El Sindicat d’Estudiants ha presentado una querella criminal contra Juanma Badenas, concejal electo por Vox en València, tras las imágenes en las que aparece forzando la cerradura de su sede.
La querella y el argumentario del Sindicat d’Estudiants
La organización estudiantil formalizó la denuncia después de difundirse las grabaciones de las cámaras de seguridad. Los hechos ocurrieron el pasado viernes 3 de julio, cuando el edil accedió al local acompañado por otras dos personas.
Las imágenes muestran, según el sindicato, a Badenas forzando la cerradura y registrando las instalaciones. El Sindicat d’Estudiants sostiene que permanecieron dentro el tiempo que consideraron, grabaron vídeo y fotografiaron documentación.
El coordinador de la organización en València, Mario Tercero, vinculó la entrada con una ‘persecución únicamente por motivos políticos’. Rechazó que se tratara de una inspección administrativa y denunció daños materiales.
El responsable jurídico, Víctor Taibo, explicó que el local es de uso privativo y constituye el domicilio social y fiscal del sindicato. Por eso la querella incluye un presunto delito de allanamiento, junto a una posible sustracción o captación de datos de afiliados.
Taibo aseguró que la acción fue premeditada: funcionarios municipales habrían advertido al edil de la ilegalidad antes de que cogiera la llave. El sindicato exige el cese inmediato del concejal.
La querella no se limita al daño material: sitúa a un cargo público dentro de un domicilio social privado, sin orden judicial y con advertencia previa de los técnicos municipales.
La presidenta de Fampa, Elisabet García, recordó un episodio similar durante la huelga educativa, cuando Badenas se presentó en la puerta del local de la federación. En aquella ocasión, según su relato, se retiró al encontrarse con las trabajadoras.
La reacción institucional y la posición de Vox
El grupo municipal de Compromís ha solicitado el expediente administrativo, mientras que el PSPV anunció una moción en el próximo pleno para reclamar el cese. La candidata de Compromís a la alcaldía en 2027, Mónica Oltra, calificó los hechos de ‘acto político’ dirigido a generar miedo.
El portavoz del PSPV, Borja Sanjuan, advirtió de que minimizar lo ocurrido sería un error. A su juicio, el edil ha vulnerado derechos fundamentales, civiles y políticos.
La alcaldesa de València, María José Catalá, encargó un informe jurídico al Ayuntamiento para evaluar el acceso del edil a la sede. Catalá admitió que, ‘a priori’, no lo hubiera hecho, pero evitó condenar los hechos y no se pronunció sobre una retirada de competencias.
Vox expulsó a Badenas del partido tras las investigaciones relacionadas con València Activa. Desde entonces es edil no adscrito junto a Cecilia Herrero; ambos mantienen una escisión que sostiene la mayoría municipal.
El partido ha quedado al margen disciplinario de Badenas, pero su condición de concejal electo por Vox sigue pesando en la batalla municipal.
Lectura estratégica: el precedente de València Activa
La denuncia contra Badenas no es un episodio aislado. El edil fue expulsado del gobierno de Catalá después de hacerse públicas unas grabaciones que apuntaban a presuntos amaños en contratos de publicidad de la fundación València Activa. La Unidad Central Operativa registró el Ayuntamiento y la causa sigue en fase de instrucción.
La alcaldesa le readmitió de manera exprés con una rebaja de competencias para preservar la mayoría. Esa decisión debilitó el relato institucional del PP y situó a Vox en una posición incómoda hasta que la dirección nacional expulsó al edil.
La contradicción del adversario es clara: Catalá pidió un informe jurídico pese a la evidencia gráfica, mientras la oposición exige responsabilidades administrativas. Para Vox, desligarse de Badenas es la única salida coherente ante un perfil que acumula causas judiciales.
La dependencia de la mayoría municipal respecto de los dos ediles no adscritos convierte cada causa judicial en un factor de desgaste para el PP. La moción del PSPV obligará al pleno a retratarse, y la querella fija el recorrido penal de un caso que volverá a tensar la política valenciana.
