El Gobierno admite un error de cálculo al dar por zanjada la crisis de Ceuta tras el retorno de 70.000 migrantes.
La reconstrucción de un mes de caos, publicada por elDiario.es, revela que Moncloa subestimó la presión migratoria posterior a la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio. Esa resolución cambió el paradigma de la seguridad fronteriza al impedir las devoluciones en caliente para quienes entran por mar.
La cronología de un error de cálculo
La crisis estalló el 30 de julio, cuando miles de personas cruzaron la frontera de Ceuta desde Marruecos a un ritmo de 250 por minuto. El Gobierno, centrado en la emergencia por los incendios forestales, no calibró la magnitud del fenómeno migratorio. En el entorno de Pedro Sánchez se asume que hubo un ‘error de cálculo’ al pensar que, si en dos días habían regresado tantas personas a Marruecos, en una semana la crisis estaría liquidada.
El precedente clave es la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio. El alto tribunal declaró irregular la devolución de un ciudadano argelino que entró a nado a Ceuta en noviembre de 2024. A partir de ese fallo, la Delegación del Gobierno y el ejecutivo local de Juan Jesús Vivas alertaron de un incremento progresivo de entradas por El Tarajal. Interior reforzó con 70 efectivos, pero el 27 de julio se declaró una ‘emergencia migratoria’ tras la entrada de mil personas en una semana.
El día 29, el ministro Fernando Grande-Marlaska aseguró en La Sexta que ‘en breve podremos solventarlo’. Faltaban menos de 24 horas para el cruce masivo. El 30 de julio, Sánchez y Marlaska se enteraron de la alerta en Ceuta mientras visitaban el Puesto de Mando Avanzado de Navaluenga por los incendios. Las imágenes del Tarajal mostraron a miles de personas cruzando a nado o por el espigón. Se convocaron reuniones de urgencia, pero se descartó un Consejo de Seguridad Nacional.
El 31 de julio, Sánchez viajó a Ceuta con Marlaska. Allí describió la situación como ‘un ataque a la integridad de España’. Las calles estaban colapsadas por más de 70.000 migrantes en una ciudad de 80.000 habitantes. La cifra de fallecidos en la frontera se estima en 140. Ese mismo día, un grupo de socios europeos liderados por la italiana Giorgia Meloni planteó suspender el espacio Schengen para España, lo que agravó la presión internacional.
La crisis de Ceuta no es solo un problema migratorio: es una prueba de estrés para la credibilidad del Gobierno en pleno ciclo electoral.
La ofensiva del PP y Vox y la respuesta del Gobierno
La oposición ha utilizado la crisis para abrir otra vía de agua contra el Ejecutivo. El Partido Popular y Vox, han endurecido su discurso, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, se ha mostrado ‘mucho más hostil que en crisis anteriores’, según fuentes gubernamentales. La sensación en Moncloa es que se reaccionó tarde y que la actitud de Europa y la presión interna dejan al Gobierno en una situación imposible.
La violencia racista ha estallado en las calles de Ceuta. Miles de migrantes permanecen varados en la ciudad desbordada, hastiada por la alteración radical de su hábitat. Los enfrentamientos añaden un componente de orden público a una crisis ya de por sí compleja. El Ejecutivo, en pleno agosto con la administración a medio gas, afronta un doble frente: la gestión humanitaria y la batalla política.
La lectura estratégica de Ferraz es que el error de cálculo no puede repetirse. La dirección federal considera necesario blindar la coordinación con Marruecos y con Europa, mientras se acelera el proceso administrativo para acoger o retornar a los migrantes. El margen de Sánchez se estrecha: cada día de caos alimenta el relato de la oposición sobre la supuesta debilidad del Ejecutivo.
El Eje del Poder Socialista
La crisis de Ceuta pone a prueba el pulso interno del PSOE y la gestión de la coalición. Ferraz respalda a Sánchez, pero voces territoriales como la de Emiliano García-Page (presidente de Castilla-La Mancha) podrían utilizar el episodio para marcar diferencias en materia migratoria. El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, con Patxi López al frente, se prepara para responder a las iniciativas de PP y Vox, que ya han anunciado comisiones de investigación.
Desde el punto de vista territorial, Ceuta es un espejo incómodo para el Gobierno. La gestión de la frontera sur contrasta con la defensa de un modelo de migración ordenada y solidaria que el PSOE ha reivindicado. En las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, como Asturias o Navarra, la presión migratoria es menor, pero el discurso de la oposición puede calar. La dirección federal ha insistido en que la prioridad es proteger los derechos humanos y reconstruir la confianza con Marruecos.
La comparativa histórica inevitable es con la crisis de los cayucos de 2006, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando la presión migratoria desde África occidental puso contra las cuerdas al Ejecutivo socialista. La gestión actual tiene similitudes: falta de previsión, reacción tardía y una oposición que capitaliza el miedo. Sin embargo, el contexto actual es más complejo por la implicación de la sentencia del Supremo y la amenaza europea de suspender Schengen.
El riesgo a medio plazo es que la crisis se cronifique. La próxima ventana crítica será el Pleno del Congreso de septiembre, donde PP y Vox exigirán explicaciones y podrían forzar votaciones simbólicas. El Gobierno necesita presentar resultados tangibles: acelerar los expedientes, reforzar la cooperación con Rabat y contener la violencia en Ceuta. Si no lo logra, la legislatura se complicará aún más.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: Fortalecer la coordinación europea y con Marruecos para garantizar una migración ordenada y proteger a las personas.
- Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE).
- Próximo hito: Pleno del Congreso a partir del 6 de septiembre para debatir la crisis de Ceuta y las posibles comisiones de investigación.
