La demanda contra Apple en Londres por su política de rastreo de anuncios reclama 2.000 millones de libras. La acción, presentada ante el Tribunal de Apelación de la Competencia británico, acusa a la compañía de imponer reglas de privacidad más estrictas a los desarrolladores terceros que a su propia publicidad. El nuevo frente judicial llega apenas unos meses después de que el mismo tribunal condenara a Apple a pagar 1.500 millones por las comisiones de la App Store.
Claves de la operación
- La demanda reclama 2.000 millones de libras a Apple. La acción, presentada ante el Tribunal de Apelación de la Competencia, alega un doble rasero en las reglas de privacidad.
- El punto de fricción es el sistema ATT. App Tracking Transparency impone condiciones más duras a los desarrolladores externos que a los propios servicios publicitarios de Apple.
- Apple ya arrastra otro fallo adverso. El tribunal le ordenó pagar 1.500 millones por comisiones de la App Store; la compañía recurre esa decisión.
El cerco legal sobre la publicidad móvil llega a Londres
El recurso, registrado en Londres, recoge una acusación recurrente contra los grandes ecosistemas digitales: que las reglas que fijan para terceros no se aplican con la misma contundencia a sus propios servicios. En este caso, la atención se centra en App Tracking Transparency (ATT), el mecanismo que introdujo Apple en 2021 para obligar a las aplicaciones a pedir permiso antes de rastrear la actividad de los usuarios con fines publicitarios. Según Reuters, la demanda sostiene que Apple impuso reglas más duras a terceros que a su propia publicidad, lo que habría distorsionado la competencia en el segmento de la publicidad digital.
El caso se suma a una presión regulatoria creciente sobre la compañía. En octubre, el mismo tribunal ordenó a Apple pagar alrededor de 1.500 millones de libras por abuso de posición en la App Store, una decisión que la empresa ha recurrido y que aún no es firme. La nueva demanda todavía debe superar el filtro de certificación antes de poder tramitarse; no es un trámite menor. En la experiencia del derecho británico de competencia, muchas acciones colectivas caen en esta fase previa.
Desde Madrid observamos que el trasfondo no es únicamente británico. La publicidad digital es el corazón de los ingresos de Apple en servicios, una división que ha sostenido los márgenes del grupo en un contexto de estancamiento del iPhone. Aunque la compañía insiste en que su política de privacidad protege al usuario, el enfrentamiento apunta a una cuestión más delicada: el control del acceso a los datos de los usuarios y quién puede monetizarlos en el ecosistema móvil.
La demanda es también un recordatorio de los riesgos que asumen las plataformas cuando mezclan el papel de regulador y el de competidor. Apple obliga a todos los desarrolladores a pasar por su sistema, pero al mismo tiempo compite con ellos en el mercado publicitario. Ese doble rol, ya cuestionado en Europa y en otros mercados, es el eje de la reclamación presentada en Londres. Y puede que no sea el último.
La batalla legal se produce en un momento de transición para la publicidad digital. El fin de las cookies de terceros, la presión de los reguladores, y la consolidación de los jardines cerrados han redibujado el mapa del gasto publicitario. Los anunciantes buscan alternativas y Apple, con su creciente inventario propio, se mueve en ese tablero. La demanda británica añade una capa de incertidumbre a una industria que ya vive una reconfiguración de los modelos de atribución y medición.
Un matiz importante: la cantidad reclamada, 2.000 millones de libras, es una estimación de daños colectivos. No es una multa de un regulador ni una sanción impuesta, si no el montante que los demandantes consideran que Apple debería compensar a los desarrolladores y anunciantes afectados. La decisión sobre si el caso puede proceder como acción colectiva está, de hecho, en manos del propio tribunal de competencia. El matiz importa.
La privacidad ya no es solo una bandera de marca: es el campo donde se decide quién controla el negocio publicitario del móvil.
Qué se juega Apple en este nuevo frente judicial
El frente judicial británico no es una anomalía. Apple lleva varios años defendiendo su política de privacidad como una ventaja competitiva y como una decisión de producto. La demanda presentada en Londres cuestiona precisamente esa coherencia: si el rastreo es tan perjudicial para los usuarios, ¿por qué la propia Apple lo utiliza para su publicidad con reglas más laxas? La respuesta de la compañía será determinante para el devenir del caso. Mientras tanto, Apple mantiene su negocio de publicidad dentro de la división de servicios, la más rentable del grupo.
La demanda añade presión en un momento en que los reguladores europeos también aprietan. La Comisión Europea vigila de cerca el cumplimiento de la DMA en lo que respecta a la publicidad y el uso de datos. Aunque el Reino Unido ya no forma parte de la UE, su tribunal de competencia es un actor relevante por el volumen del mercado publicitario británico. Los observadores del sector no esperan resoluciones rápidas: si el caso supera la certificación, la vista podría llegar varios años después del inicio del litigio.
Una lectura desde Madrid: la batalla por el control del dato móvil
En España, la dependencia del sistema Apple es notable en los medios digitales y en el comercio móvil. A pesar del crecimiento de Android, el ecosistema de Apple concentra una parte desproporcionada del gasto en aplicaciones y publicidad. La introducción de ATT en 2021 provocó un reajuste en las campañas de captación de usuarios de las aplicaciones españolas, obligando a las empresas a diversificar sus canales. El caso de Londres puede acelerar una revisión de estas prácticas más allá del Reino Unido.
El precedente también tiene una lectura financiera. Los inversores han premiado a Apple por expandir servicios y aumentar la recurrencia de sus ingresos. Una sentencia adversa en un mercado como el británico, si llega a producirse, no pondría en riesgo las cuentas del grupo, pero sí su narrativa sobre la privacidad como ventaja competitiva. Y en un contexto en el que la publicidad digital se ha convertido en la última frontera del crecimiento de los grandes ecosistemas, ese relato importa.
El riesgo para Apple es doble. Por un lado, una eventual derivada económica si la demanda prospera, con daños que podrían sumarse a los ya reclamados por las comisiones de la App Store. Por otro, la exposición de una contradicción: vender privacidad mientras se compite en el mercado publicitario con reglas propias. La certificación del caso marcará el primer hito, previsiblemente en los próximos meses. Seguiremos atentos a la respuesta formal de la compañía.
