EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, ha presentado una cámara de ejecución para presos palestinos condenados por terrorismo.
- ¿Quién está detrás? El propio Ben Gvir, líder del partido ultranacionalista Otzma Yehudit e impulsor de la nueva ley.
- ¿Qué impacto tiene? Consolida una legislación que expertos de la ONU consideran profundamente discriminatoria y tensa la relación de Israel con la UE y el mundo árabe.
El ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, ha presentado este martes una cámara de ejecución para presos palestinos condenados por terrorismo. La instalación incluye cabinas desde las que las víctimas y sus familias podrán presenciar los ahorcamientos.
Según el vídeo parcialmente difuminado distribuido por RT, la cámara se aloja en un ala de nueva construcción de una prisión del centro de Israel. Su localización exacta no ha sido revelada. Un Ben Gvir sonriente enseña las obras como cumplimiento de sus promesas electorales.
‘Estamos haciendo historia. Los terroristas merecen una sola cosa: la muerte en la horca’, afirmó el ministro. Y añadió que el corredor de la muerte y la cámara de ahorcamiento ‘también están empezando a tomar forma’.
La Knesset aprobó en marzo la Ley de Pena de Muerte para Terroristas, impulsada por Otzma Yehudit. La norma obliga a ejecutar a los condenados en un plazo máximo de 90 días desde la sentencia y elimina el derecho de apelación.
Los críticos señalan que la redacción solo castiga los ataques destinados a ‘acabar con la existencia de Israel’. En la práctica, eso deja fuera a los ciudadanos judíos. La ley queda reservada casi en exclusiva a acusados palestinos.
Ben Gvir no es nuevo en la provocación. Ha llegado a sostener que ‘no existe el pueblo palestino’. Sus seguidores han lucido durante meses pines con forma de soga. Su último cumpleaños incluyó una tarta con el mismo símbolo. Así de simple.
La ejecución se convierte en un espectáculo regulado: sala de ahorcamiento, cabinas para testigos y víctimas, y una ley que impide recurrir.
Una ley de marzo y una cámara con espectadores
La pena de muerte fue históricamente una excepción en Israel. El Estado solo la autorizaba en casos muy tasados: traición y crímenes de guerra de la época nazi.
Desde 1948 se han ejecutado únicamente a dos personas. Un oficial del ejército por traición en 1948 y el arquitecto del Holocausto, Adolf Eichmann, en 1962. Ningún prisionero palestino ha recibido una sentencia de muerte bajo la nueva norma.
La nueva cámara introduce una dimensión distinta. No se trata solo de aplicar la pena, sino de regular el espectáculo del ahorcamiento. Las cabinas para víctimas y familiares convierten la ejecución en un acto con testigos previstos. No es un detalle menor.
El debate legal y la denuncia por discriminación
El frente jurídico ya está abierto. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, calificó la ley de ‘profundamente discriminatoria’ y de violación grave del derecho internacional. Expertos de la ONU advierten que el ahorcamiento es incompatible con la prohibición absoluta de la tortura.
Legisladores israelíes y organizaciones como Adalah han recurrido al Tribunal Supremo para pedir la anulación de la norma por inconstitucional. El centro jurídico israelí B’Tselem sostiene que el método altamente visual contribuye a la deshumanización de los palestinos.
Israel mantiene encarcelados a unos 9.400 palestinos, entre ellos cerca de 100 mujeres y más de 370 menores, según el recuento citado por la Palestinian Prisoner Society. Grupos de derechos denuncian torturas, hambruna, violencia sexual, y denegación de atención médica.
Equilibrio de Poder
Para la Unión Europea, el giro israelí incomoda. Israel es un socio tecnológico y de seguridad, pero la UE no puede ignorar una legislación que sus propios expertos consideran discriminatoria. España mantiene relación diplomática y comercial con Israel y, al mismo tiempo, ha sido tradicionalmente activa en la defensa de los derechos humanos en los foros multilaterales.
En el Magreb, la decisión alimenta el malestar de las calles árabes. Marruecos normalizó sus relaciones con Israel en 2020 a cambio del reconocimiento estadounidense de su soberanía sobre el Sáhara Occidental. Una ejecución de estas características encarece esa ecuación para Rabat.
El precedente de Eichmann, en 1962, marcó la única gran ejecución del Estado. Entonces el proceso buscaba cerrar una herida fundacional. Ahora, la lógica es otra: el ahorcamiento se presenta como promesa política y no como excepción. El límite entre justicia y venganza institucional se difumina.
La próxima ventana crítica será judicial. Si el Tribunal Supremo tumba la ley, Ben Gvir podrá presentarse como víctima del sistema. Si la mantiene, el protocolo de 90 días quedará listo para activarse. Ahí está la trampa. Seguimos a la espera de la decisión.
