El Gobierno ha redoblado su ofensiva contra Vox por la crisis de Ceuta. Fernando Grande-Marlaska ha acusado a la ‘derecha y ultraderecha’ de incitar al odio y José Manuel Albares ha señalado a la ‘internacional reaccionaria’ que, a su juicio, impulsa la formación. Vox responde en el Congreso de los Diputados con una tesis distinta: lo ocurrido en la ciudad autónoma fue un acto de guerra híbrida orquestado por Marruecos.
La posición de Vox: ‘acto de guerra híbrida’ y responsabilidad del Gobierno
Para Ignacio Gil Lázaro, diputado de Vox, la crisis de Ceuta no es un episodio migratorio más. ‘Fue un acto de guerra híbrida orquestado por Marruecos’, sostuvo en la comisión de Interior. A su juicio, la actitud del Ejecutivo no fue de desconcierto sino de connivencia. ‘La pasividad es una forma de traición, una forma de connivencia con ese acto’, insistió.
El parlamentario de Vox fue más allá. Recordó que el país al que Pedro Sánchez define como socio fiable ha espiado el teléfono del presidente del Gobierno. ‘Por eso se muestran dóciles ante ellos’, apuntó. Vox y el PP coincidieron en calificar de ‘invasión’ lo ocurrido y en reclamar que no haya impunidad política por un ataque a la soberanía nacional. La formación reclama, además, que se deje de presentar a Marruecos como un socio fiable y que se aplique un control efectivo de la frontera. Considera que cada hora de inacción agrava la presión sobre los servicios públicos ceutíes.
La ofensiva del Gobierno: Marlaska y Albares sitúan a Vox en la diana
Fernando Grande-Marlaska ha pedido ‘calma’ en Ceuta y ha asegurado que el Ejecutivo trabaja para restablecer la normalidad. Sin embargo, su comparecencia estuvo marcada por la carga contra la oposición: acusó a la ‘derecha y ultraderecha’ de desinformar, buscar el aprovechamiento político e incitar al odio y al enfrentamiento en las calles. El ministro mencionó discursos sobre ‘invasores y delincuentes’, llamadas a ‘cazar’ migrantes y propuestas de ‘deportar’ a personas hospitalizadas.
El titular de Interior cifró en 5.000 los migrantes que siguen en Ceuta —1.500 de ellos menores— y anunció medidas estructurales para Ceuta y Melilla: el alargamiento de los espigones de El Tarajal y Benzú, la instalación de un sistema permanente de contención marítima mediante boyas fondeadas y un nuevo Centro de Atención Temporal de Extranjeros para 800 personas. Marlaska aseguró que entre el 1 y el 29 de julio hubo 1.026 entradas a nado y que Marruecos evitó 2.857. Vox no dio por buena esa lectura: para Gil Lázaro, los datos no cambian la naturaleza de un ataque organizado.
José Manuel Albares, por su parte, ha ligado la crisis de Ceuta al impulso de las redes de la ‘internacional reaccionaria’ y ha situado a Vox en esa órbita. La formulación recuerda a la estrategia del Ejecutivo de desplazar el foco de la gestión migratoria hacia una disputa ideológica europea.
El Gobierno convierte una crisis de soberanía en un duelo ideológico contra Vox.
La tesis gubernamental, sin embargo, no convenció ni a sus socios. Sumar, ERC, Junts, Bildu y el PNV reprocharon a Marlaska su ‘condescendencia’ con Marruecos, aunque también acusaron a Vox de extender discursos de odio. Para Vox, ese doble reproche confirma que sus advertencias sobre la presión migratoria y la soberanía de Ceuta eran razonablemente acertadas. La formación no necesita que la izquierda le legitime: le basta con que el Gobierno y sus socios admitan las grietas de la gestión.
La lectura estratégica de Vox: soberanía, seguridad y presión al PP
La crisis de Ceuta le permite a Vox marcar perfil propio en territorio, seguridad y política migratoria, tres espacios que considera decisivos para el próximo ciclo electoral. No solo aprieta al Gobierno: también mide al PP, con quien rompió gobiernos autonómicos por diferencias sustanciales en inmigración y que ahora repite el término ‘invasión’ con menos consecuencias. Esa distancia es aprovechada por Vox para presentarse como la única oposición con una respuesta articulada de soberanía. La formación considera que el PP puede compartir el diagnóstico, pero carece de la coherencia para sostenerlo sin disculpas.
El precedente de 2021 pesa en el debate. Entonces miles de personas cruzaron a Ceuta y la respuesta del Ejecutivo se agotó en la colaboración con Marruecos. Ahora, el recuerdo de aquellos días refuerza el argumento de Vox de que sin control efectivo de la frontera no hay política migratoria creíble. La contradicción del Ejecutivo es llamativa: presume de ‘socio leal’ mientras sus propios aliados parlamentarios hablan de ‘grotesco’, ‘negligente’ o ‘tomadura de pelo’.
Vox convierte así una comparecencia de control en un relato de seguridad nacional y de defensa de Ceuta como espacio español. El coste político no recaerá solo en el Gobierno; también condicionará los equilibrios internos del PP. La formación ha logrado, hasta ahora, que el debate de Ceuta gire sobre su marco y no sobre la gestión del Ejecutivo.
