El DHS infiltró agentes encubiertos en asambleas sindicales de Minneapolis para investigar la financiación de una red antifa anti-ICE, según documentos judiciales.
El operativo ‘Whipple Shield’ se cuela en las asambleas sindicales
El brazo investigador del departamento, el Homeland Security Investigations (HSI, por sus siglas en inglés), envió a un equipo de agentes a un encuentro celebrado el pasado 15 de febrero en el United Labor Center de Minneapolis. Se trataba de una asamblea para planificar la próxima huelga masiva contra el ICE, según muestran los informes internos incorporados al expediente.
Los agentes, infiltrados como activistas contra las deportaciones, presenciaron ante unas 200 personas demandas para liberar a inmigrantes en situación irregular y para abolir el ICE, junto con todo el DHS. La reunión acabó priorizando la abolición del ICE, dejando fuera al departamento, de acuerdo con el informe de la operación, bautizada como ‘Project Whipple Shield’ por el edificio federal contra el que se dirigían las protestas.
Los documentos también reflejan que la asamblea discutió resoluciones de solidaridad con Palestina y una propuesta del Revolutionary Communists of America para crear un partido político laboral. Entre los grupos impulsores figuraban Socialist Alternatives y la sección local del CWA, el sindicato de trabajadores de la comunicación vinculado a la central AFL-CIO.
El propósito declarado del ‘Project Whipple Shield’ era destapar las fuentes de financiación de la célula antifa que atacaba las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) alrededor del edificio Whipple. Cuatro días después del tiroteo mortal del activista Alex Pretti, el HSI abrió una segunda investigación, ‘Operation Puppet Master’, para identificar a los agitadores que pudieran aprovechar los disturbios para destruir propiedad federal, según los informes.
En paralelo, los agentes del HSI reclamaron mediante citaciones administrativas los registros financieros del Service Employees International Union (SEIU), el segundo mayor sindicato de empleados públicos del país, y del CWA. El análisis preliminar solo reveló pagos típicos de la actividad sindical: fondos de huelga, material de piquete, cuotas y gastos médicos. Pese a ello, la investigación financiera se extendió a la International Federation of Professional and Technical Engineers, otra organización de la órbita de la AFL-CIO.
El DHS está aplicando a los sindicatos la lógica de la financiación del terrorismo doméstico, no la del conflicto laboral clásico.
De las cuentas de SEIU a la moción de la defensa
La defensa del principal acusado, Isaac Sant, presentó el pasado jueves una moción en el caso United States v. Sant para exigir al gobierno que entregue todo el material de vigilancia encubierta. Su abogado, Kevin Riach, sostiene que la fiscalía ha ‘inventado una conspiración’ para extender la causa ‘sin pruebas’ a los principales sindicatos del área metropolitana de Minneapolis.
El documento judicial adjunta un organigrama preparado por el HSI para el gran jurado —el órgano ciudadano que aprueba los cargos— que sitúa a la Minneapolis Federation of Educators, la Minnesota Association of Public Employees, la AFL-CIO y la sección 26 del SEIU como ‘council members’ (miembros del consejo) de Direct Action Minnesota, conocida como DAMN. La acusación, de 94 páginas, imputa a 15 presuntos operativos de esa red por conspirar para impedir la labor de los agentes federales.
Según la defensa, el HSI ejecutó una campaña de espionaje masivo contra personas que ejercían su derecho de protesta amparado por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense. El abogado vincula el caso a la retórica de la administración contra la izquierda política. La fiscalía, por su parte, describe a Sant como un reclutador de una red de respuesta rápida que desplazaba activistas en tiempo real para frustrar las redadas migratorias.
El movimiento laboral de Minneapolis ha respaldado a los acusados, a los que llama los ‘Minnesota 15’. Un fondo de defensa en la plataforma Chuffed.org ha recaudado más de 380.000 dólares, en su mayor parte de donantes anónimos. Los cargos federales van desde el ataque a oficiales hasta la destrucción de propiedad gubernamental.
La Lógica de Washington
Para entender el caso conviene mirar lo que el Departamento de Seguridad Nacional está tratando de resolver: no tanto una protesta sindical como una red coordinada que, según la fiscalía, sabotea activamente las operaciones migratorias. La administración Trump parte de un principio de seguridad nacional: si una organización financia actos contra agentes federales, esas transacciones pueden ser examinadas como posible apoyo material al terrorismo doméstico. La doctrina del DHS amplía la mirada clásica sobre el terrorismo hacia las redes locales violentas que no tienen etiqueta yihadista.
El precedente más claro es la Patriot Act de 2001, que tras el 11-S endureció el control financiero y amplió la definición de apoyo material. La diferencia es que la investigación se ha volcado sobre organizaciones sociales y sindicatos sin cargos. La coalición política que respalda esta estrategia es la del Partido Republicano que ve en el control migratorio su principal compromiso electoral desde la campaña de 2016.
Para España, el caso interesa como precedente de hasta dónde puede llegar el escrutinio de Washington sobre las organizaciones que se mueven en la intersección entre protesta social y financiación. Las centrales sindicales europeas mantienen programas de cooperación con la AFL-CIO. Si el Departamento de Justicia consolida esta vía de investigación, la más mínima relación financiera con una plataforma señalada por el DHS podría arrastrar a socios internacionales a un radar del que hoy se sienten lejanos.
La próxima ventana procesal será la respuesta del tribunal a la moción de descubrimiento de la defensa. La fiscalía mantiene abiertas las operaciones ‘Whipple Shield’ y ‘Puppet Master’. El gran jurado ya ha validado la acusación contra los 15 integrantes de DAMN. Nadie en Washington espera que el caso se cierre rápido.
Ficha del Caso
- El caso: El DHS investigó con agentes encubiertos a sindicatos de Minneapolis dentro de una causa penal contra una red antifa que obstaculizaba al ICE. Documentos judiciales revelaron la infiltración y el requerimiento de registros financieros.
- Datos clave: Reunión del 15 de febrero con unos 200 asistentes; acusación de 94 páginas contra 15 personas; registros financieros de SEIU y CWA; fondo de defensa de más de 380.000 dólares.
- Para España: El precedente sobre financiación del terrorismo doméstico y organizaciones sociales puede afectar a la cooperación sindical transatlántica y al escrutinio de vínculos financieros con plataformas señaladas por Washington.
