Trump ha privatizado de facto la ciberguerra: un memorándum presidencial autoriza a hackers privados a ejecutar ciberoperaciones contra organizaciones criminales transnacionales. El documento, firmado la semana pasada, ordena al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que cree un programa para habilitar a empresas en dos modalidades: cibervigilancia (recogida de inteligencia) y ciberefectos (manipulación o disrupción). Según el análisis jurídico difundido por Lawfare, saca del monopolio gubernamental capacidades antes reservadas a la NSA y el Mando Cibernético.
No hablo de una subcontrata más. La administración estadounidense define los objetivos como CE-TCO, organizaciones criminales transnacionales con cibercapacidad que no dependen de un Estado extranjero. Son responsables de una parte enorme del fraude digital. En 2025, las pérdidas por ciberdelito en Estados Unidos superaron 20.800 millones de dólares, según la hoja de datos que acompaña al memorándum. Las pérdidas por ciberdelito superaron 20.800 millones de dólares solo en 2025.
Le pongo en contexto. Hasta ahora, el FBI persigue a los grupos prioritarios; la NSA se concentra en la inteligencia extranjera; el Mando Cibernético, en el nexo entre guerra y ciberespacio. Quedan cientos de grupos criminales intocados. El memorándum lo admite: hay un déficit de capacidad. La solución es reclutar al sector privado con un marco que, a mi juicio, tiene más de lo esperado.
El giro doctrinal: de la NSA al capital riesgo
Las empresas interesadas deberán superar un filtro del Departamento de Justicia o del Departamento de Seguridad Nacional. Tendrán que demostrar competencia técnica, experiencia real en operaciones, seguridad en sus instalaciones y un historial sin aventureros. Además, cada operación propuesta deberá ser aprobada por los directores del programa en ambas agencias. Antes de ejecutarla, evaluarán si interfiere con otras actividades gubernamentales, si puede matar a alguien o si equivale a un ataque armado según el derecho internacional. Suena razonable.
Hay un detalle que delata el enfoque: las compañías participantes deberán depositar una fianza de un millón de dólares que perderán si incumplen las condiciones del contrato. Eso no es filantropía. Es un mercado incipiente de ciberoperaciones privadas con incentivos económicos. Por cierto, el memorándum no aclara quién paga exactamente ni de dónde sale el dinero. La supervisión recae, textualmente, en en dos personas: Stephen Miller, asesor de Seguridad Nacional, y Sean Cairncross, director nacional de Ciber.
Los críticos temen que un hacker privado ataque por error a un gobierno extranjero y dispare una escalada. Comparto la cautela solo a medias. Ni siquiera WannaCry o NotPetya, los ciberataques más destructivos conocidos, provocaron represalias militares. El propio gobierno tiene incentivos para evitar conflictos con sus operaciones. Y la línea entre crimen y Estado en Rusia o China, aunque real, no genera protestas cuando se golpea a un criminal local. Cosas que pasan en 2026.
La ciberguerra privada ha dejado de ser una hipótesis de laboratorio: en 2026 es una política pública con fianza de un millón de dólares.
Anatomía del programa: fianzas, vetos y supervisión mínima
Escribí hace años en El quinto elemento que el próximo 11S empezará con un clic. Este memorándum es el primer ensayo serio para que ese clic no salga gratis. Reconozco que me sorprende la contención del texto: no recluta a todo Silicon Valley para todas las necesidades de hacking, sino que acota el objetivo a los CE-TCO. Esa delimitación es, probablemente, lo más defendible.
Pero no me engaño. La supervisión parlamentaria brilla por su ausencia. El DHS solo deberá rendir cuentas ante Miller y Cairncross, no ante el Congreso. Con un programa de esta envergadura, con actores armados digitalmente por primera vez fuera del Estado, la opacidad es un error estratégico. Usted y yo pagaremos las consecuencias si una operación privada sale mal.
Le adelanto una lectura confidencial: el modelo es un experimento de gobernanza cibernética de dos velocidades. Por un lado, se impone un control técnico exigente; por otro, se deja el control político en la penumbra. La fianza de un millón de dólares es la garantía operativa, no la democrática. Eso debería preocupar a cualquier democracia que aspire a supervisar a sus cibermercenarios.
Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra
El vector de amenaza es una ciberoperación de tercerización estatal: el Estado autoriza a actores privados a ejecutar cibervigilancia y ciberefectos contra organizaciones criminales definidas por una orden presidencial. En la jerga del oficio, no es HUMINT puro ni un APT clásico; es una mezcla inédita de subcontratación y ciberguerra con responsables legales difusos.
Las agencias atacantes son, en este caso, las propias empresas privadas que reciban la licencia. El defensor es el aparato estadounidense: el DHS supervisa, el Departamento de Justicia valida y el FBI observa. Los terceros interesados son claros: la NSA y el Mando Cibernético no quieren interferencias con sus misiones, y los servicios rusos o chinos vigilan cualquier error de atribución. A juzgar por la naturaleza del material y la operación, estimo que el nivel de clasificación del anexo del memorándum es Secreto, no Top Secret, porque la orden deja fuera objetivos estatales y limita el radio de acción.
El precedente histórico es NotPetya. En 2017, el malware atribuido al GRU ruso golpeó a Ucrania y se desbordó a multinacionales sin disparar una represalia militar. Ese episodio enseña que la escalada cibernética no sigue los patrones clásicos. A la vez, la liberalización de ciberoperaciones recuerda a la privatización de la guerra con contratistas en Irak, pero en el ciberespacio la supervisión es todavía más opaca.
Mi lectura es que el beneficio supera al riesgo, al menos en el diagnóstico: hay demasiadas organizaciones criminales intocadas. Sin embargo, sin informes anuales y sin control del Congreso, el programa será una caja negra. El hito que vigilaré será el primer informe anual que prevea el DHS, si es que alguna vez se publica. Ahí veremos si la ciberguerra privada rinde cuentas o se disuelve en la niebla.
