EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Departamento de Justicia ha publicado un informe que acusa al FBI de la etapa de Biden de investigar a dos sacerdotes católicos por su fe.
- ¿Quién está detrás? El grupo de trabajo sobre el uso armado de las agencias, impulsado por Donald Trump; el fiscal general Todd Blanche y el director del FBI, Kash Patel, han validado el informe.
- ¿Qué impacto tiene? Reabre el debate sobre la libertad religiosa y refuerza la agenda de la Casa Blanca contra la burocracia armada; sin impacto económico directo para España.
El Departamento de Justicia ha hecho público un informe que acusa al FBI de Biden de investigar a dos sacerdotes católicos. La investigación vinculó la misa tradicional en latín y otras creencias conservadoras con el extremismo doméstico.
Dos sacerdotes, una evaluación interna y cero delitos
Lo elabora el Weaponization Working Group, el grupo de trabajo del Departamento de Justicia que examina el uso armado de las agencias federales. El epicentro es una evaluación interna de 2023 conocida como el Richmond Domain Perspective, preparada por la oficina del FBI en Richmond (Virginia).
Según el DOJ, aquella evaluación asociaba creencias compartidas por muchos católicos conservadores con el extremismo violento. La misa tradicional en latín, la oposición al aborto, los valores familiares conservadores y el ‘rechazo de la modernidad’ figuraban como posibles indicadores.
Agentes del FBI llegaron a investigar a dos sacerdotes, vigilar sus viajes y monitorizar sus comunicaciones. La propia agencia no encontró ninguna conexión con actividad delictiva ni con extremismo violento.
El informe también concluye que el FBI se apoyó en fuentes sesgadas y no verificadas. Cita publicaciones del Southern Poverty Law Center y materiales de inteligencia extranjera sin revisar adecuadamente su credibilidad.
Las revisiones internas posteriores determinaron que la evaluación de Richmond mezclaba indebidamente doctrina católica con extremismo violento y que ignoraba la Primera Enmienda, la cláusula de la Constitución que protege la libertad religiosa y de de expresión. Aun así, según el DOJ, los líderes del FBI apenas tomaron medidas correctivas: los empleados implicados recibieron evaluaciones positivas y los funcionarios de Richmond siguieron defendiendo el documento.
El informe no documenta ninguna acusación contra los dos sacerdotes. La conclusión política, en cambio, ya se ha puesto en marcha.
La respuesta de la Casa Blanca y del nuevo FBI
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó en enero de 2025 una revisión del uso armado de las agencias federales, tras regresar a la Casa Blanca. Para preparar el informe, el DOJ revisó más de 1.800 páginas de correos internos, evaluaciones y registros de investigación.
Este departamento ya ha apartado a varios empleados clave responsables del documento de Richmond. ‘Este Departamento de Justicia no tolerará una burocracia armada que enfríe la actividad protegida por la Primera Enmienda’, dijo el fiscal general Todd Blanche, quien confirmó que las personas que elaboraron el Richmond Domain Perspective ya no están en el departamento. El director del FBI, Kash Patel, prometió que la burocracia armada ‘nunca será tolerada’ en la agencia.
La Lógica de Washington
En Washington, el informe no se lee solo como una corrección de un exceso policial. Se lee como pieza dentro de una disputa más amplia por el control de la burocracia federal. La administración de Trump ha convertido la expresión ‘burocracia armada’ en un eje de su gestión: la tesis de que agencias como el FBI o el Departamento de Justicia usaron su poder contra ciudadanos conservadores durante la etapa de Biden. El informe de Richmond ofrece, a su juicio, la prueba más clara hasta ahora.
El precedente no es nuevo. En 1975, el Church Committee (comité del Senado que destapó abusos del FBI y la CIA) obligó a crear controles internos. Aquel episodio planteó la misma pregunta que hoy agita a Washington: qué puede hacer una agencia federal contra un ciudadano que piensa distinto. La diferencia es que ahora el debate lo lidera la propia Casa Blanca.
Washington no pide permiso.
Para España, el episodio no tiene impacto económico directo, pero sí institucional. Washington está redefiniendo los límites entre la seguridad nacional y las libertades civiles, y lo hace con la Primera Enmienda como bandera. La comunidad católica española asiste a un choque americano que mezcla fe, vigilancia y política. En Madrid se observa que el margen de maniobra de la Casa Blanca en seguridad se ampliará si esta narrativa se consolida en el Congreso.
El siguiente paso será político. El informe alimenta la agenda del Comité Judicial del Senado y refuerza el discurso del Partido Republicano de cara a las elecciones intermedias. Mientras tanto, el DOJ ya ha movido ficha: empleados clave fuera, el documento público y la promesa de que no habrá vuelta atrás.
Ficha del Caso
- El caso: El Departamento de Justicia de Trump publica un informe que describe cómo el FBI de la etapa de Biden vinculó prácticas del catolicismo tradicional con el extremismo doméstico e investigó a dos sacerdotes sin hallar delito.
- Datos clave: Dos sacerdotes investigados; más de 1.800 páginas de documentos revisados; evaluación interna de Richmond de 2023; cero vínculos con actividad delictiva; empleados clave apartados del DOJ.
- Para España: La relevancia es institucional, no económica: Washington fortalece su narrativa de control de la burocracia federal y reabre el debate sobre los límites entre seguridad y libertades religiosas, observado con atención por los aliados europeos.
