La Comisión Europea y Alemania han abierto un pulso jurídico que va más allá del recibo de la luz. Berlín acusa a Bruselas de usar la reforma del mercado eléctrico para sortear la regla fiscal de la UE y tocar la soberanía tributaria de los Estados.
Una carta firmada por Bastian Fleig, director general en el Ministerio de Finanzas alemán, a la que ha tenido acceso Euronews, formaliza el rechazo. En ella, Alemania sostiene que la Comisión introduce disposiciones tributarias de gran alcance mediante un instrumento que puede aprobarse por mayoría cualificada, en lugar de la unanimidad exigida para las medidas fiscales de la UE.
Una carta que convierte la fiscalidad en batalla competencial
El instrumento escogido por Bruselas no es menor. La normativa del mercado eléctrico puede aprobarse por mayoría cualificada; la Directiva sobre fiscalidad de la energía exige unanimidad. Berlín recuerda que, durante la negociación de esa directiva, los Gobiernos dejaron la electricidad fuera de la clasificación ambiental precisamente para preservar margen fiscal. Ahora, la Comisión recuperaría esa clasificación por la puerta de atrás.
La misiva cita una frase directa: ‘introduce disposiciones tributarias de gran alcance e interfiere directamente en la soberanía fiscal y presupuestaria nacional’. Alemania no cuestiona el objetivo de transformación, pero sí el enfoque: la fiscalidad de la electricidad debe negociarse en el marco adecuado, no en la ley de diseño del mercado eléctrico. El Gobierno alemán propone retirar la disposición sobre fiscalidad del gas y la electricidad de esta ley y negociarla por separado.
Bruselas tiene prisa. La UE ha fijado un objetivo de electrificación del 46% para 2040 y, según el comisario de Energía, Dan Jørgensen, se han desembolsado más de 22.000 millones de euros en los 48 días posteriores al estallido de la guerra en Oriente Medio sin haber comprado nueva energía. La incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz añade presión estratégica para reducir la dependencia de combustibles fósiles importados.
El problema de fondo es de precio: la electricidad sigue siendo entre tres y cinco veces más cara que el gas fósil en la UE. La brecha desincentiva la instalación de bombas de calor y mantiene artificialmente competitivas a las calderas de gas, justo lo contrario de lo que persigue la electrificación.
La disputa no es técnica: es la prueba de que la transición energética vuelve a chocar con el tabú de la soberanía fiscal y con la geometría variable del Consejo.
El recibo español y la brecha entre electricidad y gas
España no aparece en la carta alemana, pero el expediente toca una palanca que Madrid conoce bien. Los datos de la Comisión muestran que los peajes de red representan el 27% de la factura eléctrica de los hogares y el 21% de la de las empresas; los impuestos y recargos nacionales añaden otro 24% en los hogares y un 16% en las compañías. La suma de peajes y tributos supera a menudo el precio de la electricidad consumida.
Tom Lewis, coordinador de política energética en Climate Action Network Europe, recuerda que un hogar alemán paga de media más de tres veces por cada unidad de electricidad que por gas. Finlandia y Suecia son la excepción: gravan el gas por encima de la electricidad. Para Saverio Papa, de la Asociación Europea de Bombas de Calor, la fiscalidad y los peajes de red explican esas diferencias.
La traducción para España es inmediata: si la electricidad sigue penalizada, las bombas de calor, el coche eléctrico y la industria descarbonizada pierden atractivo frente al gas. El pulso de Berlín puede retrasar una reforma que Madrid necesita para abaratar la transición y captar inversión renovable.
El Eje del Poder Europeo
Berlín no está sola en la defensa de la unanimidad fiscal. Los países frugales y los Estados que temen ceder competencias tributarias observan con recelo el atajo de la Comisión. París, acostumbrada a pactar con Bruselas en materia energética, no regalará una cesión fiscal sin contrapartidas. Italia y España miran el expediente desde el sur: la electrificación es una oportunidad industrial, pero la factura de la luz sigue siendo una herida política.
El patrón recuerda a las batallas del MEDE o de la unión bancaria: Berlín exige unanimidad y control del Bundestag; Bruselas busca mecanismos de codecisión para sortear vetos. Ahora el envite se repite con la electricidad como campo de prueba.
Para España, el riesgo no está en la soberanía fiscal invocada por Berlín, sino en el calendario. Si el expediente se empantana, la electrificación llegará tarde y mantendrá a los hogares y a la industria española atados a un gas relativamente barato. Cada mes de bloqueo encarece la transición y debilita los argumentos de Madrid ante Bruselas para pedir más financiación europea.
Las negociaciones entre la Eurocámara y el Consejo comenzarán después de la pausa estival, bajo la Presidencia irlandesa de la UE. La ventana crítica se abre, por tanto, en otoño. Lo que está en juego no es solo un tipo impositivo: es quién manda cuando la descarbonización toca los impuestos y la soberanía de los Estados.
