El bloque parlamentario formado por el PP, Vox y Junts ha tumbado este jueves en el Congreso de los Diputados la prórroga de la moratoria antidesahucios, la última pieza de protección para los inquilinos vulnerables que quedaba en pie tras la retirada de los desalojos exprés y de los topes al alquiler. La decisión se ha producido con 177 votos en contra, según han confirmado fuentes parlamentarias a Moncloa.com. La votación deja sin efecto una norma que protegía a cerca de tres millones de hogares en España.
Qué ha defendido Vox en la votación
El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX) ha votado en contra de una moratoria que, a su juicio, beneficiaba a quienes no cumplen sus obligaciones contractuales y desincentivaba la oferta de vivienda en alquiler. La formación que preside Santiago Abascal sostiene que la prórroga de los alquileres y la paralización de los desahucios no atacan las causas del problema: la escasez de oferta, la inseguridad jurídica para los propietarios y la ocupación ilegal.
La dirección de Vox considera que la vivienda se ha convertido en un problema estructural por culpa de las políticas intervencionistas del Gobierno y de las comunidades autónomas. Según ha explicado el GPVOX en las últimas sesiones, la prioridad es aumentar la oferta de vivienda asequible, bajar impuestos y proteger al pequeño propietario. En ese marco, rechazar la moratoria no supone desproteger a las familias, sino cerrar una etapa de parches que, a su parecer, ha empeorado el acceso a la vivienda.
El partido ha recordado que la moratoria llevaba vigente desde abril de 2020 y que se ha prorrogado año tras año sin resolver el fondo del problema. En lugar de proteger al inquilino, ha elevado la litigiosidad y ha expulsado a los propietarios particulares del mercado. Los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que cita el GPVOX muestran que España mantiene una presión constante sobre la vivienda, con miles de lanzamientos judiciales al año y una oferta de alquiler asequible que se ha reducido de forma drástica.
Reacciones y consecuencias de la votación
Desde el Gobierno, el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, ha criticado la decisión y ha asegurado que el Ejecutivo seguirá apostando por mecanismos de protección para los inquilinos. El PSOE ha calificado la votación como un golpe a las familias más vulnerables. Sin embargo, el PP ha defendido que la moratoria generaba inseguridad jurídica e invadía competencias autonómicas. Junts ha esgrimido la defensa de las competencias catalanas.
La votación se enmarca en una secuencia parlamentaria de cuatro meses en la que el mismo bloque político ha retirado las principales protecciones a los inquilinos. El 27 de enero, el decreto ómnibus fue rechazado; el 26 de febrero, el PP, Vox y Junts tumbaron la moratoria antidesahucios; el 21 de abril, la proposición de ley del PP de desahucios exprés fue admitida a trámite con el apoyo de Vox y Junts; y el 29 de abril, el decreto de prórroga de alquileres fue rechazado por 177 votos.
De esta manera, se consolida un giro en la política de vivienda que tiene consecuencias inmediatas para decenas de miles de procedimientos de desahucio. La protección formal de la moratoria se extingue y las familias afectadas quedan en una situación de incertidumbre. Solo en el primer trimestre de 2026, el precio medio del alquiler se ha elevado un 9,1% interanual, según los datos que cita el Observatorio del Alquiler.
Vox ha defendido que la vivienda exige medidas estructurales, no parches que perpetúan la escasez y la dependencia del decreto.
La estrategia de fondo del partido
La lectura que se impone es que Vox ha convertido la política de vivienda en una extensión de su pulso con el PP por la derecha. Al votar contra la moratoria y a favor de la proposición de ley del PP, el GPVOX se mantiene en el espacio de las formaciones que reclaman una política de seguridad jurídica y de estímulo a la propiedad, pero sin asumir el coste político de la gestión. El partido insiste en que la vivienda es un derecho, pero que su garantía pasa por la creación de condiciones de mercado, no por la imposición de medidas coercitivas.
El desafío para la formación es gestionar la contradicción que sus propios adversarios le atribuyen: por un lado, critica la inacción del Gobierno; por otro, apoya la retirada de las herramientas de protección que se venían prorrogando. En Moncloa.com hemos consultado con fuentes del partido y la respuesta es unánime: la moratoria no era más que una ficción legal que enmascaraba la incapacidad del Ejecutivo para construir vivienda asequible. La salida, insisten, pasa por una política fiscal favorable al ahorro y a la inversión y por el respeto a la propiedad.
El bloque de la oposición se enfrenta ahora al reto de ofrecer un programa de vivienda que no se agote en la eliminación de las regulaciones sociales. El PP tendrá que definir si la proposición de desahucios exprés es una mera señal política o si llega a convertirse en ley. Vox, por su parte, continuará exigiendo un programa de vivienda con músculo fiscal y sin injerencias autonómicas. La próxima reunión del Consejo de Ministros, prevista para el 27 de agosto, y el inicio del periodo de enmiendas a la proposición del PP, que se abrirá en septiembre, marcarán los próximos pasos de una batalla que ya se percibe como decisiva en el ciclo electoral de 2027.
