La crisis de Ceuta ha abierto una grieta nueva en la política migratoria de la coalición, y no es solo una cuestión de fronteras.
Ceuta como banco de pruebas de la política migratoria de la coalición
Hasta el pasado 30 de julio, el Ejecutivo de coalición avanzaba con una gestión migratoria en relativa armonía. Las entradas irregulares por tierra y mar habían descendido un 24%, la distribución de menores no acompañados entre comunidades autónomas funcionaba a buen ritmo y daba aire a Canarias, Ceuta y Melilla. Además, la regularización extraordinaria aprobada podía sacar de la clandestinidad a cerca de un millón de personas.
La avalancha en Ceuta lo cambió todo. Más de 80.000 personas entraron por el espigón de El Tarajal, en la frontera con Marruecos. Pedro Sánchez habló de violación de la integridad territorial de España, pero no se convocó el Consejo de Seguridad Nacional: un gesto que subraya que La Moncloa ha optado por un prisma migratorio, no de seguridad nacional.
El Gobierno se aferra a una baza central para descongestionar las calles de Ceuta: la colaboración de Rabat. Un informe reservado de la Comisión Europea, publicado por Statewatch en 2024, cifraba en apenas el 8% las expulsiones de marroquíes aceptadas por Marruecos. Mantener esa puerta abierta exige, según fuentes ministeriales, exhibir complicidad con el socio fiable. El 15 de agosto, Rabat mostró fuerza en el paso fronterizo ante otro cruce masivo convocado, lo que permitió al Ejecutivo centrarse en la atención y la acogida. Y el 23 de septiembre de 2026 hay una cita clave: Marruecos celebrará sus sextas elecciones legislativas bajo Mohamed VI.
La dimensión interna: acogida, menores y la incomodidad de Sumar
La segunda visita del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la ciudad autónoma marcó un punto de inflexión. Saltaron alarmas y se produjeron cruces de llamadas entre equipos ministeriales implicados en la crisis. Al día siguiente se conoció que Elma Saiz, ministra de Migraciones, llegó a Ceuta el 17 de agosto, casi veinte días después del asalto a la frontera.
En la práctica, se han abierto de manera temporal casi 2.000 nuevas plazas para acoger a migrantes, y se podrán habilitar hasta 4.000 camas en las próximas semanas. Pero las costuras del sistema de acogida están bajo tensión. Bruselas vigila de cerca y exige retornos, mientras el Ministerio de Juventud e Infancia ha propuesto trasladar a 500 niñas y adolescentes no acompañadas.
La crisis de Ceuta no solo exige gestionar 80.000 llegadas: obliga a la coalición a decidir qué peso real tienen los derechos humanos en su política migratoria.
Reubicar por ley a los menores es, de de pronto, el terreno más delicado para la coalición: la activación del mecanismo de la ley de Extranjería para reubicar por ley a los menores en la Península. La Moncloa teme que esos traslados, que se llevan años haciendo primero por solidaridad y después por obligación, sean leídos desde Europa como un gesto de debilidad en materia de retornos.
Mientras tanto, la respuesta de acogida durará meses, no semanas. La normalización, sea cual sea la solución para cada migrante, no será rápida. El Ejecutivo intentará mantener la armonía con Rabat para que acepte las expulsiones de sus nacionales, una ecuación incómoda para el socio minoritario de la coalición.
La Dinámica de Coalición
Dentro de Sumar conviven dos lógicas frente a la crisis. Una prioriza la emergencia humanitaria, la protección internacional y la reubicación de menores; la otra asume que la relación con Marruecos impone límites y que el control de fronteras no puede desaparecer del relato gubernamental. El equilibrio no es nuevo, pero la avalancha de Ceuta lo ha colocado en primer plano. El espacio de Sumar no es monolítico. Su margen dentro del Ejecutivo es limitado por la necesidad de no romper la coalición.
La dimensión de coalición es inmediata: el PSOE controla Interior, Migraciones y la relación diplomática con Rabat, mientras Sumar aporta capital político en derechos sociales y en la agenda de infancia. La propuesta del Ministerio de Juventud e Infancia de trasladar a 500 niñas y adolescentes es el primer gesto concreto del espacio confederal, pero no resuelve la brecha de fondo.
La proyección tiene ya una fecha en el calendario: 23 de septiembre de 2026, elecciones legislativas en Marruecos. Hasta entonces, Bruselas mantendrá la lupa sobre España y se decidirá si se activa por ley la reubicación de menores. Lo que observamos es un Ejecutivo que intenta repartir los costes políticos entre control y acogida, sin que el socio minoritario logre imponer todavía un marco propio en la respuesta a la crisis.
Ficha del Caso
- El caso: La crisis de Ceuta, con más de 80.000 entradas irregulares por El Tarajal, ha abierto una brecha en la política migratoria y de vecindad del Gobierno de coalición PSOE-Sumar.
- Datos importantes: Entradas irregulares habían bajado un 24% antes del 30 de julio; Marruecos solo aceptaba el 8% de las expulsiones; 2.000 plazas temporales abiertas, con hasta 4.000 camas previstas; traslado propuesto de 500 niñas y adolescentes; elecciones en Marruecos el 23 de septiembre de 2026.
- Resumen: La gestión de la acogida durará meses y sitúa la política migratoria de la coalición en el centro del escrutinio europeo, con Sumar obligado a equilibrar derechos humanos y relación con Marruecos.
