La gestión de Ceuta que ha denunciado el partido político Vox cobra otra dimensión: 820 inmigrantes ilegales salieron del CETI rumbo a la Península entre el 1 de mayo y el 31 de julio. Así consta en los documentos oficiales difundidos por La Gaceta, que cifran el flujo en 1,6 veces la capacidad máxima declarada del centro, fijada en 512 plazas.
La tesis de Vox: el Gobierno vació el CETI de Ceuta antes de la crisis
Para Vox, la operación no fue una mera reorganización administrativa. Los datos confirman que el Gobierno mantuvo el centro abierto y, al mismo tiempo, evacuó hacia el interior del país un contingente equivalente a más de una vez y media su capacidad legal. El desglose mensual refuerza esta lectura: 306 salidas en mayo, 265 en junio y 249 en julio, según los documentos oficiales consultados.
El perfil de los trasladados concentra aún más el foco. De los 820 inmigrantes ilegales, 813 eran hombres adultos, el 99,15 % del total. Solo figuran cinco mujeres y dos menores, todos de nacionalidad marroquí. El partido sostiene que este abandono del perfil familiar evidencia una gestión orientada al desagüe del centro, no a la acogida.
Las cifras por nacionalidad refuerzan el patrón: Marruecos concentró 430 salidas (52,44 %) y Sudán, 179 (21,83 %). Entre ambas nacionalidades sumaron el 74,3 % de los traslados. El bloque del Magreb —Marruecos, Argelia y Túnez— alcanzó los 465 desplazamientos, el 56,71 %.
La contradicción administrativa es un argumento central del argumentario de Vox. En abril, la Secretaría de Estado de Migraciones licitó los contratos de víveres y limpieza del CETI con un horizonte hasta 2031 y cláusulas que contemplaban la sobreocupación extrema y un escenario de 1.000 internos. En paralelo, el Ministerio derivaba hacia la Península a 820 internos en los noventa y dos días previos a la crisis. Los documentos no recogen el destino autonómico, mas sí acreditan el volumen, el sexo y la nacionalidad de quienes salieron.
La cifra no es un episodio aislado: evidencia una doble operación —presupuestar el desbordamiento y vaciar el centro— en las semanas decisivas.
Impacto parlamentario y control al Gobierno
El dato refuerza la posición del Grupo Parlamentario VOX en el Congreso de los Diputados y ofrece base para las próximas sesiones de control. La Cámara retoma en septiembre su actividad ordinaria tras el paréntesis estival. Según apuntan fuentes parlamentarias consultadas por Moncloa.com, aún sin confirmación oficial, la reclamación se centrará en los criterios de derivación, el destino autonómico y la situación jurídica de los 820 internos.
La ausencia de detalles en los documentos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones también pesa. No consta el destino autonómico, la situación jurídica ni la fecha de ingreso de los trasladados. Lo que sí acreditan es el volumen, el sexo y la nacionalidad. Vox sostiene que este vacío de transparencia ejecuta la política migratoria sin control parlamentario efectivo.
Estrategia de Vox: la inmigración como eje de presión
La estrategia de Vox es clara. La formación ha convertido la política migratoria en el eje sobre el que tensar al Gobierno y marcar distancias con el PP en las comunidades. La crisis de Ceuta no es un episodio aislado: confirma el argumento de que las políticas de acogida operan por encima de su capacidad y trasladan el coste al conjunto del territorio. El precedente es identificable: cada pico migratorio ha derivado en un debate sobre el reparto territorial y ha reabierto la negociación entre los populares y Vox.
La lectura estratégica ofrece una mirada hacia delante. Si el Congreso no aclara los criterios de estos traslados, Vox podrá prolongar su ofensiva con preguntas escritas, solicitudes de comparecencia y nuevas iniciativas de control. El Gobierno quedará obligado a explicar por qué aceptó por contrato un escenario de sobreocupación y, al mismo tiempo, vaciaba el centro en vísperas de la oleada. La gestión de Ceuta, por tanto, no agota su recorrido en una sola cifra.
