Galicia asiste al encallamiento de varios proyectos industriales estratégicos declarados por la Xunta de Galicia.
Quince proyectos bajo el paraguas estratégico
La figura del proyecto industrial estratégico sirve para recortar plazos y dar ventajas. Según la página de transparencia de la Xunta de Galicia, hay 15 iniciativas con esta categoría. La Consellería de Economía no ha aclarado si son dos más. El objetivo es acelerar la tramitación y atraer inversión. Pero la declaración no garantiza la ejecución.
Las condiciones se flexibilizaron en 2017. Ahora basta con una inversión mínima de dos millones de euros o la promesa de cien empleos directos. Antes eran 50 millones y 250 empleos. Adega criticó que así se elude la licencia urbanística municipal, se da prevalencia sobre otras utilidades públicas y se conceden suelo y subvenciones directas.
El portavoz de Greenpeace, Manu Santos, critica la calidad democrática del mecanismo. Lo aprueba el Consello de la Xunta con criterios económicos, sin participación pública. La ciudadanía solo puede alegar después, con plazos muy reducidos. El proyecto se expone con privilegios ya concedidos. Y el mismo gobierno que lo declara de interés superior es el que luego lo evalúa.
El caso más sonado es la macrocelulosa de Altri, archivada tras históricas protestas. La Xunta le había dado el visto bueno ambiental, pero acabó viéndola inviable por falta de enganche a la red eléctrica. El Gobierno central excluyó a Altri de los fondos del PERTE de descarbonización. El archivo de Altri es el el fracaso más visible de la figura.
La declaración de estratégico no garantiza el éxito: convierte un proyecto en una apuesta política antes de que supere los filtros ambientales.
Impactos ambientales y contestación vecinal
Altri no es el único plan aparcado. La fábrica de neumáticos de Sentury en As Pontes sigue en stand-by. La planta de hidrógeno de Meirama, impulsada por Naturgy, Repsol y Reganosa, ha sido descartada por las propias empresas por costes y parón eólico.
También avanza con retraso el centro de datos de Ingenostrum en Curtis, con puesta en marcha desplazada de 2026 a 2027. En Vilagarcía, la terminal de betún recibió objeciones de 24 colectivos. La Xunta le otorgó su beneplácito ambiental el pasado mes de junio. Los retrasos se acumulan también en Curtis y Vilagarcía.
La reactivación de la mina de Touro-O Pino, estratégica desde junio de 2024, concentra una oposición férrea. La Xunta denegó el primer intento en 2021. Cobre San Rafael ha presentado un nuevo plan, pero las plataformas vecinales apenas ven cambios. Icomos, asesor de la Unesco, ha advertido riesgos para el Camino de Santiago. El proyecto sigue pendiente de la declaración de impacto ambiental.
El más reciente es la planta de SAIC en Ferrol, bien acogida por todos los partidos y sindicatos. En las negociaciones se implicaron la Xunta y el Gobierno central.
El Laboratorio Gallego
En la política gallega, esta figura resume una tensión de fondo. El PPdeG, con mayorías absolutas desde 2009, defiende la herramienta como palanca de reindustrialización. El BNG critica su opacidad; el PSdeG pide más controles ambientales. Las posiciones no son nuevas, pero adquieren otro tono cuando los proyectos estratégicos encadenan archivados y retiradas.
La dimensión nacional es clara. El modelo gallego podría servir de laboratorio para que el PP proponga agilizar inversiones. La flexibilización de 2017 —de 50 millones a solo dos— es un precedente citado como ejemplo de simplificación. Pero el recorrido de Altri, Sentury o Meirama muestra los límites: sin red eléctrica, sin fondos europeos y sin aceptación social, la declaración estratégica no basta.
La proyección pasa por Touro-O Pino, pendiente de impacto ambiental. Si encalla de nuevo, la figura quedará tocada; si sale, la Xunta reivindicará constancia. Las elecciones autonómicas de 2028 medirán el coste político de estos 15 proyectos. Galicia es un banco de pruebas para decisiones que después se escuchan en Madrid.
Ficha del Caso
- El caso: La Xunta ha declarado 15 proyectos industriales estratégicos, pero varios encallan por rechazo social, retirada de promotores o bloqueos administrativos. La figura busca acelerar tramitaciones y dar ventajas.
- Datos importantes: La flexibilización de 2017 redujo la inversión mínima de 50 a 2 millones de euros y el empleo de 250 a 100 puestos. Altri ha sido archivada; Sentury está aparcada; el hidrógeno de Meirama fue descartado; Touro-O Pino espera impacto ambiental; SAIC Ferrol es el último anuncio con consenso.
- Resumen: La capacidad de la Xunta para convertir anuncios estratégicos en realidades industriales está en entredicho, con implicaciones para el discurso de simplificación administrativa del PP a nivel nacional.
