El Gobierno ha cerrado este jueves la puerta a la proposición de ley que Junts presentó en solitario para reactivar la delegación de competencias en inmigración. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que el Ejecutivo sigue defendiendo el traspaso pactado en marzo de 2025, pero ha rechazado la vía unilateral de la formación independentista.
La advertencia llega en plena crisis migratoria en Ceuta y un día después de que Junts registrara un nuevo texto con cambios en el preámbulo. No es un matiz menor: el Gobierno sostiene que la iniciativa no es la acordada y que, por tanto, no tiene recorrido.
Bolaños lo ha explicado durante su comparecencia ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional. ‘Estamos donde hemos estado siempre: defendemos la transferencia de competencias y vamos a trabajar para que se haga en los términos pactados’, ha dicho. La línea roja es otra: ‘No pueden presentar una ley con siete diputados y decir que esto es lo que hay’.
El ministro no ha escondido su irritación y ha apelado a la lógica parlamentaria. ‘Presentar una ley consigo mismo se puede imaginar qué recorrido tiene. Hay que trabajar para sumar mayorías. Si no, no se sacan adelante las leyes’, ha añadido. También ha lanzado un mensaje directo al partido de Carles Puigdemont: ‘Ustedes presentaron una nueva que no es la que pactaron con nosotros y dicen que no aceptarán otra cosa. Imagino que con esos siete diputados conseguirán una mayoría suficiente para que se tramite, ¿o es un juego de artificio?’.
Qué reclama Junts y qué ofrece el Gobierno
La proposición de ley de Junts quiere que la Generalitat asuma competencias en materia de inmigración, una reivindicación que ya figuraba en el pacto de investidura de Pedro Sánchez. El acuerdo entre el Gobierno y Junts se cerró en marzo de 2025, pero el texto naufragó durante su tramitación parlamentaria.
La delegación no equivale a una competencia plena, sino a la asunción por parte de la Generalitat de funciones concretas previstas en la ley. Aun así, es una de las carpetas más sensibles del acuerdo entre Moncloa y el independentismo catalán. Junts la presenta como un instrumento de autogobierno y como una respuesta concreta a la crisis migratoria.
No se discute la transferencia: se discute si una ley puede salir adelante con siete votos y al margen del acuerdo original.
Ahora Junts reactiva la ofensiva con una nueva iniciativa elaborada al margen del Ejecutivo. El Gobierno, en cambio, insiste en que la única vía es el texto que ambas partes pactaron antes del fracaso parlamentario de septiembre de 2025. La diferencia es central: no es una discusión sobre el fondo, sino sobre quién controla el procedimiento.
Bolaños ha reivindicado su implicación personal en la negociación y ha asegurado que el Ejecutivo no abandonará el compromiso. ‘He trabajado yo más para esta delegación de competencias que ustedes, y lo saben’, ha espetado. La frase, pronunciada ante los representantes de Junts, resume el malestar acumulado tras meses de desencuentros.
El precedente de septiembre y el rechazo de Podemos
La delegación de competencias ya se sometió a votación en septiembre de 2025 y fracasó. Entonces la norma recibió el rechazo de Podemos, que la consideraba de trasfondo racista, y de PP y Vox. Desde aquel momento no ha habido avances para sumar a los morados.
Junts ha intentado superar el bloqueo con cambios en el preámbulo, uno de los puntos de fricción con Podemos. El resultado ha sido el mismo: los morados volvieron a rechazar la propuesta y, este jueves, Bolaños le ha cerrado la puerta. La crisis migratoria en Ceuta ha convertido la inmigración en un acelerador político.
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El pulso llega en un momento delicado para la mayoría de investidura. Moncloa necesita el apoyo de Junts para sacar adelante sus leyes, pero no puede ceder a una proposición que no controla. La decisión de Bolaños no es solo jurídica: es también de control del calendario legislativo.
La reivindicación independentista ha sido aprovechada por Junts para marcar perfil propio y recordar a la Generalitat que la inmigración es un ámbito clave del pacto. El Gobierno defiende que la legislatura no puede sostenerse sobre iniciativas registradas de manera unilateral cuando afectan a una competencia sensible.
Lo que queda sobre la mesa es una negociación sin fecha de cierre. Junts tiene la capacidad de presionar; el Gobierno tiene la mayoría para frenar. La cesión de soberanía en inmigración sigue lejos, por más que el acuerdo de 2025 siga vivo en los discursos.
