El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha abierto la puerta a que el recurso de Carles Puigdemont contra la amnistía del procés quede resuelto antes de que termine 2026.
Según ha adelantado Crónica Global y confirman fuentes del tribunal, el primer caso en deliberarse será el de Jordi Turull, dirigente de Junts, seguido del resto de condenados por el procés. El aviso llega después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avalara la ley de amnistía.
El primer recurso en deliberarse: el de Jordi Turull
Turull es uno de los líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo tras el procés de 2017. Su recurso se encuentra en un estado más avanzado de tramitación, de modo que servirá de caso piloto para fijar los criterios.
La prioridad a Turull no es casual. Su recurso es el más antiguo de los nueve y permite probar si la doctrina del Constitucional resulta aplicable sin nuevos incidentes procesales. El resto de condenados se beneficiaría de una resolución general, pero Turull actúa de avanzadilla.
Conde-Pumpido ha sido explícito sobre el calendario: la doctrina se establecerá ‘en septiembre o en octubre’. Y si el Tribunal Supremo no la aplica, ha añadido que ‘tendremos que ser nosotros los que vayamos dictando una a una las sentencias’.
La decisión de empezar por Turull responde a una lógica procesal: al ser el recurso más maduro, permite al tribunal dibujar una doctrina que después se podrá aplicar con pocas adaptaciones. Eso sí, la advertencia a la jurisdicción ordinaria no deja lugar a equívocos: si el Supremo se resiste, el Constitucional está dispuesto a sentenciar los nueve casos de forma individual.
La batalla de la amnistía ya no se libra solo en el Parlament: ahora es el Tribunal Constitucional el que marca los tiempos del procés.
Doctrina en septiembre u octubre y aviso al Tribunal Supremo
El mensaje del presidente del Constitucional no es inocente. Al fijar un horizonte temporal para una doctrina general, el tribunal reduce el margen para demoras y se presenta como la última instancia real en una batalla judicial que arrastra años.
Para Puigdemont, la resolución antes de fin de año disminuiría la incertidumbre jurídica, aunque no garantiza de forma automática su regreso a España. Todo dependerá de cómo encaje el Tribunal Supremo la interpretación del Constitucional.
Lectura política: el calendario aprieta a Puigdemont y al Gobierno
La mayoría de los recursos presentados por los condenados tiene un recorrido procesal similar y, si el tribunal opta por resolver caso a caso, la doctrina fijada en otoño actuará como guía. El Constitucional quiere evitar sentencias contradictorias y, de paso, acortar los plazos.
La jugada tiene una doble lectura. Por un lado, calma a quienes esperan una salida jurídica; por otro, presiona al Tribunal Supremo, que queda señalado si no incorpora de inmediato la doctrina constitucional.
El precedente no es menor. El Constitucional ya se ha enfrentado al Supremo en otras fases del procés, pero nunca con la amnistía como telón de fondo. Lo que ahora se negocia no es solo la situación penal de los condenados: es la arquitectura de la relación entre la justicia constitucional y la jurisdicción penal.
El auto que fije doctrina se aprobará en octubre. A partir de ahí, cada condenado verá si su recurso se resuelve de forma conjunta o si toca esperar una sentencia ad hoc. La estrategia del Constitucional busca velocidad, pero necesita que el Supremo no haga uso de nuevas excepciones procesales.
En clave catalana, la amnistía sigue siendo el eje sobre el que Junts ha condicionado su apoyo al Gobierno central. La sola posibilidad de que el recurso de Puigdemont se resuelva antes de que acabe el año reordena los tiempos de la legislatura, aunque sin alterar de golpe los equilibrios parlamentarios.
El primer pleno del Constitucional para fijar doctrina se espera en septiembre u octubre. La pregunta es si el Tribunal Supremo asumirá la interpretación o forzará al TC a dictar sentencias una a una antes de final de año.
