Barcelona cumple en septiembre ocho años de la reserva del 30% de vivienda protegida con un saldo de 34 pisos. El alcalde, Jaume Collboni, aparca la reforma después del portazo de Junts.
Ocho años de la reserva del 30%: un balance de 34 pisos
Según fuentes municipales citadas por Metrópoli Abierta, la medida debía aportar más de 300 viviendas asequibles al año. La realidad deja una cifra llamativa: 23 pisos de obra nueva y 11 grandes rehabilitaciones desde 2018. En total, 34 unidades protegidas frente a los 2.000 pisos que el Ayuntamiento calcula que se deberían haber construido. Una brecha que alimenta el debate sobre la utilidad real del instrumento.
La norma se aprobó en el pleno de septiembre de 2018 y obliga a destinar el 30% de la edificabilidad de las promociones de obra nueva y de las grandes rehabilitaciones de más de 600 metros cuadrados a vivienda protegida. Fuentes del consistorio admiten que ‘las buenas intenciones no siempre llevan asociados buenos resultados’.
La vivienda social es, según el gobierno municipal, más necesaria que nunca para garantizar el derecho a quedarse que Collboni ha convertido en lema de mandato. Aun así, tanto fuentes municipales como los principales interlocutores del consistorio creen que no se debe tumbar la medida, sino perfeccionarla para que funcione.
La negociación con Junts que descarriló en verano de 2025
Collboni llevó la reforma de esta norma por bandera en la campaña de 2023 y acercó posiciones con Junts, primera fuerza del Ayuntamiento, tras proclamarse alcalde. Las negociaciones avanzaron con propuestas consensuadas con el sector privado y el tercer sector. Pero en verano de 2025, la formación independentista se levantó de la mesa.
En declaraciones a Metrópoli Abierta, el alcalde zanjó: ‘Respeto la posición de Junts… Lo que me corresponde hacer como alcalde es aparcar la propuesta del 30% y ponerla en un cajón porque no ha sido posible llegar a un acuerdo’.
Las buenas intenciones no siempre generan buenos resultados: el 30% ha producido 34 pisos en ocho años.
El último pleno del curso político dejó el choque a la vista. La primera teniente de alcaldía, Laia Bonet, aseguró que el Ayuntamiento ha hecho ‘todo lo posible’ para reformar el instrumento durante el mandato y que no va a renunciar hasta lograr una medida efectiva. Damià Calvet, concejal de Junts, reprochó al PSC no cerrar ningún acuerdo y apuntó que el gobierno municipal estaba ‘demasiado secuestrado’ por las exigencias de los comunes y ERC.
El sector inmobiliario aprieta y el Ayuntamiento responde con más construcción
Mientras la reforma sigue aparcada, el parque de vivienda pública ha crecido al margen del 30%. El ejecutivo municipal prevé alcanzar 10.000 nuevas viviendas al final del mandato en 2027 y hasta 15.000 en 2030. ‘En Barcelona sí hay grúas. Hay en la Marina de Prat Vermell, en el 22@, en La Sagrera…’, defendió Collboni durante un acto en Foment del Treball. Fue la réplica a Josep Sánchez Llibre, presidente de la patronal, que había lamentado la falta de grúas en la ciudad.
Las asociaciones inmobiliarias de Catalunya, sin embargo, mantienen la presión sobre el 30%. Josep Antoni Martínez, presidente de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, aseguró en julio que las inversiones están ‘paralizadas’ ante la inseguridad jurídica.
Martínez recordó que en los años 80 la producción de vivienda protegida era habitual y rentable, ‘no especulación’. ¿Os imagináis que en Barcelona los restaurantes tuvieran que poner obligatoriamente una carta?’, argumentó, para sostener que la regulación genérica frena la inversión.
En la misma línea, Xavier Vilajoana, presidente de la Associació de Promotors de Catalunya, explicó que ‘cuando una actuación deja de ser viable, simplemente deja de construirse. Y cuando una promoción no llega a ejecutarse, desaparecen todas las viviendas planificadas, las de precio libre y las de precio asequible’.
Collboni entra así en el último curso político del mandato con el runrún del 30%. El proceso se prevé largo: no solo por las negociaciones, sino también por la tramitación hasta la aprobación final. La primera oportunidad para medir posiciones llegará con la reanudación del pleno municipal.
