La jueza de Angrois ha avalado el indulto total al maquinista del Alvia condenado por 79 homicidios.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La magistrada del Tribunal de Instancia de Santiago informa a favor del indulto total de la pena de prisión para Francisco Garzón Amo, condenado a dos años y seis meses por 79 homicidios y 143 lesiones.
- ¿Quién está detrás? El sindicato de maquinistas Semaf promovió la solicitud; el fiscal jefe de Santiago apoya un indulto parcial, y la decisión final corresponde al Gobierno.
- ¿Qué impacto tiene? Reabre el debate sobre las deficiencias de seguridad del tramo y la responsabilidad de Adif, administrador de la infraestructura.
La jueza avala el indulto total con razones de justicia y equidad
El auto, firmado el 7 de septiembre por la magistrada María Elena Fernández, sostiene que concurren «razones de justicia y equidad» para acceder a la petición. El maquinista fue condenado por 79 delitos de homicidio y 143 de lesiones por imprudencia grave tras el descarrilamiento del tren Alvia en Angrois, en Santiago de Compostela, el 24 de julio de 2013.
La magistrada recuerda que el condenado no tenía antecedentes penales, que la responsabilidad civil correspondiente a las cantidades ya liquidadas ha sido satisfecha «en su totalidad o prácticamente en su totalidad» por QBE, la aseguradora de Renfe, y que el maquinista se encuentra ya jubilado. El pronóstico de que pueda volver a delinquir es prácticamente nulo.
El informe no resta gravedad a la imprudencia, pero la sitúa en un espacio de tiempo muy reducido. La conducta se produjo cuando el maquinista perdió la atención sobre la marcha del tren mientras mantenía una conversación telefónica con el interventor. La llamada versaba sobre una cuestión profesional, no urgente, y coincidió con la aproximación a la curva de A Grandeira , donde el convoy debía reducir de forma brusca la velocidad.
La sentencia de primera instancia, cuyos hechos probados mantuvo después la Audiencia Provincial, apreció deficiencias en la señalización del tramo y ausencia de medidas de seguridad capaces de reducir el riesgo ante un exceso de velocidad como el que se produjo. Esta consideración no quedó descartada en la apelación, aunque no se tradujo en la condena de la persona acusada por las deficiencias de seguridad.
La posición de las víctimas pesa en el informe. Las que formalizaron su postura se pronunciaron «mayoritariamente a favor» del indulto, y algunas alegaron que la «condena moral» que acompañará al maquinista será de por vida con independencia de que llegue o no a ingresar en prisión.
El caso no se cierra en Santiago: lo que decida el Gobierno servirá para medir el alcance real de las responsabilidades del sistema ferroviario.
Para la jueza, el cumplimiento efectivo de la pena tendría escasa utilidad desde el punto de vista de la reinserción. Reconoce que la prisión cumple una función de prevención general, pero entiende que en este caso no aportaría una finalidad específica de resocialización.
El informe favorable ha sido remitido al Ministerio de Justicia. La decisión definitiva corresponde al Gobierno, después de que el fiscal jefe del área de Santiago, Antonio Roma, se mostrase a favor de un indulto parcial por «relevantes razones de justicia y equidad».
La sombra de Adif y la posición de las víctimas
El sindicato de maquinistas Semaf promovió la solicitud de indulto ante el Ministerio de Presidencia, y el escrito de la Fiscalía se dirigió al Juzgado de lo Penal número 2. La magistrada, sin embargo, ha ido más lejos que el fiscal: informa a favor del indulto total y, subsidiariamente, del perdón de la condena en lo que excede de los dos años, lo que permitiría la suspensión condicional de la pena.
El debate sobre Adif, el administrador de la infraestructura ferroviaria, vuelve a aparecer en el horizonte. La propia sentencia apreció que la línea no contaba con todas las medidas de seguridad necesarias para evitar las consecuencias de un exceso de velocidad. Galicia no lo ha olvidado. La plataforma de víctimas del Alvia lleva más de una década pidiendo responsabilidades más allá del maquinista.
La lectura es otra. El indulto, de concederse, dejaría sin efecto la pena de prisión, pero no borraría el relato judicial sobre la cadena de fallos que rodeó el accidente. El auto de la jueza mantiene ese relato intacto.
El Laboratorio Gallego
El accidente de Angrois es una herida política de primera magnitud en Galicia. Desde 2013, el caso ha obligado a la clase política gallega a medirse en un terreno incómodo: la seguridad ferroviaria no la decide la Xunta, sino el Estado. Las infraestructuras ferroviarias, su estado, su señalización y sus sistemas de control dependen de Adif y del Ministerio de Transportes. Por eso, cada capítulo judicial del accidente coloca a las instituciones gallegas en una posición singular: las víctimas y la opinión pública se movilizan en Santiago, pero la decisión se toma en Madrid.
Ese desajuste territorial explica por qué el indulto se ha convertido en un asunto de política nacional. La concesión de la medida de gracia corresponde al Consejo de Ministros, no a ningún órgano autonómico. La valoración de la jueza y del fiscal recoge argumentos de equidad, pero la decisión final tendrá inevitablemente una lectura política: qué mensaje se envía sobre los accidentes ferroviarios, sobre la responsabilidad de los administradores de infraestructuras y sobre el equilibrio entre la reinserción y la memoria de las víctimas.
La proyección es clara. Si el Gobierno concede el indulto total, el caso cerrará su capítulo penal sin que ningún responsable de la infraestructura haya ingresado en prisión. Eso reabrirá el debate, no solo en Galicia, sino en toda España, sobre si el sistema ferroviario ha aprendido las lecciones de Angrois. La decisión puede llegar en los próximos meses, y con ella, una nueva oportunidad para que el Congreso y el Ministerio de Transportes expliquen qué cambió desde aquel 24 de julio de 2013.
El modelo funciona. Eso es lo incómodo. Galicia actuó como un ángulo muerto en el mapa ferroviario español durante años, y el accidente destapó carencias que podían reproducirse en otros puntos de la red convencional. La pregunta no es solo gallega. Es nacional.
Ficha del Caso
- El caso: El maquinista del Alvia, Francisco Garzón Amo, fue condenado a dos años y seis meses de prisión por 79 homicidios y 143 lesiones por imprudencia grave tras el descarrilamiento de Angrois en 2013.
- Datos importantes: Auto de 7 de septiembre de 2026; informe favorable al indulto total y, subsidiariamente, al perdón de la condena que excede de dos años; fiscal jefe de Santiago apoya el indulto parcial.
- Resumen: La decisión final corresponde al Gobierno y reabre el debate nacional sobre la responsabilidad de Adif y la seguridad ferroviaria en la red convencional.
