EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, cifra en 107 millones la partida de prevención de incendios del Presupuesto 2026, casi un 300% más que en 2019.
- ¿Quién está detrás? El ejecutivo valenciano y la advertencia de la experta en gestión ambiental Maribel Cerezo, de la Universidad Internacional de Valencia.
- ¿Qué impacto tiene? Más de 9.500 normas ambientales dificultan desbroces y pastoreo en la Comunitat Valenciana, justo cuando el fuego aprieta cada verano.
La Generalitat Valenciana eleva a 107 millones de euros la partida de prevención de incendios en el Presupuesto 2026, un incremento de casi el 300% respecto a 2019.
Un presupuesto que triplica la inversión desde 2019
El president de la Generalitat (el jefe del ejecutivo autonómico), Juanfran Pérez Llorca, puso en valor este salto con los datos de la Generalitat Valenciana en la mano. En 2019 la inversión rozaba los 27 millones; ahora supera los 107. El ejecutivo autonómico añade además 118 vigilantes forestales a una plantilla de 790, con lo que se acerca al millar de efectivos.
La lectura oficial es clara: más medios y más prevención durante todo el año, no solo en verano. La directora del Máster Universitario en Ingeniería y Gestión Ambiental de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), Maribel Cerezo, reclama precisamente lo segundo. «Necesitamos más medios humanos y materiales dedicados a la prevención durante todo el año, no solo un despliegue de urgencia en verano cuando el fuego ya está activo», afirma.
Una maraña de 9.500 normas y el pastoreo atrapado
La experta advierte de un riesgo político de fondo. Mientras el Gobierno de España urge a aprobar un Pacto de Estado por la Emergencia climática, el PP insiste en limpiar los bosques en invierno. Para Cerezo, «plantear esto como una elección entre una medida u otra es parte del problema», porque desvía la atención de la gestión activa del territorio.
Esa gestión exige combinar desbroces, cortafuegos mantenidos, vigilancia y detección temprana. Y también recuperar el pastoreo extensivo, la herramienta preventiva más eficaz y barata durante siglos. El éxodo rural iniciado en la década de 1960 marcó, según Cerezo, el principio del desequilibrio en los montes españoles.
Ahora el freno principal no es la mano de obra: es la burocracia. En España conviven más de 9.500 normas medioambientales que lastran la gestión forestal, superpuestas entre lo estatal, lo autonómico, la PAC y la Red Natura 2000. Los ganaderos que quieren subir con sus reses al monte afrontan permisos, registros, controles veterinarios y normativas distintas según la comunidad autónoma y el tipo de terreno.
El problema no es que la ley prohíba limpiar el monte: es que 9.500 normas lo convierten en una carrera de obstáculos.
El Escenario Valenciano
La prevención de incendios se ha convertido en un campo de disputa entre administraciones. El Consell (el gobierno de la Generalitat Valenciana, el equivalente autonómico del Consejo de Ministros) de Pérez Llorca defiende el refuerzo presupuestario como un giro en la protección civil autonómica, tras una legislatura marcada por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos, el fenómeno meteorológico que causó las destructivas inundaciones de 2024) y por la exigencia de blindar el territorio ante catástrofes. La oposición no ha entrado en esta fuente, pero la estrategia queda bajo la lupa de la credibilidad institucional.
El debate tiene lectura estatal. El Gobierno de Pedro Sánchez utiliza la emergencia climática para reclamar una respuesta coordinada, mientras el PP valenciano reivindica la limpieza forestal como prioridad. Las referencias a Portugal y Francia —aldeas resilientes y desbroces obligatorios en perímetros habitados— sitúan la conversación en el espejo europeo.
La proyección inmediata se juega en la ejecución. De poco sirven 107 millones si los trámites retrasan los desbroces y el pastoreo sigue atrapado en permisos. Los próximos meses medirán si la partida se traduce en montes más seguros antes del próximo verano.
Ficha del Caso
- El caso: El Presupuesto 2026 destina 107 millones a prevenir incendios, una inversión que triplica la de 2019 pero choca con un entramado normativo de más de 9.500 reglas ambientales.
- Datos importantes: 107 millones en 2026; 27 millones en 2019; 118 vigilantes forestales nuevos sobre una plantilla de 790; más de 9.500 normas medioambientales.
- Resumen: La Generalitat presume de cifras récord contra el fuego, mientras los expertos reclaman simplificar los trámites para que la prevención llegue al monte.
