando Washington reparte capacidades, la pregunta es si esas restricciones restan a España acceso a inteligencia, interoperabilidad o contratos industriales. La respuesta no la dará solo la pregunta del cuestionario, sino la posición española en la siguiente ronda de revisiones con el Pentágono.
En perspectiva a cinco o diez años, lo que se está definiendo es el reparto de seguridad dentro de la Alianza Atlántica. Si Estados Unidos reduce su huella convencional en Europa, la defensa del continente dependerá más de una capacidad europea aún fragmentada. Los países del sur deberán elegir entre un europeísmo retórico y una inversión defensiva real. El precedente más cercano es la crisis de 2003 por Irak, cuando la división transatlántica se midió en lealtades políticas y contratos, no en divisiones desplegadas.
El próximo hito es el cierre de la revisión del Pentágono previsto para diciembre. Hasta entonces, el cuestionario no es solo una encuesta: es la forma de fijar qué aliados reciben prioridad cuando se asigne el despliegue estadounidense en Europa.
